Doy continúo con el tema iniciado la semana pasada en donde le comentaba que las elecciones de este año están regidas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), asimismo le ofrecí tratar de trasmitir el espíritu de las reformas llevadas a cabo en este Código después de su aprobación por el Constituyente Permanente (las dos cámaras, como Cámara de origen la de Senadores y revisora la de Diputados y luego enviada a los congresos de los estados).
El nuevo Cofipe fue publicado en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 2007, se promulga el 14 de enero de 2008 y entró en vigor el día siguiente.
Considero que lo que campeó en el ánimo de los legisladores para realizar estas reformas fue la certidumbre, desde diversas ópticas, de que el Cofipe no era equitativo para los partidos y que privilegiaba a los poderes fácticos, los cuales manejaban de tal manera la publicidad y los dineros que podían impulsar a un candidato en detrimento de los demás para imponerlo en cualquiera de los puestos sujetos a votación, lo que hasta la fecha sigo escuchando, por lo cual no me queda claro la evaluación de estas reformas que buscaban, entre otras cosas, controlar a través de la legislación a los medios de comunicación electrónicos, de los cuales se dijo se llevaban el 80% o más del presupuesto entregado a los partidos, y aún más, sobre todo los apoyos que conseguían entre particulares, o bien en especie, lo cual no manifestaban, y por las complicidades era muy difícil de detectar o bien de castigar.
A la fecha se entregan los tiempos oficiales para que ese gasto no se lleve a cabo, pero creo que ahora, de acuerdo a las últimas informaciones, se paga a través de facturación indirecta, ya sea de empresas, estados o municipios, para que sea por medio de noticieros o comentarios como se promueva la imagen de los candidatos, y más aún el ataque a otros de manera sutil o abierta para buscar desprestigiarlos; por esto creo que la mejor manera es que en lugar de implementar tantos controles, que al final, desde mi punto de vista, no son efectivos, se aplique la ley puntualmente y el disimulo deje de actuar.
El gran problema es saber quién hace estas acciones disfrazadas. Otra de las vertientes que se discutieron fue la civilidad sobre cómo deben de conducirse los candidatos en el contenido de sus mensajes, y que estos deberán ser apegados a verdades que se puedan comprobar en caso de que sean señalamientos a los otros candidatos y no suposiciones tanto de los candidatos como de los partidos políticos.
Se dio la facultad al IFE, como una institución apartidista y autónoma, de administrar los tiempos oficiales para la difusión de las campañas institucionales de las autoridades electorales (federales y locales), y en el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos fuera del período de precampañas y campañas; esto con la finalidad de evitar que los gobiernos federal, estatal o municipal, en alguna región manipulara los tiempos o dinero, y sobre todo que las cámaras, tanto de senadores o diputados donde están representados, más los partidos que la sociedad, no presionaran para darle inequidad a la administración de estos recursos.
Se creó el Comité de Radio y Televisión como el órgano encargado de conocer y aprobar las pautas de trasmisión correspondientes a los programas y mensajes de los partidos políticos (formuladas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos). Su responsabilidad es realizar los monitoreos de radio y televisión, y garantizar que esta prerrogativa sea otorgada de manera imparcial y equitativa en los ámbitos federal y local. Esto con la finalidad de que no sean aquellos a los que se quiere controlar en su injerencia en los procesos los que estuvieran haciendo este tipo de acciones que antes así era.
Debido a esto, también en esta reforma se prohibió a los partidos políticos contratar propaganda político-electoral en radio y televisión; esto se extiende a cualquier persona física, moral, candidatos o precandidatos a cargos de elección popular, dirigentes y afiliados a un partido político, así como a ciudadanos en general. Lo anterior para terminar con la simulación que era común en este tipo de contrataciones, aunque me quedan muchas dudas sobre si realmente se ha logrado el objetivo, pues vemos inversiones y coberturas verdaderamente escandalosas de algunos candidatos, y el ataque desmedido a otros en comentarios sin sustento, pero en fin, ese era el espíritu de la reforma.
Otras de las acciones de esta reforma fueron la remoción de varios consejeros electorales, incluyendo al presidente, a lo cual siempre me opuse pues era como si los jugadores (los partidos) pusieran al árbitro, vulnerándose la autonomía del instituto. Siempre voté en contra de esta acción. También se hicieron cambios a la estructura burocrática del Instituto; se prohibió la utilización de la imagen de los candidatos políticos al trasmitir información gubernamental de cualquiera de los tres niveles; se adecuó la forma de calcular los recursos de financiamiento público a los partidos (por eso les da pavor perder el registro).
Durante las discusiones permeó la idea de que deberíamos reconocer los errores y las consecuencias no previstas en el Cofipe aprobado en 1996, el cual no definía las precampañas electorales tanto en tiempo como en esencia, así como las herramientas para fiscalizar los gastos de estos procesos. Se buscó que a raíz de los sucesos postelectorales de 2006 se tuviera en el Cofipe más control en los procesos electorales al dar los resultados y sus auditorías de las regiones.
Se habló también de que el tiempo de las campañas era demasiado largo, y así fue que se recortaron; ahora se habla de que es insuficiente y la sociedad dice que ya está hasta la coronilla. Debemos de analizar esto. Se fortaleció la autoridad del IFE para que cuando a su criterio alguna propaganda está fuera de la ley puede cancelarla de inmediato y multar al partido que infringió la ley.
Se prohibió a organizaciones gremiales, o con objeto social diferente al político, que intervengan en el proceso de creación de partidos políticos; no sé si el PANAL ha cumplido con este requisito.
Pues así, estimado lector, esto que hoy le transmito es una vista rápida de las modificaciones al Cofipe, que por supuesto son muchas más, pero espero, si tenemos oportunidad y a la vista del término de esta contienda electoral, poderla analizar junto con usted, ya que es muy interesante el corroborar qué tanto se está cumpliendo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues sin duda que nuestro país requiere tener un adelanto en su sistema democrático, para ello deber registrarse un decisivo y radical avance en sus leyes y códigos y no ser sólo engañosas promesas.
