El debate entre los presidenciables en México dejó a varios aún más confundidos y, a la enorme mayoría, todavía más al margen de tan importante transición política que se avecina en julio. Por una parte, con la estrategia que en los tiempos del autoritarismo se hubiese definido como cono de silencio, el grupo que ha monopolizado el poder político mexicano, desde hace tres décadas, logró mantener al proceso electoral fuera de la mira de las mayorías.
Beneficiado con una concesión de televisión abierta, el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se mofó abiertamente de la inteligencia del pueblo de México al afirmar que su cadena de televisión transmitiría un partido de futbol por tener este mayor rating -valor que determina la proporción de personas de una población expuestas a cierto medio de difusión- que el debate. A través de la programación, generada con criterios comerciales y nunca sociales, las dos cadenas que dominan el mercado utilizan el espectro electromagnético que les fue concesionado por el Estado y han lucrado con la progresiva eliminación de contenidos con valor comunitario, cultural o de participación social.
A través de sólo cuatro canales de televisión -canal 2 y 5 de Televisa y canales 7 y 13 de Televisión Azteca- la participación de audiencia en el horario estelar de lunes a viernes del oligopolio televisivo se estima en 94.8 por ciento; 65.4 por ciento y 29.4 por ciento, respectivamente, conforme a datos calculados a partir de Presentación TvAzteca 2010 y http://www.lamac.org/mexico/comunicados. El poder comunicador del Estado Mexicano ha sido cedido a ambos consorcios privados de forma descarada, dejando sólo dos posibles razones por haberlo hecho: por tontos o por abusivos. La cuestión es que, tratándose de un bien eminentemente público, el derecho de uso del espacio para la transmisión de contenidos ha evidenciado un abyecto intercambio de favores para que tanto unos, los concesionarios, como los otros, el grupo político que
concesionó, lucren, de una u otra manera, con ello.
En cualquiera de los casos, el tratamiento que con esta perversa coalición se da a nuestra población es sólo en su carácter de consumidores y no como ciudadanos. Con ello, el Gobierno concesionario y los dueños del oligopolio atentan contra los más elementales derechos humanos que se consagran en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, la misma fuerza que tienen para manipular a la opinión pública les otorga la coraza de protección que logran con la mansedumbre y ciega cooperación de la población domada. El principal beneficiario ha sido, nuevamente, el grupo en el poder, que enmascarado como PAN, hace todo lo posible para proteger a su candidato para mantener ocultos y a salvo sus grandes negocios y ofreciendo cumplir con migajas a una población acallada, cegada, empobrecida.
El más reciente caso de esta patética y perturbadora situación se dio este domingo, en el marco del debate entre los candidatos presidenciales. Una ínfima parte de la población, aproximadamente 50 mil direcciones electrónicas distintas, accedió al debate a través de Internet. Otra parte, aún sin una cifra estimada de radioescuchas, pudo seguir a los contendientes a través de las estaciones de radio, en un día y horario en el cual, generalmente, es muy reducida la audiencia. La mayor parte de los 79 millones de personas, que integran la lista nominal de electores que están siendo llamados a votar por alguno de los cuatro candidatos presidenciales este primero de julio, ni los vieron ni los oyeron. Es más, aún los que en las redes sociales pudieron intercambiar opiniones respecto al debate, al final de éste discutían más sobre el escote y entallado vestido de la edecán que acerca de lo que dijeron los candidatos.
Sólo a algunos resulta evidente la perversa confabulación lograda por el grupo que se adueñó del Gobierno. Se combinó un debate empobrecido por el propio organizador –el Instituto Federal Electoral- con el cono tradicional de silencio que se ha logrado gracias a las televisoras, que con esto se asegurarían otros seis años de pingües ganancias a costa de millones de mexicanos convertidos en consumidores compulsivos de los espejos y lentejuelas ofrecidos a través de sus pantallas.
Finalizado el primer tercio de esta “in-justa” electoral sólo un candidato hizo patente la falla que desde sus entrañas agobia a nuestro país: la existencia de un grupo que maniata y controla para no dejar ver que sí hay soluciones para todos nuestros problemas. Sólo esta opción opositora, y el propio grupo montado sobre el poder, saben que, para que México encuentre de nuevo su ruta de desarrollo, es necesario desmantelar esa confabulación de unos cuantos en detrimento de los demás. Quitar a ese 1 por ciento no sólo es labor de los mexicanos. En mayor o menor medida, en todo el mundo se hace evidente esta dictadura de la minoría. Sólo que, mientras controlen los medios de comunicación masiva, la lucha para erradicar la injusticia se tendrá que dar en las calles, de casa en casa y de boca en boca. El despertar y la adquisición de conciencia ciudadana no serán fáciles ni de inmediato, pero son absolutamente necesarios. De aquí al próximo debate, el 10 de julio, en este segundo tercio, como en la fiesta brava, habrá que doblegar –desenmascarando- a ese ente grupal adueñado de los poderes fácticos. Y eso es labor de todos los que deseamos un México mejor, en un mundo más justo y equitativo, que sí es posible.
Twitter: @josgutie
