No por anunciada resultó llamativa la “expropiación” del 51% de las acciones de la empresa Yacimientos Petroleros Fiscales S.A. (YPF), filial de la empresa española Repsol. Lo interesante no está sólo en la forma, sino en lo que tendrá de implicaciones internas y externas, la dirección que tome la economía argentina en los próximos meses y años, como algunos analistas han comentado.
Sin embargo, para tener un poco de más claridad (o tal vez mayor confusión sobre las razones y el destino de la empresa energética), habría que recurrir a lo que sucedió unos días antes de esta decisión y quienes parecen estar participando en ello.
El inicio del problema parece estar en la política de privatizaciones que llevaron a cabo los diferentes gobiernos argentinos desde la presidencia de Carlos Saúl Menem en 1992, año en que YPF pasó de ser una empresa estatal a una Sociedad Anónima. Esto no fue casual y respondió a una tendencia vivida en toda América Latina, que incluso fue apoyada tanto por la actual presidenta como por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, a la sazón, diputada y gobernador, respectivamente, de la provincia de Santa Cruz, que se ubica al sur de Argentina.
Poco a poco la empresa Repsol, de la cual es socia, con un 10% de las acciones de Pemex, se fue haciendo con el control de YPF hasta llegar a tener el 57.43% de la misma, quedando el 42.57% restante distribuido en manos del grupo Peterson, concretamente de Petersen Energía, de la familia Eskenazi, quien mantuvo el 25.46%, el gobierno argentino y las provincias petroleras el 0.02%, y el 17.09%, en lo que técnicamente se llama free float (capital social que cotiza en bolsa).
El problema en sí mismo parece venir desde mediados de enero de 2012 cuando el gobierno argentino anunció que investigaba a las principales empresas energéticas: Repsol (española), Shell (anglo-holandesa), Esso (norteamericana) y Petrobras (Brasil), de lo que denominó como “abuso de posición dominante” en el mercado del gasóleo, lo que generaba (cito textualmente) “una grave distorsión” de los precios que afectaba al transporte público que compraba este energético subsidiado. La queja era sobre todas las compañías mencionadas, pero como YPF concentraba la mayor parte del mercado (69%), resultaba, a juicio del gobierno, la más beneficiada y, en consecuencia, la que mayor distorsión generaba.
¿Qué llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a tomar esta decisión hasta el mes de abril y no cuatro meses antes? es la pregunta que nos hacemos varios analistas. La respuesta habría que buscarla, según algunos, en la necesidad de dar un tiempo prudencial al proceso negociador para hacer que se ajustaran los precios de los carburantes; sin embargo, otros más suspicaces, entre los cuales se encuentra el que esto suscribe, consideramos que habría que visualizarla en un contexto más general que puede ir desde una política nacionalista, hasta un capricho o negocio turbio del gobierno actual argentino. Lo primero marcaría un nuevo rumbo en los destinos del gobierno que, como dice en su discurso oficialista, busca conseguir un Estado fuerte, con el control estatal de sus recursos naturales y la recuperación de ciertos sectores estratégicos en el que se enmarcarían también, en un futuro, las líneas aéreas argentinas, actualmente también en manos españolas, así como en los reclamos nacionalistas de antaño, como es el caso del rechazo a las imposiciones de política económica del Fondo Monetario Internacional, o el de la soberanía sobre las islas Malvinas. Si así fuera sería una posición interesante de la nueva política argentina, cuya conveniencia coyuntural a futuro se podría debatir e incluso apoyar como una alternativa a las tendencias neoliberales que prevalecen en esta parte del mundo.
Pero, la otra opción es que sea un intento de búsqueda de mayor aceptación popular, una vuelta al populismo tradicional latinoamericano de los años sesenta y setenta, así como alguno que otro desplante personal o de interés económico por parte de algunos miembros del gobierno en la que estaría involucrada la presidenta Cristina Fernández. Y es que si bien, la primera mandataria argentina ya había avisado de esta posibilidad, es interesante observar que la decisión se toma: 1) casi 26 días después de que el directorio de YPF acordara aumentar el capital social de la empresa, lo cual se llevaría a cabo el día 25 de abril, lo que sin duda pondría en riesgo el control de este sector tan importante para la economía del país, y 19 días después de que se anunciara el descubrimiento de nuevos yacimientos que generarían una producción de más mil quinientos barriles diarios, que seguramente incrementaría el valor de las acciones y donde las ganancias se irían hacia la empresa española; 2) con una participación importante del ministro de Planificación, Julio de Vido, hombre que, de acuerdo a la información de la prensa argentina, fue denunciado en 2005 por el ex ministro de economía Roberto Lavagna, por “asociación delictuosa” debido a ciertos negocios de la familia Kirchner, de su banquero favorito, Enrique Eskenazi (grupo Petersen), y el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, entre otros; y 3) después del regreso de la Primera Mandataria argentina de la Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena, Colombia, donde no obtuvo el apoyo esperado para la reivindicación de las Islas Malvinas, lo cual, de acuerdo a algunos, la llevaría a dar un golpe de efecto espectacular para recuperar su popularidad y liderazgo.
Ahora bien, independientemente de cuáles hayan sido las razones reales para la toma de esa decisión, es muy probable que el gobierno argentino tenga que enfrentar presiones internacionales, cuyas repercusiones pueden ser importantes para el futuro de la economía de ese país.
Una de las presiones importantes, desde el punto de vista político, será tanto de España, como de la Unión Europea en su conjunto, que tiene muchos intereses y de quien depende la mayor parte de sus exportaciones ese país sudamericano y recordemos que si bien para las empresas españolas este no es el primer incidente “expropiatorio”, ya que vivió algo similar con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, Argentina representa no sólo un gran aliado político, sino un mercado importante para sus negocios en este continente.
Otros países que, sin duda alguna, no ven con buenos ojos la expropiación son Estados Unidos y México. Para aquel porque no está de acuerdo con el surgimiento de políticas nacionalistas que no favorezcan el libre mercado y pudieran poner en riesgo sus intereses en la región. Para México, porque no estará dispuesto a perder el porcentaje de inversión que le corresponde de las acciones que tiene en Repsol, y existen nexos de amistad ideológica estrecha entre el Partido Acción Nacional con el Partido Popular, actualmente en el poder en España.
Otra presión vendrá de las empresas internacionales que no verán en Argentina, un país que les ofrezca certidumbre jurídica a sus inversiones, tanto por esta medida, como por el discurso oficial que estos días ha manejado en estos momentos su Gobierno, lo que significará una reducción de la inversión extranjera directa que reciba tanto para su desarrollo interno, como para el futuro de su extracción energética, que con esta política asume como elemento central de su financiamiento el Estado. Y no hace falta recordar que gran parte de la estabilidad económica de ese país se debió, en gran medida, a la creciente inversión extranjera que recibió sobre todo en los últimos cinco años.
Es incierto hasta este momento visualizar con claridad lo que sucederá con Argentina y el gobierno de Cristina Fernández pero, sin duda, habrá que seguir muy de cerca los pasos que dé en materia económica para conocer su rumbo político-económico, pero sobre todo el destino de un pueblo que confía en su gobierno y, si bien quiere, como todos, ver una luz de esperanza en su futuro, no se merece ni los errores que se cometan, ni que los lleven a una de tantas crisis económicas por las que ya ha pasado a partir de medidas populistas arbitrarias que responden a criterios de negocios privados y no de una política nacionalista consistente y coherente.
