Como decreto cumplido al morir Facundo Cabral no fue de aquí ni de allá. Sin menospreciar el afecto que el pueblo mexicano le tuvo al cantautor, resulta difícil de justificar por qué decidió nuestro gobierno el pago de dos millones de pesos utilizando un avión de la fuerza aérea mexicana para trasladar a su tierra el cuerpo del argentino, habiendo sido abatido en suelo guatemalteco. Porque pudo, es la sencilla y lapidaria respuesta. Si de cualquier forma no se acostumbra rendir cuentas sobre el manejo del erario, razón suficiente es el cariño hacia Facundo como pretexto para echar otra cortina de humo a los ojos del pueblo.
Dos millones puede ser una bicoca para el presupuesto de la Presidencia; además, el avión ya estaba allí, parado en el hangar. El desplante de bonhomía y solidaridad con el cantante –que ya no podrá agradecerlo- resultó muy barato en términos del costo publicitario que tendría la cobertura mediática. Total, bien adormecida con esta dosis de sentimentalismo, a la gente no se le va a ocurrir que con ese dinero pudieron pagarse muchas otras cosas.
Pero surge una duda: cuando alguien paga por un bien o servicio, ¿Por qué razón lo hace? Son múltiples las razones que mueven a las personas a realizar desembolsos espontáneos: necesidad, agradecimiento, gusto, lealtad, silencio, deuda, culpa…. Guatemala, país donde se realizó el crimen, cuyas fuerzas de seguridad fueron incapaces de detener al comando asesino, no dijo ni ‘esta boca es mía’ para ofrecer el pago de boleto normal de traslado en alguna línea de aviación. Argentina, patria del querido cantante -que si bien vivió muchos años fuera de sus fronteras, difundió por todo el orbe la cultura del país de las pampas- no ofreció pagar por el retorno del hijo pródigo. Pagó México y, además en avión de la fuerza aérea ocupando para ello personal diplomático, de seguridad y de la Presidencia.
Apenas unas horas después del asesinato en que salió herido y no muerto quien supuestamente era l blanco del ataque, el empresario nicaragüense Henry Aquiles Fariñas, el presidente guatemalteco, Álvaro Colom afirmó que “es evidente que el atentado viene del crimen organizado y se está en esa línea de investigación”. Por otra parte, informó en ese momento que un avión privado se encontraba ya en Guatemala para trasladar a Argentina el cuerpo de Cabral, asegurando después que su gobierno estaba dispuesto a recibir cualquier ayuda internacional para esclarecer el asesinato.
Por su parte, la premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú -candidata presidencial de una coalición de izquierdas para las elecciones del 11 de septiembre próximo- comentó a una radiodifusora argentina que el crimen de Cabral “tiene muchas interpretaciones”. “Hay que abrir muchas hipótesis”, dijo, sin remitirse únicamente a las versiones oficiales. Según ella, la realidad de Guatemala, “es durísima y dolorosa” y denunció que “el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción van juntos”. La impunidad y el poder también parecen ir de la mano, pero tal vez no sólo sea así en Guatemala.
Surge sin querer, por esta cosa de las casualidades, que nada tienen de sincronía ni serendipia, que en esta misma semana alguien más pagó por algo de manera espontánea. Resulta que parece ser que los policías ahora se van a entrenar haciendo telenovelas. La inversión por el equivalente de diez millones de dólares que hizo la Secretaría de Seguridad Pública al comprar los próximos 13 capítulos de la telenovela “El Equipo” –que por ello, ya no se transmitirán- debe también tener sus propios motivos, pero tal vez no sea sólo darse el gusto.
Otra vez, sin explicaciones que deben acompañar las decisiones de funcionarios públicos que manejan el dinero del pueblo, se paga por algo. Tal vez tenga que ver con lo que dijo mi querida Rigoberta, aplicándose a la novela que ya reflejaba ciertas realidades sobre el crimen organizado y la corrupción.
La transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría social son tres ejes básicos de un estado de derecho que es indispensable para la certidumbre sociopolítica y seguridad pública. Si no van juntas, no puede haber garantías para el ejercicio de la ciudadanía económica, como tampoco para la existencia de una ciudadanía integral. A falta de ellas, hay quienes pretenden impulsar al estado autoritario y represor como el que se vislumbra en las reformas a la Ley de Seguridad Pública. Si por un lado, el pueblo desde aquí, exige un marco jurídico que garantice la existencia de estos tres ejes, por el otro, allá, debe haber gobernantes que atiendan su ejercicio y fomenten su cumplimiento. Hay sin embargo quienes no están aquí ni están allá.
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