- No es un secreto que los militares deben estar en sus cuarteles, pero están en las calles por la incapacidad de las policías locales: Camarillo
- La CIDH ha dispuesto que los militares deben ser juzgados bajo las leyes civiles.
- Los militares no confían en los tribunales civiles por los muchos casos de corrupción en que se han involucrado.
Es de suma importancia que de llevarse a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, los diputados federales analicen detenida y cuidadosamente la Ley de seguridad nacional que presentará el Ejecutivo federal, ya que el proyecto inicial de dicha Ley confiere las facultades al Ejecutivo federal para conseguir la suspensión de garantías sin la aprobación del congreso, siendo en todo el país o en un lugar determinado, señala el jurista Jesús Díaz de León Vargas.
Lo anterior intenta contravenir al articulo 29 de la CPEUM, que nos dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz publica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarias de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado…
Por lo anterior se pone de manifiesto que, de darse dicha la suspensión de las garantías en el país o en cualquier parte del territorio, inmediatamente la intervención del ejercito mexicano se llevará a cabo, por lo que es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retome el estudio de si la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.
El análisis de este asunto implica discutir la validez del fuero militar, pues la sentencia de la CIDH dispone que los militares acusados de violación de derechos humanos de civiles sean juzgado en el fuero civil y no en la jurisdicción de guerra, ordenando a diversas autoridades entre ellas al poder judicial de la federación a tomar las medidas correspondientes para garantizarlo, “tenemos la esperanza de que la autoridad judicial resuelva definitivamente sobre la autoridad militar, ya que ha habido infinidad de pronunciamientos, tanto de legisladores, juristas, ONG´s y actores políticos, en el sentido de que sean juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar”.
Por otra parte el senador de la República, Rubén Camarillo vertió su punto de vista en relación al tema de la Ley de seguridad nacional, manifestando que es de suma importancia el reglamentar de una vez por todas la actuación del ejercito cuando esta realizando labores de seguridad pública “para nadie es un secreto que el ejercito debería estar en sus cuarteles, pero si el ejercito se encuentra en las calles, no es por su propia iniciativa, el ejercito está en las calles por la incapacidad de las policías estatales y de las policías municipales”.
Esta incapacidad que menciona el senador ha sido por que las policías estatales y municipales han sido penetradas “la presencia de los militares se dio también porque las policías locales no son confiables”, de modo que en el momento que se construyan policías de verdadera confianza, en ese momento el ejercito tiene que regresar a sus cuarteles, “tengo muy en cuenta que el ejercito no fue concebido para estar en las calles”, pero dada la coyuntura en que la sociedad se mantiene en una indefensión, es la razón por la que el ejercito el ejercito ha salido a vigilar en las calles, ya que considera que el crimen organizado es una seria amenaza a la seguridad nacional, por lo que se justifica la presencia de los militares en las calles”.
El tema de los derechos humanos es algo que procuraran cuidar con mucho detalle en cuanto a la discusión y posible aprobación de esta Ley “personalmente estoy ligado a un proyecto en defensa de los derechos humanos, que de hecho tendremos en próximos días una audiencia con diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos”, lugar en donde habrán de posicionar de manera contundente, que aunque se reglamente este tema del ejercito, el tema de los derechos humanos siempre estará por encima de la iniciativa misma “ no puede justificarse bajo ninguna circunstancia que el ejercito o cualquier otra fuerza no tenga el respeto irrestricto por los derechos humanos”.
Lo que no se puede justificar es que haya atropellos a derechos humanos en la búsqueda de la seguridad “si algún militar atropella los derechos de los civiles, tendrá que pagarlo”, por lo que deben de darse a la vez los equilibrios correspondientes, de modo que se va a otorgar la facultad, pero también tiene que darse el control, ya que en nombre de la seguridad pueden cometerse graves atropellos a las garantías individuales.
El defensor de los derechos humanos en el estado, Omar Williams López Ovalle considera muy difícil el que pueda surgir una ley en estos momentos, esto por los grandes conflictos que existen en el legislativo federal, pero con relación a la ley de seguridad nacional, considera que existen los mecanismos en cuanto a la defensa de los derechos humanos que deben de trabajarse, por un brindando una mayor seguridad jurídica al ejercito a través de esta ley, regulando los estados de excepción, ya que no existe la forma de dar seguimiento a los procedimientos, lo que pone de manifiesto las inconsistencias de la ley.
Considera que existe una fuerte presión por parte de organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional con relación a la petición de que los militares sean juzgados mediante los tribunales civiles y no con los propios con que cuentan los militares, “la Suprema Corte de Justicia ha dicho que cuando sean militares en retiro los que cometan tropelías a las garantías de los ciudadanos o cometan algún delito, sean juzgados en tribunales civiles”, de modo que el debate a nivel nacional es que se perdería la disciplina si todos los asuntos son llevados ante las autoridades civiles, habiendo un tercer elemento, que se refiere a que los militares no le tienen confianza a las autoridades civiles derivado de los muchos ejemplos de corrupción que se han venido dando entre los tribunales del fuero civil.
En cuanto a los estados de excepción menciona que hay estados de excepción de facto, principalmente en las entidades federativas del norte del país, lugares donde quien manda es la delincuencia y no las autoridades civiles, hecho que es una realidad, señalando que no se tiene claro el cómo se van a suspender las garantías en ciertos lugares o territorios del país.
