Las enormes vicisitudes de inseguridad que atraviesa nuestro país no sólo son resultado de una descoordinación en la política en el combate a las mafias de la mal llamada “delincuencia organizada” si no que a su vez es un problema de descomposición social, de corrupción, de la falta de atención a los parámetros de una mejor calidad de vida, en suma de una nula previsión no sólo gubernamental, sino de nuestra sociedad. Derivado de todo esto, tenemos comunidades con amplios y complejos problemas de desintegración, que van desde lo más simple a lo más complicado. Vivimos una época trágica en la historia del país, con una especie de revolución interna que no vislumbramos desde esa perspectiva pero que al ritmo que va podría cobrar tantas vidas como cualquier conflicto civil interno podría hacerlo.
Colombia es un buen espejo de nuestra sociedad, sufrió los problemas que ahora vivimos hace algunos años, dieron cuenta de ello cintas de carácter internacional que obtuvieron varios premios pero que además son excelentes obras de arte, menciono sólo cuatro de gusto muy personal: Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005) La virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 2000) La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998) y Rodrigo D: no futuro (Víctor Gaviria, 1990). Estas dos últimas, se distinguen por su mezcla macabra entre la realidad y la ficción, en ambos casos la mayoría de sus protagonistas no eran actores profesionales, sino ciudadanos extraídos de las circunstancias más complejas de la violenta Colombia, en una y otra fallecieron por asesinatos relacionados con la mafia o terminaron en la cárcel. Es importante retomar estos casos para analizar qué hizo Colombia y hacia dónde debe ir nuestro país: la participación social. Y es que esbozar una posible solución no es fácil, incluso el intento de establecer parámetros es complejo, porque los mismos atraviesan por una serie de factores que van desde lo económico a lo moral, pasando por cuestiones ideológicas y políticas. Pese a ello, existen algunos mecanismos que permiten plantear bases que den una piedra angular para dotar al país de un sustento que posibilite salir de la crísis, que por cierto, podríamos calificarla como la más grave que hemos tenido en el México moderno. Uno de los más importantes, y por ello la referencia al país sudamericano, es precisamente la participación de la sociedad. La intromisión de la comunidad en los asuntos generales de un estado forma parte de la denominada democracia participativa. México tiene importante vocación histórica de participación comunitaria, misma que emana desde la España de la reconquista y la figura del municipio (como lo hizo notorio don Torivio Esquivel Obregón). En los años recientes me parece que los antecedentes más inmediatos surgen de la respuesta que se da a las inquietudes de los jóvenes de la generación de 1968, sobretodo mediante la reforma política del gran estadista don Jesús Reyes Heroles y de las modificaciones que a partir de 1990 crean figuras trascendentales en la vida democrática del país (IFE, una auténtica Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto la llamada contraloría social). Todo esto aderezado con el despertar que sufrió la sociedad mexicana con el terremoto de 1985. Enfrentamos ahora una nueva etapa en la que la comunidad retoma su papel en la vida pública, desafortunadamente y de nueva cuenta, a raíz de la desgracia que azota a una nación.
Para tratar una parte de la participación social, la semana pasada (del 27 al 29 de julio) se llevó a cabo la 4ta Reunión Nacional de Contraloría Social que precisamente abordó el tema de los 20 años de la misma. Esta figura nació jurídicamente con la finalidad de dar sustento a los ciudadanos que tenían intención de dar seguimiento y vigilancia a programas gubernamentales (en especial de aquellos de obra pública y de combate a la pobreza). Para recapitular estas dos décadas de funcionamiento, se escucharon una serie de propuestas y experiencias, sobretodo de comités e integrantes de observatorios ciudadanos. Sobretodo destacó la participación de una representante de la asociación Cómo vamos Cartagena, que hizo énfasis en la forma en que la ciudadanía puede contribuir a mejorar las políticas públicas. La reunión arrojó un manifiesto que permite sentar las bases de lo que es y será la contraloría social en el país.
La contraloría social como un mecanismo ideado a través de la Ley General de Desarrollo Social es hoy en día una herramienta más que nace desde el Estado, pero a la par existen muchas iniciativas que surgen de la organización de la sociedad civil. Es fundamental que esta clase de articulación se fomente e incentive, pero con requisitos muy claros para evitar que deforme en politiquería, no caben en estos esquemas grupúsculos que buscan el poder o que usan su representación para obtener una despensa o cualquier otra clase de prebenda, la organización debe partir de una objetividad, privacidad, pero sobretodo tiene que ser crítica, pero en el sentido constructivo que señala Giovanny Sartori en su clásico Qué es la democracia, como acotó el subsecretario de la Secretaría de la Función Pública Rafael Morgan, necesitamos una sociedad que pase de la protesta a la propuesta, en tanto no se madure como comunidad, nuestra estado en general seguirá padeciendo una enfermedad que a veces se vislumbra crónica.
