- La LX legislatura tuvo seis temas que causaron polémica y fue enmendada por el Poder Judicial
La legislatura que recién concluyó en Aguascalientes aseguró haber superado a su antecesora en el desahogo de asuntos pendientes y en la cartera que heredará a la siguiente.
En ella, sin embargo, hay pendientes muy importantes que incluso tienen plazos para cumplirse o ya vencidos o cuyas resoluciones afectan a otros poderes.
También tuvo en sus manos temas polémicos, de todos los cuales La Jornada Aguascalientes hace un recuento a continuación.
1. Reforma al Sistema de Justicia Penal
A seis años de que entre en vigor totalmente la reforma que introduce convierte en acusatorio y adversarial el sistema de justicia penal en el país y las entidades, el Congreso no ha aprobado aún las reformas Constitucionales y legales que corresponden.
El único avance que ha tenido es la aprobación de la Ley para la Implementación de dicho sistema y su participación en la comisión estatal implementadora junto con los otros dos poderes, el ministerio público y las autoridades de educación superior.
2. Persecución del Narcomenudeo
Pese a que el plazo para reformar la Legislación Penal y la Ley de Salud para introducir el narcomenudeo como delito del fuero común y establecer el tratamiento en lugar de la cárcel para aquellos narcomenudistas adictos venció el 22 de agosto, las iniciativas que se presentaron en ese sentido quedaron en la cartera.
“Los estados no están preparados en términos de los recursos, en término de instalaciones –en el caso del sector salud-, como tampoco lo están los agentes del ministerio público y los funcionarios del Poder Judicial”, justificó Fernando Palomino, coordinador parlamentario del PRI, sobre la decisión que se tomó el 19 de agosto pasado.
El día 3 de ese mismo mes, las comisiones de justicia y salud se reunieron con abogados especialistas, quienes señalaron a los diputados que este trabajo tenían que haberlo hecho desde hace un año, pues el decreto publicado el 20 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
3. Reforma estructural del Poder Judicial
La reforma a la estructura actual del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Estatal también quedó pendiente por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas, aun cuando fue propuesta por la mayoría del PRI.
Originalmente, se quería que los consejeros de la judicatura que no pertenecen al Poder Judicial; es decir, los representantes del Congreso y el ejecutivo, cobraran el mismo sueldo que un juez de primera instancia, se introducían los principios del nuevo Sistema de Justicia y se fusionaban los tribunales de lo Contencioso Administrativo y Electoral en una nueva sala.
Ya modificado, el dictamen fue devuelto a comisiones a fin de que la nueva administración estatal y le nueva legislatura acordaran la reforma de acuerdo con sus proyectos y el presupuesto que se dé al Supremo Tribunal de Justicia.
4. Dejó pendiente modernización de planta de tratamiento con FYPASA
En los meses de julio de 2009 y de 2010, el Congreso rechazó las solicitudes del gobierno del estado para firmar un convenio con la empresa FYPASA construcciones, que actualmente opera mediante contrato la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad y que en ambos casos contemplaba la apertura de otro crédito.
Se creó una comisión especial para investigar ese caso y del estudio que ordenó con especialistas se determinó que la planta tratadora sí desvía un caudal sin tratar al cauce del río Niágara y el agua tratada que produce no cumple con la Norma Oficial Mexicana que avala su consumo humano, agrícola e industrial.
Finalmente, el 30 de julio de este año el dictamen que no autorizaba al gobierno la transacción fue bajado del orden del día de la sesión porque la mitad de las comisiones dictaminadoras estaba en contra y la mitad a favor, pero la Ley Orgánica del Congreso no prevé un mecanismo de “desempate” en esos casos, de modo que el tema sigue pendiente.
Las cuentas públicas del gobierno arrojaron que “resultaba innecesario otorgar una concesión cuando la propia entidad gubernamental especializada en cuestiones relativas al agua (INAGUA) tiene la capacidad de operar dicha planta” y que por esta situación el estado erogó dos millones 923 mil 300 pesos sin necesidad en 2008.
5. Promulgación de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público
Tras aprobar la reforma constitucional que independizó al Ministerio Público del ejecutivo estatal y publicarla en el Periódico Oficial del Estado el 26 de julio de 2010, el Congreso se dio cinco meses para trabajar en la nueva Ley Orgánica de ese organismo, que a la fecha no tiene avance más allá de comentarios por parte de diversas autoridades de gobierno y educativas.
Los cambios incluían la institución de la carrera ministerial y los métodos de selección de funcionarios, entran en vigor el 1 de enero de 2011 y el plazo para la promulgación de la ley vencería a fines de diciembre.
La LX Legislatura también tuvo temas polémicos, como fueron la aprobación y vigilancia de la deuda, las cuentas públicas y tres iniciativas que situaron al estado en el plano nacional.
1. Autorizó más deuda sin aclarar la existente
Dos años después de que la LIX Legislatura permitiera al gobierno de Luis Armando Reynoso contratar un crédito de dos mil millones de pesos y a meses de que la bancada del PRI criticara durante la comparecencia del secretario de finanzas la falta de transparencia en la aplicación de ese recurso, la mayoría tricolor aprobó en el paquete económico local 2009 sumar 390 millones más a la deuda pública del estado y 300 millones a la capitalina.
Con el voto de PRI, PVEM y Convergencia, esa cantidad se destinaría a la tercera etapa del nuevo hospital Hidalgo, un CERESO de mínima seguridad, “ocho aduanas de acceso carretero tecnificadas” y la conclusión del paso a desnivel de las avenidas López Mateos y Convención 1914, que es el único que se logró en estos términos.
A la fecha, de esos proyectos se tiene una obra avanzada entre el 50 y 65 por ciento del nuevo nosocomio, la ampliación de una penitenciaría ya existente y dos aduanas todavía sin concluir, pero con un gasto más de 100 por ciento superior al proyectado y a inicios de 2010, durante la glosa del quinto informe de gobierno, los diputados este incumplimiento sin que se lograra aclarar nada.
Los secretarios de finanzas, obras públicas y seguridad pública difirieron en sus versiones sobre esos proyectos y el asunto quedó ahí.
2. Aprobó la Ley de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos, pero no dieron presupuesto
Uno de los logros más importantes de la LX Legislatura fue la aprobación en marzo de 2009 de la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a las personas solicitar ante las autoridades judiciales y de salud no ser sometida a tratamientos médicos para prolongar la vida en caso de padecer una enfermedad incurable y/o encontrarse en etapa terminal.
En abril siguiente, se avalaron reformas a la ley de salud que introdujeron los cuidados paliativos al catálogo de servicios del sector salud y se comenzó una pugna con el gobierno del estado para etiquetar seis millones de pesos a Cuidados Paliativos; sin embargo, el presupuesto de egresos de este año únicamente dio tres a ese fin.
Ni el ejecutivo ni el legislativo supieron explicar el incumplimiento de ese compromiso. El presidente de la comisión de salud, Martín Chávez culpó de ello a la comisión de vigilancia, que sin negar ni admitir la culpa respondió que el presupuesto de egresos con ese monto fue discutido, votado y aprobado por los 27 diputados.
Aunque hay cuando menos 150 pacientes adultos y dos niños que han acudido a asociaciones civiles para recibir esos cuidados, oficialmente sólo dos pacientes han utilizado la voluntad anticipada como lo marca esta ley.
3. Avaló irregularidades por más de 2 mil millones de pesos en revisión de cuenta pública
En octubre de 2009 la mayoría en el Congreso saliente, con dos votos en contra de Convergencia y PRD, aprobó la cuenta pública de gobierno del estado del primer semestre de 2007, a pesar de reflejar irregularidades por más de 937 millones 525 mil 233 pesos, mientras que desechó las del municipio capital, con 130 millones sin aclarar, por encima de la oposición del PAN que defendió a su ex alcalde Martín Orozco.
En julio del siguiente año, con un intento de albazo tras las elecciones y con la misma mecánica que la vez anterior, esa mayoría aprobó la cuenta pública de gobierno del año 2008, con irregularidades por mil 236 millones 828 mil 740 pesos y a diferencia del ejercicio anterior, también la del municipio capital que ya correspondía a la administración priísta de Gabriel Arellano.
Además de eso, La Jornada Aguascalientes tuvo acceso tanto a los informes de auditoría elaborados directamente por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) y al resumen que se presentó a la comisión de vigilancia, constatando que mientras originalmente se habían observado más de 26 millones de pesos a la capital, el resumen presentó poco más de 12 millones.
En 2009 y primer semestre de 2010, las cuentas de gobierno y el municipio capital igual fueron aprobadas, pero en esta ocasión la bancada del PAN dividió su voto tres a favor y seis en contra, por el pleito interno del partido con el gobernador.
Varios legisladores hablaron de alrededor de mil millones en gobierno, pero de los dictámenes sólo pudieron identificarse 62, en tanto que la capital tuvo más de 342 millones en los tres semestres revisados.
4. Emancipó al Ministerio Público del ejecutivo local
En marzo de 2010, la iniciativa de reforma constitucional del grupo parlamentario del PRI, propuesta desde 2003, de emancipar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo y el gobernador fue aprobada por unanimidad.
A partir de 2011, será un organismo público, autónomo e independiente funcional y administrativamente; el gobernador propondrá una terna de candidatos de entre los cuales el Congreso elegirá un fiscal que lo encabece.
La intención de la reforma fue, a decir de Roberto Padilla, su promotor, hacer más objetivo y ágil el trabajo del Ministerio Público al evitar que el nombramiento de su titular dependiera sólo del gobernador.
5. Pagó cuotas de partidos con titulares de órganos autónomos
Como es su facultad, el Congreso del estado eligió al Ombudsman local, a los 10 consejeros del Instituto Estatal Electoral y a los tres comisionados del Instituto de Transparencia de Aguascalientes con base en la identidad partidista de la mayoría legislativa.
El 29 de julio de 2009, el Congreso designó a Georgina Barkigia, Jimena Cano, Claudia Díaz de León, Dafne Domínguez y Oscar Hernández como consejeros propietarios del Instituto Estatal Electoral para el período 2010-2014.
La decisión fue impugnada con cinco recursos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y finalmente el 21 de octubre del año pasado declaró inelegibles a Jimena Cano Reyes y Oscar Ezequiel Hernández Valdés, a quienes durante el proceso con los diputados Jesús Martínez y Jaime Gallo, del PAN.
Fueron sustituidos Luis Fernando Landeros y Monserrat Mendoza. La conformación del Consejo General del IEE se identificó con tres consejeros afines al PRI, incluida la presidente, y dos de Acción Nacional.
En noviembre de 2009 ratificó al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Omar Williams López Ovalle, sin haber emitido una convocatoria aparte para los demás aspirantes y a pesar de la oposición de organizaciones civiles locales que incluso se manifestaron en la sesión donde se consumó la decisión.
Las bancadas del PRI y PAN avalaron este nombramiento hasta el 2014 y los amparos interpuestos nos prosperaron.
En septiembre de este año eligió a Cristina Díaz León, Ángel Hernández arias y María Elena Martínez López como nuevos comisionados del Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA) que fungirán también hasta 2014, dos identificados con el PRI y una con el PAN.
La elección todavía no es dejada en firme por la justicia federal, ante la que los ex comisionados Jorge Doring, Octavio López y Emilio López presentaron cuatro de los cinco amparos que se han podido confirmar a la fecha y uno de los cuales ya fue resuelto en contra del Congreso, sin afectar la selección.
6. Fue enmendada por el Poder Judicial Federal
La comisión de justicia negó tres veces a la magistrada María de los Ángeles Viguerías Guzmán su reelección en el Poder Judicial local, que había solicitado desde 2008, hasta que el juzgado tercero de distrito le concedió un amparo pleno y ordenó su reinstalación al Congreso.
Viguerías ya ocupa nuevamente su lugar en la primera sala del STJ; sin embargo, el Congreso ocasionó una deuda por salarios caídos que deberá asumir el Poder Judicial.
