- Un indicio de la solidez es la capacidad para contratar personal
Uno de los principales retos de las organizaciones de la sociedad civil, es lograr pagar sueldos para quienes trabajan en el desarrollo de las acciones de beneficio social, además de generar una estructura que les permita ser completamente transparentes con el manejo de los recursos públicos y privados que reciben para su funcionamiento.
Con el fin de brindarles a las organizaciones, las herramientas necesarias para su desarrollo en el ámbito de la institucionalización y la transparencia, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a invitación expresa del Consejo coordinador de organismos de la sociedad civil, precedido por Martín Barberena realizaron un taller al que asistirán representantes de alrededor de 35 organizaciones interesadas en el tema.
Como referencia para medir el nivel de cumplimiento de las organizaciones tiene diez indicadores, los primeros cinco corresponden a un nivel básico de institucionalidad y transparencia, estos son estar legalmente constituidos, tener autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tener misión, visión y objetivos, tener un domicilio verificable y realizar al menos un informe anual de resultado y ejercicio de recursos.
Los dos siguientes puntos son para alcanzar un nivel medio, se refieren a que la organización cuente con un patronato o consejo directivo y contar con personal profesional registrado en nómina, para alcanzar el nivel más alto deben tener colaboradores voluntarios de cada programa, tener más de tres años de operación y contar con más de tres fuentes de financiamiento.
Estos indicadores son básicos pero se requiere de ciertos conocimientos y recursos para volver cada vez más profesional el actuar de los organismos sociales. En el caso específico de la rendición de cuentas es fundamental porque de lo contrario la falta de información genera dudas y malos entendidos en cuanto al manejo que hagan del dinero las organizaciones.
El ejercicio para conocer el nivel de avance de las organizaciones civiles en cuanto a la rendición de cuentas se hace por medio de un ejercicio de autodiagnóstico, donde se detectan las áreas de oportunidad que son esos aspectos donde la organización tiene un bajo nivel.
Aunque efectivamente hay organizaciones de “parapeto”, la realidad es que el trabajo de la sociedad civil comenzó como la alternativa de cubrir todos aquellos espacios que el gobierno hasta ahora no ha cubierto de manera adecuada por las autoridades. En Aguascalientes de las poco más de 220 organizaciones existentes en el estado, poco menos de 150 están registradas oficialmente ante la SEDESOL, es decir tienen su Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI).
Que haya organizaciones con tinte político dedicadas a ciertas acciones de beneficio social, desde la perspectiva de Martín Barberena, tiene un alto significado y resulta plausible, lo único que él pediría es que estas mismas acciones las continúen después de campaña e independientemente de los resultados.
“Quienes utilizan como trampolín político para entrar al sector público, lo cual en verdad creo que tiene su legitimidad y no lo critico, lo único que sí creo que debiera de existir es que el esfuerzo que hacen para pasar al sector público lo mantengan haciéndolo en el sector social”.
Barberena se pronunció en favor de la transparencia y la coherencia refiriéndose a que si ha sido la sociedad la que ha pedido transparencia de parte de las autoridades, que sean ellos mismos quienes la ejerzan. Hay una serie de instancias a las organizaciones civiles, en primer lugar aquellas que están registradas como contribuyentes los audita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
Respecto a estos retos de las organizaciones, Julián Elizalde Peña del colectivo Sergay, comentó su experiencia, tanto en relación a la rendición de cuentas como la manutención de las organizaciones. Todos y cada uno de los donativos que ellos han recibido son auditados, cuando una organización incumple con los objetivos de los proyectos para los que fue otorgado el recurso, la obligación es regresar todo el dinero que les dieron, sin importar la cantidad.
Sin duda alguna ellos están dispuestos a ejercer la transparencia, sin embargo en contraparte el estado debiera también generar una estructura para aumentar el apoyo hacia la sociedad civil para fortalecer este trabajo, “te voy a regular, pero también te voy a fortalecer”, porque a esta situación se le aúna el hecho de que al momento de registrarse ante Hacienda son tratados como empresas porque están bajo el régimen de personas morales. Cada uno de los pesos donados por las instancias deben tener su respectiva comprobación para estar listos en caso de cualquier auditoría.
Incluso ahora es técnicamente imposible que las organizaciones se cambien de nombre cuando realicen algún fraude o malversación de los recursos, porque ahora se van a registrar también los nombres de los integrantes que formen parte de estas agrupaciones, para que en caso de que suceda algún acto de corrupción se tenga bien localizado a quienes están involucrados.
El sostenimiento de quienes colaboran en las organizaciones, es una propuesta ideal pero quiénes se encargarían de hacer este pago para quienes trabajan sin horario; desde la perspectiva de Elizalde Peña, la cuestión del sostenimiento de las organizaciones se ve como una posibilidad muy difícil de realizar porque será muy difícil recaudar los recursos necesarios para pagar estos salarios.
El activista emitió una crítica hacia las declaraciones que el diputado Jaime Pérez Camacho, realizó sobre las organizaciones civiles respecto a que no rinden cuentas y por lo tanto en su iniciativa de ley relacionada con las organizaciones incluyen un apartado relacionado con la auditoría de los recursos.
“Se me hace una ignorancia terrible de las instituciones en este caso de los congresistas, hay una ley de fomento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y ahí vienen bien claro, punto por punto, lo que una organización debe de tener para poder acceder a recursos federales”.
A nivel local no existen recursos porque los funcionarios se han encargado de asignarlos de manera inadecuada como sucedió con el diputado panista Jesús Martínez cuando le dio 600 mil pesos a una agrupación presidida por un sobrino suyo.
