El próximo 19 de octubre, se cumplen nueve años de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. El crimen fue investigado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, planteando en un inicio dos hipótesis, un asesinato o un suicidio; la fiscalía capitalina, en uno de los actos más controvertidos en que ha participado, se pronunció por la idea de la autoinmolación.
Sobre los últimos días de la vida de la integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Felipe Cazals crea un excelente documental-ficción (Digna, hasta el último aliento, 2003). Recoge el cineasta una serie de testimonios de todos los implicados, desde las autoridades, pasando por sus familiares y amigos, militares, compañeros de trabajo, etcétera. A la par, recrea diversas escenas con la actriz Vanesa Bauche en el papel de Digna. De esta manera, analiza el caso de la abogada mexicana, con una mezcla de ficción-realidad tan magistralmente llevada a cabo por el director, que logra empapar al espectador de todas las aristas del conflicto en que se vio envuelta la activista, dando voz a la mayoría de los interesados, exponiendo las diferentes hipótesis y en general, tratando de ver desde el mayor número posible de ángulos la situación, para lograr una objetividad que deja en el público la última palabra.
Retomo este documental, pues uno de los grandes estigmas con que carga nuestro sistema judicial y el derecho en este país es que se le compara con el libro de Franz Kafka El Proceso. Y el caso de Digna Ochoa, no podría ser mejor ejemplo de ello. México es Kafka a cada paso, y sobretodo cada que una cuestión jurídica se ve involucrada, a medida que transcurre el documental podemos apreciar diversas situaciones de esta naturaleza, por ejemplo, la abogada y los otros miembros del Centro de Derechos Humanos, en uno de los casos que representaron, defendieron a una acusada de robo, lo contradictorio del asunto es que nunca les presentaron o apareció la presunta víctima.
Pero la parte más interesante, una especie de cúspide kafkiana, es cuando, según la Fiscalía Especial para el homicidio de Digna, la defensora de ecologistas se suicidó, fingiendo que la asesinaron (¿?): para ello, realiza un tiro hacia un sillón, después se dispara en la pierna y luego, en una posición incómoda, lo hace en la cabeza, con la mano izquierda aún y cuando ella era diestra. Antes de darse el último tiro, se coloca de tal forma que, cuando muere, queda de rodillas y recargada boca bajo en el sillón. Pese a lo contradictorio de los indicios, la llamada teoría del suicidio simulado de la fiscalía, concluye en este disfraz de asesinato. En el 2007 el caso fue reabierto, pero sin llegar a conclusiones satisfactorias tal vez porque, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa “Como suicidio fue muy imperfecto. Como asesinato es, hasta hoy, un crimen perfecto”.
Se podrán cuestionar una serie de factores y consideraciones sobre Digna y su papel, especular si fue suicidio o no; como ya lo señalamos, Cazals de manera objetiva abre todas las posibilidades, sin embargo, lo que es incontrovertido son las amenazas, intimidaciones y acoso hacia Digna y en general a los defensores de derechos humanos.
Precisamente uno de los tópicos pendientes de este país es lograr la protección a las garantías fundamentales, en especial de aquellos que no son deseados por los grupos de poder. Uno de los casos que representó Digna, y por el cual se ganó diversos enemigos, fue el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que fueron detenidos, acusados y torturados ilegalmente. El Estado mexicano los declaró culpables, en el año 2001 fueron liberados por razones humanitarias, sin embargo desde el punto de vista jurídico, ellos siguen siendo culpables. Al no encontrar en el país la justicia que clamaban, acudieron a las instancias internacionales; al día de hoy se encuentran en el exilio, pendientes de que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien declare su inocencia, justamente el pasado 11 de octubre se rindieron alegatos en su juicio, por lo que es de esperarse que en próximos días la Corte dicte su resolución. De ser condenatoria, vendrá a sumarse a otros precedentes en contra del Estado mexicano en materia de derechos humanos, como son los casos de las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, torturadas y violadas sexualmente por militares en 2002 y el caso Radilla.
Muchos son los asuntos de derechos humanos que permanecen en tinieblas, cual un obtuso pasaje de El Proceso. Sin embargo, en esta desazón, las sentencias de la CIDH construyen una reivindicación de las injusticias, esperemos sean la guía que ayude al Joseph K mexicano, a salir avante de su entramado judicial.
