- Espera condena de año y medio, que podría purgar en libertad
- Se dice moralmente contra el aborto, pero también contra juicio legal y social a la mujer
La mañana del 17 de julio, Lulú, de 35 años de edad y siete semanas de embarazo, se levantó y fue a la farmacia. Por 200 pesos, compró una caja de “Citotek”, tabletas de las que había hablado hace tiempo con una amiga del Distrito Federal y volvió a su casa, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Tomó una y terminó.
Pero el sangrado no paró. Alrededor de las ocho de la noche llamó a la ambulancia, explicó a los paramédicos lo que había hecho y 45 minutos fue ingresada de urgencia al Hospital de la Mujer, donde una doctora le notificó sería atendida en calidad de detenida. Hoy espera que la sentencien cuando menos a un año y medio, pena que podría purgar en libertad.
“Yo no sabía que aquí estaba prohibido el aborto; si no, mi situación hubiera sido diferente”, dice en entrevista con La Jornada Aguascalientes María de Lourdes Páez Hernández, originaria del Distrito Federal, donde desde 2007 las mujeres que recurren a él, y no son enjuiciadas, sino asistidas y atendidas física y psicológicamente por el sector salud.
Desde que tomó la pastilla “pasaron 40 minutos, aproximadamente y fui al baño. Esa sensación de que quieres hacer pipí y no es pipí, sino el flujo, pero no era el flujo, sino la cabecita del bebé (…) Es un mareo al principio, es una baja de pilas, de energía y lo único que quieres es reposar. Pero de repente yo, esa falta de energía ya se estaba convirtiendo en una pérdida de sentidos”.
Si eso es en lo físico, su estado emocional en el momento no era menos crítico. “Yo lo vi y al tenerlo en tus manos te das cuenta de lo que haces. Hasta ese momento. Desesperadamente no sabía si tomarlo, cómo volverlo a regresar… Son muchas cosas en tu cabeza: no te perdonas, ¡ahora que voy a hacer! Lo toqué, lo sentí calientito… Es darle tu bendición como madre, pedirle perdón a Dios, a él y ya”.
El padre de ese bebé es un hombre casado con el que Lulú había iniciado una relación a la que, reconoce, “no le veía mucho en el futuro” y que conoció mientras estuvo vendiendo en un tianguis para ganar algo de dinero.
Héctor, su ex pareja –había vivido en concubinato con él por más de 10 años- y padre de sus dos hijos, Chava y Sarita, había fallecido seis meses antes por enfermedad en el páncreas y en ese momento Lulú estaba en trámites para obtener pensión por viudez y orfandad. “A mí no me iba a favorecer y por eso es que tomé esa decisión (…) Yo no podía verme embarazada”.
Argumenta, sin embargo, que de momento no se le ocurrió ninguna otra salida, hasta que se la hizo ver la psicóloga del penal, cuando le cuestionó por qué había hecho lo que había hecho y si era la única alternativa. “Pudiste haberlo dado en adopción… Pues sí, sí, yo creo que no me percaté de esa opción”.
Los procesos legales después del aborto
Justo el día de la entrevista, 2 de octubre, Lulú cumple un mes en libertad bajo fianza, pero su asunto penal sigue y a ése se suma el familiar, pues la familia de su ex pareja demandó la patria potestad de su hijo de nueve años y su hija, que el mismo 2 de octubre está cumpliendo seis.
Alrededor de las 20:45 horas del sábado 17 de julio, María de Lourdes Páez Hernández fue ingresada de urgencia al Hospital de la Mujer, en la capital de Aguascalientes.
“La que me atendió cuando llegué, realmente fue una doctora muy agresiva: ¡ay, madre, ¿qué no sabe usted que esto es un aborto? Pues ahorita ya está usted aquí detenida!, Sí con un tono áspero y con soberbia, creyendo que ella tiene como la autoridad de juzgar”.
Los dos días que Lulú estuvo internada, en su cuarto la acompañó una custodia. Ahí contestó el interrogatorio de los agentes del Ministerio Público.
Dada de alta, la llevaron a la Procuraduría de Justicia, donde se desistió de su declaración y luego fue llevada juzgados. Se le abrió el expediente 0143/2010 en el juzgado sexto penal, que contiene las declaraciones de un paramédico y un agente del ministerio público y poco menos de una semana después, el juez le fijó una fianza de 10 mil pesos.
Tras dos semanas de encierro, la localizó un antiguo amigo suyo, ingeniero en sistemas del Distrito Federal, y le prestó el dinero para pagar su fianza, además de otro poco para subsistir afuera.
“Lo primerito que quise fue hablar con Leticia para ver a mis hijos. Leticia, hermana de Héctor (q.e.p.d), me dice que quiere que vea yo a al abogado de su familia para que inicie un proceso de la patria potestad (…) A los tres días pude localizarlo y me dijo que había hecho una solicitud, pero jamás me dijo que era una demanda por falta de ingresos, porque consideraban que yo era la agresiva…”
Al estar contemplada una de sus abogadas como parte demandante, la defensoría pública no pudo asumir la defensa de Lulú en este asunto.
Fue al bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), pero no tenía dinero para pagar; el DIF estatal “no podía llevar un caso cuando eran sus principios completamente diferentes” y llegó al Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), que la canalizó con abogados que ahí colaboran.
“También pedí ayuda psicológica, lo cual no me pueden dar porque hay una lista de espera grande”.
Causas y consecuencias del aborto de Lourdes
Para Lulú, haber abortado no es un delito.
“Yo creo que no es un delito porque es una decisión que yo tomé; así como tenemos derecho de tomar otras decisiones… Que en la ley de dios es quitar una vida, totalmente”.
Y desde su punto de vista, las mujeres que recurren a él debieran ser tratadas de la misma manera que cuando sufren un aborto espontáneo, como el que ella misma tuvo hace tiempo y por el que recibió tratamiento psiquiátrico un año.
Lulú viene de una familia de escasos recursos y perdió a su padre a los 16 años.
Un año antes conoció a su primera pareja, un pintor. Se casó con él y se fue a vivir a Huatulco. Allá tuvo a su primer hijo, que hoy tiene casi 15 años y vive con su papá. Él le llevaba 14 años de diferencia, fue en esos tiempos que Lulú conoció y cayó en las drogas. Tras recuperarse, intentó volver por su hijo y aunque no pudo, asegura que actualmente lleva buena comunicación con él.
A los 26 años empezó su relación con el difunto Héctor, también 14 años mayor, alcohólico y, a decir de ella, con tendencias depresivas desde que se quedó sin empleo y quien la llegó a golpear, al grado que estuvo recluida un tiempo en la fundación Mujer Contemporánea (2006).
Después del 17 de julio de 2010, ella perdió todo.
“Cuando yo salí, obviamente quise recuperar todas mis cosas (…) y no. Se hacía mi cuñada que no los tenía y posteriormente me los fue dando poco”.
Hoy está 10 kilos por debajo de su peso, vive en una casa prestada en obra negra y acaba de cumplir una semana trabajando en un restaurante.
Rodeados ahora de las comodidades y lujos que antes no tenían, su hijo no quiere verla y su hija sí, pero no siempre se lo permiten.
Primero quiere recuperar una salud fuerte, regresar a terapia con la tanatóloga que le hizo ver el patrón de conducta que estaba siguiendo en sus relaciones sentimentales y lograr atención psicológica para superar este aborto. Después, pagar los tres mil pesos del hospital, los 10 mil de la fianza, a los abogados y las otras deudas que tiene con la gente que le ha ayudado, para enfocarse en recuperar a sus hijos.
El 24 de septiembre pasado se llevó a cabo la última audiencia de su asunto penal, en un juicio sumario por el cual pudiera obtener la pena mínima de año y medio y purgarla en libertad, mientras resuelve en los juzgados familiares la custodia de sus hijos. Después, piensa regresarse al D.F.
“Desde que estoy aquí, no ha sido favorable. Yo no considero que la gente de aquí sea solidaria, no me siento acogida; mi vida aquí no ha sido eso, ni amable, ni gentil”.
A su juicio, en el estado debería despenalizarse el aborto. “Moralmente no siento que sea la toma de decisión correcta (…) Es una situación que vives, que no es justo para un bebé, que no es justo que por esa toma decisión pierdas hasta tu propia vida. No estoy de acuerdo en que se juzgue de esa manera, nada más”.
