- En el sexenio aumentaron percepciones mensuales de altos mandos
- PAN acusa que no se usó presupuesto de egresos para lo aprobado; PRD lo recrimina
El presidente de la comisión de vigilancia, el priísta Alberto Solís Farías, justificó que el gasto corriente de la administración pública estatal haya incrementado al menos en los tres años de gestión de la actual legislatura, discrepando de lo publicado por La Jornada Aguascalientes en su edición de ayer.
A su vez, el coordinador de la bancada panista reconoció ese aumento, pero aseguró que no corresponde a los destinos de gasto para los que se aprobaron los últimos tres presupuestos de egresos estatales, mientras que la diputada del PRD lo admitió de plano, pero lo atribuyó al consentimiento de las mayorías.
“Por ahí estuve sacando unas cifras y no comparto las que se publicaron”, declaró Solís Farías, justificando a la vez que “a medida que se incrementa el presupuesto, lógicamente se incrementa también el gasto corriente (que) no solamente es cuestión de funcionarios de alto nivel, sino que hay maestros, hay enfermeras, hay bomberos, personal de limpia que también se establece en ese rubro, además de los organismos descentralizados”.
Aún así, admitió también que bajar un poco los salarios de los funcionarios de alto nivel, podrían generarse ahorros. Sostuvo que según trabajos hechos por el grupo parlamentario “con un aproximado de 10 por ciento (de reducción salarial) a funcionarios, podríamos rescatar 15 millones de pesos”.
Para la diputada perredista Nora Ruvalcaba, es eso precisamente lo que los grupos del Revolucionario Institucional y Acción Nacional han rehuido hacer durante los últimos tres años, lo mismo que los gobiernos estatales y federal, que se han conducido con “indolencia” ante la situación económica.
Ruvalcaba Gámez pugnó nuevamente por la que fuera su propuesta en campaña, “que son los gobiernos austeros: el bajar las percepciones del gasto corriente que tienen que ver con los altísimos salarios de los funcionarios de primer nivel”, lo mismo que las cuotas de riesgo laboral y otras prerrogativas extraordinarias, para destinar ese ahorro a programas y políticas públicas en beneficio de la sociedad.
“Nosotros votamos solamente una vez el presupuesto a favor (a cambio del recurso para la pensión de adultos mayores), pero los subsiguientes (…) nuestro posicionamiento fue en contra porque no veíamos en el presupuesto de egresos reflejada la austeridad, un ajuste al gasto corriente y siempre lo manifestamos como algo negativo”, recordó.
Aunque el grupo parlamentario que coordina ha aprobado los tres presupuestos que ha tenido en sus manos y que planteaban el gasto corriente manejado por este medio, Jesús Martínez González negó que el PAN se haya equivocado al hacerlo “porque se supone que iban destinados a un ejercicio presupuestal de educación, salud y (…) para mejorar la calidad de vida de los aguascalentenses”.
Por otro lado, dejó ver que la bancada se enfocará en las cuentas públicas por venir y aseguró que de encontrarse irregularidades severas, “haremos un pronunciamiento” al respecto.
“De hecho nosotros no aprobamos las cuentas públicas de 2008 porque vimos muchas disparidad y que no concordaban con el presupuesto que se manejó”, dijo y criticó especialmente 2los viajes del gobernador, gastos injustificados y que obviamente repercuten”.
Aumentó número de “nuevas plazas”
Del comparativo de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos aprobados para este sexenio, se obtiene que el número de nuevos espacios de trabajo presupuestados creció poco más de 21 por ciento, pero los documentos oficiales son opacos en cuanto al total de funcionarios y servidores que cobran del erario público.
Si bien es cierto que el gasto corriente no contempla únicamente las percepciones de los trabajadores del sector gubernamental, también lo es que la mayoría de ellos se benefician de partidas como suministros y materiales y servicios generales, además de que este gasto incluso se distingue en los presupuestos del que se destina a inversión.
Mientras en 2005 se sumaron a la administración pública 3 mil 767 nuevas plazas, este año se hicieron lo mismo 4 mil 592 personas.
Entre 2006 la Ley de Ingresos presentó un total de 4 mil 100 nuevas plazas, 333 más que el año anterior. En ese mismo lapso el gasto corriente se elevó 745 millones 616 mil 960 pesos. Es decir que, en promedio, por cada nueva plaza adicional se agregaron 2 millones 389 mil 240.12 pesos.
Para el año siguiente, 2007, se proyectaron otras 4 mil 100 nuevas plazas, ningún aumento frente a 2006 y aún así el gasto corriente se elevó 958 millones 589mil 040 pesos.
Un ejercicio fiscal después se presentaron 4 mil 160 vacantes y un gasto corriente 398 millones 785 mil pesos, lo que implica un aumento de 6 millones 646 mil 416.67 pesos por cada plaza adicional.
El año pasado, con un gasto corriente superior al de 2008 en 310 millones 492 mil pesos, se ofertó el máximo histórico de nuevas plazas de la administración, por un total de 4 mil 592. Cada una de los 432 espacios representó un aumento de 718 mil 731.48 pesos.
Los sueldos también crecieron
Otro aspecto que mantuvo una tendencia general a la alza y la opacidad en su desglosa fue el de las percepciones mensuales previstas para los funcionarios de alto nivel en las leyes de ingresos de los últimos seis años.
El sueldo del gobernador bajó de 144 mil 189 pesos en 2005 a 56 mil 552 pesos en 2010, pero en ese año la Ley de Ingresos no reportó la previsión de percepción social y riesgo laboral que sí dio a conocer la de 2006, mientras que las más recientes agrupan ambas en una sola categoría de “prestaciones”.
Si bien esa partida disminuyó de 136 mil 64 a 92 mil 229 pesos máximo, las percepciones ordinarias totales del mandatario estatal crecieron a un máximo de 148 mil 781 pesos, según las leyes de ingresos.
Para el nivel de secretario y especialista se tuvo un sueldo mínimo de 42 mil 932 y máximo de 73 mil 67 en 2005. Para este año se reportaron sueldos mínimos de 56 mil 162 y percepciones totales por 135 mil 156 pesos mensuales.
Los subsecretarios pasaron de ganar un sueldo mínimo de 35 mil 327 pesos a 76 mil 988 pesos mensuales totales ordinarios; los directores generales, de uno de 21 mil 350 pesos a 68 mil 737 pesos con prestaciones ordinarias mensuales incluidas y los jefes de departamento de 7 mil 155 pesos de sueldo a 25 mil 900 pesos totales de nómina a 25 mil 900 con prestaciones en efectivo y en especie.
