- Derivaron de reformas Constitucionales federales y locales que entran en vigor en 2011
- Asegura el diputado Roberto Padilla que, cuando menos la iniciativa, sale en esta legislatura
Reformas Constitucionales aprobadas recientemente a nivel local y federal en materia de justicia penal y seguridad pública, obligan a que se reformen otras trece leyes del ámbito local, de lo cual dependen procesos como la selección de dos magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la permanencia del Tribunal Local Electoral y la homologación de la duración de los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso del estado.
Roberto Padilla Márquez, presidente de la comisión legislativa de gobernación y puntos constitucionales, encargada de estas modificaciones, afirmó que “el compromiso sigue siendo que en esta legislatura, por lo menos a nivel iniciativa sean contemplados todos los asuntos que usted cita, para que en los términos del transitorio correspondiente lleguen a aplicarse en enero de 2011”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó en noviembre pasado una sentencia que ordenó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) sea permanente y no funcione sólo en años electorales; la reforma estructura del Poder Judicial detenida desde hace semanas en el Congreso proponía cumplimentarla fusionándolo con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el STJ lo consideró inconstitucional.
Una nueva propuesta abordaría el acatamiento de la resolución, además de definir si se modifica o se mantiene la forma de selección o reelección de magistrados, lo que cobra más importancia este año, ante la renovación de la presidencia del STJ y la jubilación por la que ha optado el titular saliente, sumado a la falta de un magistrado en la sala penal desde hace más de un año.
Información proporcionada por la Secretaría General y la Dirección de Servicios Parlamentarios del legislativo refiere que la introducción en la Constitución General de la República del nuevo sistema de justicia penal y la sustitución, en el mismo ordenamiento, del concepto “readaptación” por “reinserción social”, así como la autonomía del Ministerio Público incluida en la carta magna local y la pretendida reforma estructural al Poder Judicial del Estado, hacen necesario reformar esta ley orgánica, así como las de la Administración Pública Estatal, del Poder Legislativo, del Instituto Estatal de Seguridad Pública y de la Procuraduría General del Estado.
También la Legislación Penal local y las leyes de Atención y Protección a las Víctimas del Delito, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Mediación y Conciliación, de Seguridad Privada, del Sistema de Justicia para Adolescentes, de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En la reforma estructural al Poder Judicial también se introduciría el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial y la decisión de devolver o no al Consejo de la Judicatura la facultad de administrar los recursos financieros y ampliar la participación a los miembros del Poder Judicial en ese organismo.
Todo esto remite a la Ley Orgánica del Congreso, instancia que tiene la decisión final sobre los magistrados; en su reforma se abordaría también el compromiso de que el segundo periodo ordinario de sesiones de cada año se amplíe de tres a cuatro meses y su participación en la designación del procurador de Justicia, proceso en el que a la vez se involucra también al Ejecutivo, que perderá la facultad de designar a ese funcionario.
“Lo más complicado y lo más laborioso es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es en lo que están enfrascados los especialistas para tratar de tenerla pronto”, estableció Padilla Márquez, quien añadió: “acuérdese usted que se formó una comisión ex profeso”, en referencia al organismo interinstitucional implementador del nuevo sistema de justicia.
La comisión que él encabeza en el Congreso del estado, que presentó la iniciativa de reforma estructural al Poder Judicial local detenida por inconformidades de los funcionarios de éste, dijo, está “simplemente atenta al proyecto de dictamen” que aquella genere, para poder llevarla al pleno legislativo.
Aseguró que es muy probable que esa iniciativa se presente antes del 31 de julio, que termina el último periodo ordinario antes de la entrega recepción a la siguiente legislatura.
