- Más que un convenio interinstitucional es usufructuario por más de mil 63 mdp
- Generaron en enero pasado una “financiera” para realizar el negocio ecológico
A pesar del boicot proferido en contra de la iniciativa de las organizaciones civiles organizadas, las mismas lograron hacer una denuncia en contra de las autoridades municipales por estar aprobando propuestas a botepronto como urgidos por hacer sus últimos negocios en referencia principalmente al convenio de colaboración para la instalación de las luminarias de ahorro de energía eléctrica con la empresa Energía Verde de Aguascalientes, de reciente creación. Esta conformación de la financiadora en últimas fechas hace que las organizaciones pongan en entredicho la legalidad de este convenio que costará en total poco más de mil 63 millones de pesos.
“Justifican gastos del erario público para desviar millones de pesos a inversiones propias, a cuentas personales o cuentas de prestanombres, todos los sabemos, lo vemos, nos lamentamos, nos enojamos, pero no hacemos nada para impedirlo (…) hoy respondiendo a la cultura de la denuncia organizaciones de la sociedad civil hacemos una denuncia pública”, argumentó Enriqueta Medellín, de la organización Conciencia Ecológica de Aguascalientes.
En esta rueda de prensa se encontraban representantes de al menos diez organizaciones de las que respaldan este reclamo ciudadano fundado en el manejo turbio del dinero público para intereses personales desde el poder público. A primera vista el proyecto de las luminarias parece un gran beneficio para la ciudad porque son 47 mil que serán cambiadas por leds, sin embargo este convenio no es transparente que según dice el convenio representaría para el municipio un ahorro de 150 millones de pesos anuales. Sin embargo, esta empresa no tiene experiencia alguna en el manejo de energías alternativas, no se presentó un estudio de mercado para demostrar que esta fue la mejor opción de compra, no hubo licitación sino adjudicación directa, esto entre otras irregularidades.
“La verdad es que se trata de un convenio usufructuario y así debería de haberse llamado porque además le ponen interinstitucional cuando es con una entidad privada, es un convenio usufructuario puesto que la empresa puede ceder, enajenar o transmitir los derechos de la aportación municipal”.
Las atribuciones cedidas a la empresa son los Derechos de Alumbrado Público (DAP) que según se acota en el convenio es de un monto mínimo anual de 97 millones de pesos, más los respectivos incrementos que se generan año con año por este derecho de cobro. En caso de que el municipio se echara para atrás tendría que pagar una sanción de 531 millones de pesos correspondientes a las mensualidades de cinco años.
Ante esta situación surgen cuestionamientos como porqué las luminarias no se compran a un proveedor directo y se elige a un intermediario. “Nos angustia qué está firmando el Cabildo, qué va a dejar firmado antes de irse porque esto, compañeros es una de las cosas que nos enteramos, pero están firmando sin saber y luego dice que es leonino”.
Además de la cuestión de las luminarias, las organizaciones criticaron también los cambios de uso de suelo hechos por encima del Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes 2030 para lo referente al proyecto estratégico sur.
De acuerdo a este programa para el año 2030 se prevé una población de 900 mil habitantes y una extensión de la ciudad de 17 mil 735 hectáreas, con una reserva territorial de seis mil 500 hectáreas, además de cuatro mil hectáreas de lotes baldíos, con este terreno alcanza perfecto para brindar vivienda para poco más del millón y medio de habitantes de todo el estado. Para darle forma al programa de desarrollo participaron un sinfín de organismos e instituciones en una consulta pública para darle forma, “por qué ahora sin consulta pública previa se autoriza una modificación al programa, esto que evidencia, lo están haciendo por debajo del agua”, puntualizó Humberto Tenorio, de Conciencia Ecológica.
Esto no obedece a un crecimiento ordenado o de una ciudad sustentable. Aunado a esto, se hizo una modificación del Programa de Ordenamiento Territorial, el cual no existe siquiera como tal, pero en petit comité ellos hicieron un cambio para dar paso al Proyecto Estratégico Sur.
Los impactos ambientales que se pueden propiciar con una ciudad tan extendida, con los efectos del cambio climático, no hay ríos caudalosos, no hay forma de traer agua para la población, cómo se van a dar los servicios que el gobierno debe prestar, hay déficit de espacios escolares, los elementos de seguridad son insuficientes. “Con mucha facilidad se dice vamos a ampliar y los servicios, drenaje, energía eléctrica, qué capacidad de endeudamiento tiene el municipio para poder pensar en hacer planes para crecer más. No nos oponemos al desarrollo, pero este tiene ser ordenado, sustentable, con visión de futuro para no poner en riesgo la calidad de vida en el futuro”.
Para seguir una investigación acerca de estos casos considerados irregulares por estas organizaciones presentarán los expedientes correspondientes a la contralorías de la Secretaría de la Función Pública y la del Congreso del estado, para además de la denuncia pública, seguir un procedimiento legal antes de que los actuales funcionarios terminen de aplicar su “año de Hidalgo”.
