- Inicia apenas Aguascalientes trabajo para implementación
De acuerdo con el Informe de la Situación de la Reforma que la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial (SETEC) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Aguascalientes se encuentra en el grupo de los estados cuyo avance en la implementación del nuevo sistema es “poco significativo o no sistemático”, tomando en cuenta aspectos como el presupuesto, la infraestructura y recursos humanos, la capacitación, etcétera, que ello se ha destinado.
Fernando González de Luna, magistrado de la sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ), admitió el rezago de la entidad, explicó que se ha debido principalmente a que hasta el pasado 26 de abril se publicó la ley que regulaba y delineaba las facultades de la Comisión y del Comité encargados de coordinar los trabajos y urgió a que las facultades de derecho, en especial la de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), modifiquen sus planes de estudio para evitar que sea en el exterior donde los abogados tengan que capacitarse.
González de Luna señaló que “a más tardar a fin de mes (los dos organismos implementadores) estarán trabajando” en coordinación con la SETEC, en dos aspectos principales: la obtención de los recursos para la implementación del sistema y en la adecuación de la legislación local con la misma finalidad.
En materia financiera, dijo, no se tiene un estimado de cuánto es lo que la entidad requiere para que se dé “la implementación real”, pero se sabe que hay recursos disponibles en la federación que necesitan bajarse para la infraestructura.
Además de los juicios orales, la reforma hecha en 2008 al sistema de justicia federal y estatales contempla la existencia de jueces de control, jueces de ejecución y jueces especializados en justicia oral; el magistrado comentó que parte del diagnóstico que los organismos implementadores tendrán que hacer es si con los que actualmente conforman el Poder Judicial es suficiente o habrá que ampliar su estructura.
En cuanto a la capacitación de estos funcionarios, González de Luna afirmó que el Poder Judicial lleva un progreso consistente, pues los jueces y magistrados, entre otros, han acudido ya a cursos organizados por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y otras instituciones e incluso han impartido ya capacitación. “Yo llevo diez años capacitándome en esto”, afirmó, por citar un ejemplo.
Otro punto a tratar sobre la reforma, apuntó, es que permite su aplicación por regiones o por delitos; en ese aspecto, consideró que la primera opción es la mejor porque “se implementaría primero en la capital y ya que funcionara perfectamente aquí se ampliaría a los municipios”, dando tiempo a la creación de infraestructura adecuada de manera gradual.
Uno de los atrasos que consideró que a su juicio resulta importante es el de la falta de cambios a los planes de estudios de las licenciaturas en derecho, sobre los que enfatizó el caso de la UAA al ser la institución que más abogados egresa cada semestre, porque su ausencia implicará en un futuro abogados que deban capacitarse en el exterior, lo que atrasaría aún más la implementación de la justicia adversarial y sería más oneroso.
Iniciaría la UAA en 2011 programa con nuevo sistema; le falta que se reforme la legislación
Al respecto, el jefe del departamento de derecho de la máxima casa de estudios, Juan Carlos Arredondo Hernández, afirmó que actualmente esa área está trabajando en la introducción del nuevo sistema a sus planes de estudios, con miras a que lo utilice la generación que ingrese en agosto del próximo año; sin embargo, no podrá aplicarlo a cabalidad en tanto el Congreso del estado no tenga las adecuaciones que se requieren en la legislación local. “No hay una legislación; el Congreso del estado está atrasado en este trabajo”, apuntó.
“Ya estamos abocados en materia del sistema de justicia en nuestro plan de estudios (…); la otra área en la que estamos nosotros trabajando es en la participación directa de nuestros investigadores y maestros en derecho penal”, informó.
Para el caso de las generaciones que ya han iniciado y que estarían a la mitad o apunto de terminar, precisó, más o menos en la misma fecha y tras contar con la aprobación del Consejo Universitario, una especialidad y una maestría en derecho penal acusatorio, además de los cursos de extensión que en el mismo sentido se están aplicando.
Consideró que precisamente son la UAA y la Universidad Panamericana las que presentan un mayor avance en la capacitación de sus docentes y la impartición de cursos o diplomados con esa intención.
