- Que se abra la discusión para escuchar las dos versiones de la historia
- Son las mujeres más pobres agredidas por la criminalización del aborto
Estuvieron en Aguascalientes un grupo de representantes de la mujeres de la Campaña nacional por el derecho a decidir donde están integradas 29 agrupaciones nacionales, su propósito fue apoyar a las organizaciones civiles locales que están en contra de la protección a la vida desde el momento de la concepción, iniciativa propuesta actualmente en el congreso del estado. Las peticiones siguen siendo que la iglesia saque las manos de las decisiones del estado laico, evitar la criminalización de las mujeres a través de las acusaciones por aborto y dejar la discusión en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde de manera jurídica se vierta todos los argumentos sin pasiones.
Fueron Martha Juárez Pérez, Elsa Conde Rodríguez, Martha Tagle Martínez, estas dos últimas fueron ya legisladoras federales y ahora son parte de la sociedad civil organizada pugnando por los derechos de las mujeres, en espera de las resoluciones de la SCJN hacia las iniciativas de controversia constitucional o inconstitucionalidad de la protección a la vida en varios estados y la detención de estas iniciativas en otros estados como Aguascalientes donde está en trámite. Ellas afirmaron que estuvieron aquí y estarán las veces que sean necesarias.
“Es por eso que estas reformas se están promoviendo en los estados, sin duda han sido una revancha contra esta reforma en el Distrito Federal, pero creemos y tenemos la confianza en que serán revertidas, en Aguascalientes hacemos un llamado a los diferentes grupos políticos del congreso local para que no avancen en una reforma que sin duda se constituirá en una contrarreforma desechada por la Suprema Corte de Justicia”, comentó Martha Tagle Martínez.
Una de las activistas comentó que Aguascalientes sigue siendo un foco rojo para esta campaña nacional sobre todo en estos momentos electorales y teniendo en consideración que la jerarquía católica ha estado detrás de todas las decisiones tomadas antes para la conservación de la vida. “De ninguna manera, los candidatos o candidatas pueden sentirse presionadas por la jerarquía católica para avanzar por estas iniciativas (…) no se puede presionar a los candidatos para que voten una reforma que es contraria a los derechos de las mujeres”.
Pidieron nuevamente las activistas que las cuestiones políticas queden fuera de este proceso donde sólo deben intervenir los argumentos para defender las posturas ideológicas que están en juego donde se discute sobre los derechos de protección de la vida de las mujeres por encima de un “óvulo fecundado” que puede correr cualquier suerte, desde cuestiones biológicas hasta cuestiones sociales derivadas ya de la condición de quien sea su madre.
En este sentido las activistas nuevamente dejaron muy claro que a quienes realmente afecta esta criminalización del aborto, por el cual hay ya 300 mujeres en proceso legal, es a las pobres, desamparadas y sin mayor opción de un servicio de salud ni privado ni público. “No es cierto que es una iniciativa bondadosa con las mujeres, no es cierto que no criminaliza a las mujeres, tenemos con toda claridad mujeres que han sido procesadas en varios estados del país”, especificó Elsa Conde Rodríguez.
Para Martha Juárez Pérez, los estados en los que se ha logrado detener la iniciativa de protección a la vida fueron porque las autoridades han tenido disposición para escuchar las otras voces existentes en torno a la protección a la vida o la interrupción legal del embarazo. Esto lo único que evidencia es que las mujeres perseguidas son pobres para tener en su propio lugar de residencia un servicio de calidad, con un servicio médico y total seguridad.
Hasta ahora los estados donde se ha logrado detener la iniciativa son Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa y Veracruz. Dos de los factores que otra de ellas resaltó para frenar estas iniciativas fue voluntad política de los gobernantes y la segunda es abrir el debate real con información e ideas dentro de los congresos con lo que se ha logrado sensibilizar a los legisladores.
Marcela Martínez Roaro, directora del Instituto Superior de Educación Sexual planteo tres aspectos, la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres que la autoridad a la que le corresponde defenderlos no lo está haciendo, decirle al señor obispo que deje de interferir con las cuestiones del estado y se limite a las cuestiones de su doctrina y finalmente recordarles a las y los candidatos juran sobre la constitución y no sobre la biblia.
