- A cualquier regidor le pueden prestar carros, sostiene el edil
Tanto el caso del stratus blanco 2006 prestado al regidor priísta, Jesús López Martínez y la ampliación de la oficina de la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Catalina Azcona Reynoso, fueron avalados por el presidente municipal de Aguascalientes, Adrián Ventura Dávila.
La justificación respecto al automóvil, es que López Martínez es un servidor público “y puede utilizar vehículos de la administración pública municipal, en esta situación es un apoyo que se le otorgó porque tuvo un accidente y si otro funcionario tuviera un problema similar también se le puede apoyar con esto, no es ilegal lo que se está haciendo”.
Inmediatamente, Ventura Dávila reculó respecto a López Martínez y dijo que el ayuntamiento no tiene como función el otorgar estos vehículos a quienes se accidenten, reconociendo que es un caso especial el de beneficiar al priísta, no descartó que en el supuesto de que otro de los regidores necesite de un automóvil en las mismas condiciones, el municipio puede aceptar ceder bienes muebles de este tipo.
“Hasta que el consiga su vehículo nuevo” se le va a dejar que lo utilice, enfatizando en que le sirve también para hacer sus funciones como regidor, sin embargo, insistió en que “no está fuera del código municipal” a pesar de aceptar que la unidad no cuenta con un horario fijo, tampoco tiene calcomanías que lo identifiquen con el ayuntamiento capital y que llena su tanque de combustible con recursos del erario.
Ya entrado en el tema de la oficina ampliada, el primer edil manifestó que “es un acuerdo que toman entre los mismos regidores del ayuntamiento”, señalando que desde un principio hubo una repartición de estos espacios, “entre ellos mismos platican para ampliar, quitar o poner”.
Admitió que después de presentarse este acuerdo, se ve con la Secretaría de Desarrollo Urbano la posible modificación, si esta dependencia no encontró impedimento, corresponde a la misma aclarar también la situación de este hecho, subrayó.
Sin sanción a la reincidencia de propaganda política
El pasado viernes, el Cabildo de Aguascalientes aprobó por mayoría de votos el que se aplicara una nueva medida para que la publicidad de los candidatos no estuviera colgada en los espacios de orden público pertenecientes al municipio de Aguascalientes, con esto, el alcalde convocó a las diferentes fuerzas políticas para que se abstengan de colocar dicha propaganda, sin embargo, declaró que en caso de presentarse una reincidencia al respecto, no tienen la oportunidad de sancionar o castigar, sino que simplemente lo volverían a quitar.
Esta acción de mover la propaganda política y regresarla a los partidos políticos, se convertirá en otra de las funciones de la Secretaría de Servicios Públicos y Ecología (SSPyE), pero hasta el momento no se tiene calculados los costos.
Dicha publicidad “la estamos resguardando en la Secretaría de Servicios Públicos y ya que el candidato o el partido político que lo solicite ahí puede ir a recogerla sin ningún problema”, subrayó después de asumir que esta nueva legislación entrará en vigencia después de publicarse en el Periódico Oficial de la Federación (POF).
Niegan regidores que les hayan consultado para ceder un espacio en común
Al declarar el presidente municipal de Aguascalientes, Adrián Ventura Dávila que la ampliación de la oficina de la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Catalina Azcona Reynoso había sido parte de una organización entre los regidores que comparten el mismo espacio, los tres ediles involucrados negaron rotundamente que exista algún documento de por medio que avale esta construcción.
Dentro del espacio compartido entre los regidores, están instalados el priísta, Luis Salazar Mora, del lado derecho de la oficina modificada se encuentra ubicado el convergente, Jorge Brand Romo y frente a ella el priísta, Enrique López Hernández.
Este último, en una entrevista vía telefónica, puntualizó en que mientras comenzaba a realizarse esta construcción tuvo la oportunidad de preguntar sobre el trámite que había hecho la regidora del Verde, a lo cual no obtuvo una respuesta pero ante las versiones de que había pagado con su propio dinero todo el material ocupado, dijo que el pudo notar que había personal del municipio que estuvo laborando en estas instalaciones, por lo que supuso que había una autorización por parte de la Secretaría de Administración, debido a que los trabajadores pertenecían al área de mantenimiento.
“Nunca platicó conmigo, lo que pasa es que ella se amplió su oficina en un área de uso común, de uso común de los regidores, mínimo por cortesía debió de habernos platicado”, situación que no se presentó por parte de la edil ecologista.
López Hernández reveló que debe de existir un documento que haya emitido el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “porque cualquier modificación que se haga del palacio municipal debe contar con una autorización porque es un edificio histórico”, exponiendo que en su momento supo que la regidora estaba buscando este papel.
En este sentido, el regidor convergente, especuló en que “a lo mejor su comisión ocupa mejor ese espacio, porque Cata (Catalina Azcona) sí se aprovechó”, señalando que no tendría una molestia en el caso de que la construcción haya salido de su bolsillo, especificando que desde su criterio no existe problema alguno puesto que no utiliza las oficinas como una rea de gestión, tal como la gran mayoría de los regidores hace, sostuvo.
“Cuando nosotros llegamos, hubo un pleito terrible por las oficinas, que a quien le tocaba en tal sector, a que otro sector, a quien le tocaba balcón. Siempre se pelearon por las oficinas, ese fue el primer pleito, inclusive hubo mejor una rifa para que a cada quien le tocara la oficina a través de la suerte”.
Desde la perspectiva de Brand Romo algunos funcionarios municipales “piensan que su valor va de acuerdo al tamaño de la oficina que tienen”, subrayando que a la recomendación de la regidora suplente del PVEM, Ana Lilia Águila Tristán por remodelar los espacios de los regidores para mejorar la atención a la ciudadanía, el convergente le respondió que no había ningún inconveniente en la infraestructura con al que cuentan puesto que su trabajo no es precisamente el de atender gestiones, sino vigilar los recursos del municipio.
Finalmente, Salazar Mora declaró ser el único al que la edil le pidió permiso para edificar, sin dejar un testimonio escrito sobre el respecto.