- Detallan las infracciones cometidas por Orozco Sandoval
- Pocas posibilidades de que “tumben” la inhabilitación, ironiza contralor
El contralor municipal, Guillermo Avendaño Rodríguez, sostuvo que el expediente del exalcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, estuvo conformado en tiempo y forma únicamente por instancias municipales, señalando que el gobierno del estado no interfirió en el procedimiento, tal como se había excusado el acusado.
La inhabilitación de catorce años para el exprimer edil es el resultado de una investigación que comenzó gracias a que regidores priístas presentaron una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes (PGJE) y que los medios de comunicación le han dado seguimiento, lo que obligó a la Contraloría a seguir un acto de oficio, expresó el contralor.
Inmediatamente, fue requerido el estado de los predios por los que se le acusa a Orozco Sandoval, esto en la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde el titular, Enrique González Pacheco estaba trabajando desde la administración anterior y éste no fue considerado como una persona sospechosa o involucrada en la acusación de fraude, abuso y omisión de los actos.
De forma cronológica, el contralor con apenas dos días de haber tomado el cargo, expuso que la sanción es meramente aplicable debido a que está fundamentada en la ley de servidores públicos, con lo que el candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) quedaría imposibilitado de ocupar un cargo en el servicio público tanto a nivel municipal, estatal y federal.
La Contraloría tiene entre sus facultades castigar a quienes están por debajo de ella de forma jerárquica, siempre cuando estén todavía en funciones, mientras que en la temporalidad, argumentó que hay toda la responsabilidad en los tres años siguientes de haberse cometido cierto delito, por lo que confió en que no les puedan negar que vaya a inhabilitarse, porque ahora sigue la defensa de Orozco Sandoval, misma que deberá de presentarse a mas tardar en diez días, después de este periodo la Contraloría tiene un mes para responder y de ahí la resolución en todas las instancias judiciales que esta implica.
En cuanto al marco legal que tienen como base, señaló que es el artículo 70 de la ley de servidores públicos, donde Orozco Sandoval cometió las faltas referentes a “la fracción 1ª, 4ª, 8ª, la 20 y la 21”.
“La fracción número 1 es: omitir cumplir la máxima diligencia en su cargo, que debió ejercer en el ejercicio del mismo; la cuarta, es que ocultó e hizo uso de documentos e información a la que tenía acceso dado su cargo, esto ¿qué quiere decir?, que cuando estuvo él en la sesión, tenía los dictámenes técnicos, esos dictámenes no coincidían con las medidas que se iban a dar, lo cual, en el uso de sus facultades, solicita al propio Cabildo que no se lean todos los anexos, con lo cual, estaba ocultando la información a lo que viene siendo el Cabildo”, señaló.
En cuanto a la fracción octava, explicó que tiene relación con el “incumplir del mandato del superior jerárquico, como lo es el Cabildo, al firmar una escritura por menor superficie de la que fue autorizada, si recuerdan, el Cabildo le autorizó hacer una permuta, la cual estuvo, se los dije desde el principio, viciada de origen, porque el dictamen técnico generado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, no coincidía con las medidas originales que actualmente tienen esos terrenos”.
Finalmente, “lo que viene siendo la catorce, es omitir o excusarse de intervenir en asuntos donde tienen intereses tanto personales como familiares y de negocios, esto ¿qué quiere decir?, que es la falta más grave, porque al momento de que lo suben o lo regresan otra vez a Cabildo, ese terreno ya no era parte del municipio, entonces, ya no tenía ni siquiera que haberlo visto el Cabildo, no sé si me explique en ese sentido, ya formaba parte del patrimonio de lo que viene siendo el contador Martín Orozco”.
Junto al exprimer edil hubo también inhabilitaciones de otros funcionarios, como es Javier Macías por tres meses, Salvador Pérez Sánchez con ocho meses y Francisco Rodríguez Anaya por tres años.
