Crónica de una novela anunciada, la de Martín Orozco que aún no concluye - LJA Aguascalientes
23/11/2024

  •  Desde noviembre del año pasado hasta el día de ayer

7 de noviembre del 2009 –  Los regidores priístas del municipio capitalino, José Luis Proa de Anda y Enrique López, presentan ante la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) una denuncia penal en contra de Martín Orozco Sandoval, por peculado, fraude y abuso de autoridad, por una  presunta permuta y compra-venta irregular de terrenos municipales que hiciera durante su administración como alcalde de la capital. En dicha denuncia se señalaba que el expresidente municipal modificó actas de Cabildo para autorizar la permuta de terrenos, que serían vendidos posteriormente a la sociedad “FRUIDEO”, donde aparecían los nombres Orozco Sandoval y de sus hijos. Proa de Anda aseguró que la denuncia no tenía que ver con los tiempos electorales.
10 de noviembre del 2009 – El secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, Enrique González Pacheco Arce, mediante un oficio solicita al Órgano de Control, que investigue las permutas de cuatro predios que se hicieron en noviembre del 2007, por un lote de mayor superficie a fin de ampliar el relleno sanitario.
31 de diciembre del 2009 – Después de casi dos meses de presentada la denuncia, se le notifica a Orozco Sandoval que está siendo investigado en la PGJE, por la compra de terrenos municipales y es citado a comparecer en el ministerio público el 3 de enero.
3 de enero del 2010 –  Orozco Sandoval  comparece en la agencia 6 del Ministerio Público. La agente Brenda Ivet Reséndiz Macías, lee el expediente al exalcalde, en el que se le acusa de “ejercicio indebido del servicio público, atentado al desarrollo urbano ordenado y fraude”. El exalcalde refiere en conferencia de prensa que le fueron negadas las copias del expediente y advirtió que no contenía folios las hojas que lo conformaban.
16 de febrero del 2010 –  Orozco Sandoval compareció ante el juez sexto de lo penal. A su salida en entrevista colectiva señaló que por primera vez conocía el expediente completo, donde se le imputaban doce supuestos, de los cuales se le informa que fueron desechados diez, permaneciendo los delitos originales que se le imputaron
22 de febrero del 2010 – El juez sexto de distrito determinó el auto de formal prisión al exalcalde, ante el cual solicitó la libertad bajo caución al ser un delito considerado como no grave. El juez fijó la fianza en 27 mil pesos. En la tarde de ese día presentó una demanda de amparo directo al juzgado de distrito.
18 marzo del 2010 – Los abogados de Martín Orozco se presentan a la audiencia constitucional en el juzgado tercero de distrito. El defensor, Antonio Mares Monreal, – abogado de un despacho con sede en Aguascalientes y no del CEN del PAN- señaló que en la audiencia no se emitió resolución.
26 marzo del 2010 – Cambian expediente de Orozco a juzgado auxiliar en Guanajuato, bajo el argumento de carga de trabajo.
27 marzo del 2010 – Se realiza el desahogo de pruebas en la Contraloría municipal, pero esta vez por el tema de la inhabilitación. Orozco no se presenta, sólo sus  abogados. El entonces contralor Alejandro Regalado, dijo que Martín Orozco subestimaba al órgano de control.
28 de marzo del 2010 – “No era necesaria mi presencia en el desahogo de pruebas en la Controlaría municipal” expresó en entrevista telefónica Martín Orozco Sandoval, justificándose su ausencia en la presentación de pruebas sobre su posible inhabilitación.
2 de abril del 2010 – Anuncia el contralor Alejandro Regalado, que en los primeros días de las semana del 5 al 10 de abril saldría la resolución de la inhabilitación del expresidente municipal y otros siete funcionarios de su administración.
5 abril del 2010 – Orozco señala en conferencia de prensa estar preparado para recibir la notificación de inhabilitación, advierte que sus abogados ya tienen trabajada su defensa. Reitera que sigue siendo la única opción de Acción Nacional para la gubernatura.
6 de abril del 2010 – Inhabilita la Contraloría a Martín Orozco por catorce años para ocupar cargos públicos y a siete funcionarios más.

 


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