- Insiste en que oralidad debe introducirse en lo general y no sólo en narcomenudeo
- Conatrib e ITESM desarrollan modelo de implementación para todas las entidades; resultados hasta abril
La Comisión Estatal de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial diseñó un cronograma de actividades para este año con el que pretendía generar un avance la adopción de la reforma federal en materia de justicia; sin embargo, éste deberá ser modificado puesto que en puntos como el narcomenudeo y la ejecución de juicios será imposible cumplir con él.
Así lo consideró el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia local (STJ), Juan Arturo Muñiz Candelas, quien detalló que de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de agosto de 2009, lo que entraría en vigor al día siguiente sería la ley de implementación de la reforma en materia de narcomenudeo; un año después, “deberían de estar todas las reformas” a nivel local relacionadas con ese delito y finalmente hasta el 20 de agosto de 2012 “todas las autoridades involucradas, ejercer las atribuciones correspondientes”.
Según ese cronograma, en Aguascalientes se implementaría la oralidad en los juicios derivados de la comisión de este delito, pero “la oralidad debe llevarse a cabo de una manera gradual, sin prisas, para que tanto en la cuestión procedimental como en la misma difusión que tenga (…) pueda tener una connotación en la propia sociedad”, comentó.
Muñiz Candelas justificó que esta nueva modalidad de los juicios implicará que sean conocidos no sólo por los funcionarios, sino por los abogados y la propia ciudadanía, así como las universidades, para que adapten sus programas de estudios; subrayó que el cronograma “tiene que replantearse y creo que la coordinación nos debe llevar a tratar de impulsar la oralidad no nada más en el narcomenudeo, sino en lo general”.
Y es que en un proyecto conjunto entre la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus México, se están estudiando todas las implicaciones de la implementación de la reforma, pero los resultados llevaban hasta febrero un avance del 20 por ciento.
“Ellos están elaborando un diseño de un modelo de planeación de la reforma penal mexicana”, dijo; los resultados de este proyecto se tendrán posiblemente hasta abril “y entonces sí sabremos cantidades (…) vamos a tener el número de personal que debemos requerir e incluso qué vamos a hacer con los jueces que tenemos actualmente, qué se puede hacer con ellos”, para evitar contratiempos que se han presentado en otras entidades donde conviven jueces de oralidad con los todavía insertos en el actual sistema..
El esquema actual plantea lo siguiente: para el mes de marzo “se haría la formulación de presupuesto para operar el sistema de narcomenudeo (…), la publicación de la convocatoria para integración del sistema, la presentación de iniciativa de ley (…) y la integración al trabajo de comisiones en el Congreso”.
En abril darían inicio los cursos de capacitación para el personal involucrado en el sistema de narcomenudeo “y se planteaba la posibilidad de que se hubiera concluido ya la aprobación de la legislación” relacionada.
Para mayo se seleccionaría el personal a integrar y el inicio de la segunda etapa de capacitación, así como los trabajos de obra y equipamiento de los espacios necesarios para este nuevo sistema. Además, se publicaría la legislación de narcomenudeo.
La tercera etapa de capacitación y la culminación de obra y equipamiento se darían en junio y en julio se entraría a “la fase de acondicionamiento final del sistema” para, en agosto, dar paso a la “implementación técnica del sistema”, que abarcaría la entrega de nombramientos a los funcionarios del sistema, los ajustes finales y el inicio de actividades.
Además de la cuestión de los juicios orales, el titular del Poder Judicial en el estado señaló que la reforma aprobada a nivel federal en 2008 “trae diversas situaciones relacionadas con el crimen organizado, disposiciones relacionadas con medidas precautorias, arraigos, cateos…”, además de contemplar a un “juez de ejecución de sentencia” que vigilará que las sentencias se cumplan conforme lo dictado por el juez y que quienes purgan una pena realmente se puedan reinsertar en la sociedad.
Se contempla también la creación de un “juez de control”, que se encargará de “actos previos relacionados con medidas cautelares, para evitar la evasión de las personas y destrucción de evidencia”.
