- La SSP encabeza la lista de información pública que no se puede obtener
- La administración municipal, por las mismas: pasó de 6 a 25 respuestas de este tipo
Casi un 300 por ciento fue el incremento en respuestas negativas/reservadas a solicitudes de información dirigidas a dependencias y entidades del gobierno del estado entre 2008 y 2009, según consta en el portal de Internet del Instituto de Transparencia del estado (ITEA), encabezando la lista la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE).
De acuerdo con la información, en 2009 se presentó ante el ITE un total de 3 mil 87 solicitudes, de las cuales mil 889 se dirigieron a alguna secretaría, instituto o instancia gubernamental, siendo 128 de sus respuestas el 82.58 por ciento de las 155 peticiones que se catalogaron como información reservada.
Esto, cuando entre enero y diciembre del año anterior, el ITEA recibió 2 mil 585 solicitudes, de las que mil 429 se dirigieron a organismos gubernamentales. En ese año, sólo hubo 41 solicitudes cuya respuesta se consideró reservada y de éstas, 33 fueron emitidas por el gobierno del estado; es decir, el 80.49 por ciento.
Entre un año y otro, la cantidad de solicitudes respondidas de esta manera por parte del ejecutivo incrementó en 95 casos, equivalentes al 287.88 por ciento.
En ambos períodos, la SSPE fue la dependencia a la que se le solicitó más información de tipo reservada, pasando de 14 respuestas en 2008 a 68 el año siguiente: un incremento de 385.71 por ciento.
Formaron parte de la información reservada por esta secretaría peticiones de información relacionada con la cantidad de elementos con que cuenta la corporación, aún sin pedir nombres ni grados; inversión que hace la secretaría en programas, mantenimiento, capacitación, etc.; información estadística de los Centros de Readaptación Social (CERESO) en la entidad, como número de internos y custodios; costo y conformación de la nómina de operadores del helicóptero “Águila 1”; sobre la cantidad y el tipo de patrullas con que cuenta; presupuesto destinado a mantenimiento de instalaciones, cantidad del personal facultado para portar armas, municipios a los que se haya entregado equipo y armamento, entre otras.
El Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA) y el Fideicomiso del Fondo de Seguridad (Foseg), reúnen otras siete respuestas reservadas relacionadas con el tema de la seguridad pública en el estado.
En 2008, la segunda entidad gubernamental con mayor cantidad de información reservada fue el Instituto de Vivienda del estado (IVEA), con tres respuestas de este tipo, mientras que el año pasado emitió sólo dos.
Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, el IVEA recibió 78 solicitudes de información, de las cuales tres que pedían conocer la extensión, ubicación, colindancias, costo e inmobiliaria o comisionado que intervino en cada transacción; las tres fueron reservadas, contestándose únicamente que la reserva territorial se define como “las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento”.
Esta información fue dada a conocer de manera pública la semana pasada por el titular de ese instituto, Alberto Serna Dávila, durante la glosa del quinto informe de gobierno ante los diputados locales.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) ocupó hace dos años también el segundo lugar en información reservada, con tres solicitudes resueltas de esa manera; para el año pasado, casi sextuplicó la cantidad de solicitudes de información clasificada como reservada, con 20 casos.
La instancia, a la cual el Congreso del estado pretende independizar del ejecutivo para dotarla de mayor autonomía y transparencia, consideró reservada información que, en efecto es confidencial, como el caso de averiguaciones previas; sin embargo, dentro de esta clasificación incluyó también el número de elementos dados de baja de la corporación, número de averiguaciones previas en las que estuvieran involucrados los tres sub procuradores como parte o abogados y los salarios que percibe un policía ministerial o judicial.
Las secretarías de gestión e innovación (Segi) y finanzas (Sefi), también aumentaron la información reservada; la primera, pasó de cinco a 12 respuestas. La segunda, de cero a seis.
En el caso del municipio capital, la cantidad de peticiones vía ley de transparencia que no han sido respondidas por considerarse información reservada incrementó de seis, en 2008, a 25 en 2009, estando en su mayoría relacionadas también con la corporación o la secretaría de seguridad pública municipal.
