- Advirtió que se debe a lo inequitativo de la legislación
- Necesaria la autonomía de la Junta ECyA
Existen despachos de abogados sin escrúpulos que inventan casos laborales para demandar a patrones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a fin de obtener porcentajes importantes a costillas de sus clientes, señaló Juan Carlos Arredondo Hernández, presidente del Colegio de Abogados, quien dijo que esto es posible debido a que la legislación actual no exige pruebas de los hechos de los que se acusan a los empleadores, durante su participación en la conferencia sobre los resultados del foro de seguridad organizado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“En la actualidad el empleado nada más afirma no tienen que probar absolutamente nada y al que le cuesta todo el trabajo procesal es al patrón, si bien puede existir una diferencia entre el capital y el obrero, creemos que el trabajador ya está mejor preparado”, indicó que con esta reforma se estaría dando equidad a los juicios laborales, donde haya un litigio real donde el trabajador pruebe y el patrón se defienda.
Con respecto a una posible desventaja del empleado en contraste con el patrón por cuestiones educativas, que le impidan saber datos referentes a la empresa en que trabaja que le permitan probar las obligaciones de la empresa en la que trabajada, Arredondo Hernández, apuntó que lo que académicamente se ha sugerido para evitar este problema es la creación de una inspección del trabajo estatal, que verifique que aglutine toda la documentación pertinente a las empresas en su relación con sus trabajadores, información disponible en caso de un juicio laboral.
Detalló que la legislación actual lejos de beneficiar al empleado que demanda, beneficia al abogado que lo representa, “esto ha generado una simulación de juicio, en que un trabajador cae en manos de un abogado, sin ética, el abogado inventa unos hechos, una circunstancia que puede ser cierta o no, pero a veces la exagera, sabiendo a que a él le va a corresponder un 30, 40 por ciento de los honorarios”.
Dijo que los despachos que se dedican a esto presentan constantemente demandas de tipo laboral aprovechándose de trabajadores que reciben todos sus derechos, pero que son persuadidos a participar en estos actos, donde al final de un proceso de meses pueden llegar a obtener fuertes cantidades de dinero en razón de los días de salarios caídos, por lo que insistió en que es un tema que se debe analizar sobre la legislación vigente, así como la creación de la oficina de inspección estatal del trabajo, como ya se hace en otros estados.
Otra de las conclusiones del foro, es que la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, sea un organismo autónomo, independiente del gobierno del estado “Creemos que no es sano, porque así siempre habrá la tentación del estado de poder tomar una opinión o poder incidir en una decisión, debe haber una autonomía y una reforma que se pueda hacer para que vaya al poder judicial del estado”.
Asimismo señaló que hacen falta modificaciones en el estatuto jurídico, de los trabajadores al servicio del estado, ya que, sus garantías frente al estado son menores, entre estas desventajas citó el derecho de huelga, que dijo está limitado para este grupo de trabajadores.
