El acuerdo donde el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) determinó, entre otras cosas, que los funcionarios públicos que deseen contender en la próxima elección local deberán separarse de su cargo a más tardar el 30 de noviembre, fue publicado de forma irregular en el Periódico Oficial del Estado (POE); es decir, antes de ser emitido por el órgano electoral.
El acuerdo se publicó en el POE extraordinario del viernes 6 de noviembre, dado que la sesión extraordinaria del Consejo del IEE se llevó a cabo el día anterior; sin embargo, a las 12 del día de esa fecha los consejeros declararon un receso.
La sesión se retomó el mismo viernes a las 11 de la mañana y fue
hasta después de tres horas de discusión que se aprobó, cuatro votos
contra tres, la parte del acuerdo que dejó establecido que “los
servidores públicos que pretendan contender a un cargo de elección
popular durante el proceso electoral 2009-2010, a celebrarse en esta
Entidad Federativa, deberán separarse de sus cargos con antelación al
proceso electoral referido, por lo que el día 30 de noviembre de 2009
constituye la fecha máxima para dicho evento”.
Mientras tanto, según apuntó el presidente de la comisión de asuntos
electorales en el Congreso local, Gerardo Sánchez Garibay, el Periódico
Oficial se publica regularmente a las 8 de la mañana, tres horas antes
de reanudarse la sesión en el IEE, además de que “primero, llama la
atención que el periódico se publica los lunes y este se publicó en
viernes”.
Cabe aclarar que, según el portal de internet de gobierno del
estado, el número del POE publicado en esa fecha tiene la calidad de
extraordinario.
De este modo, los actores interesados en presentar un recurso en
contra del acuerdo tomado, habrían tenido hasta ayer para hacerlo y, de
acuerdo a la última información a la que se tuvo acceso, el Instituto
ya había recibido ocho de esos recursos, entre los que se encontraban
el interpuesto por la dirigencia estatal del PRI, por el representante
del Partido Nueva Alianza (PANAL) y un funcionario público de la
Secretaría de Desarrollo Social. (Sedeso).
Sánchez Garibay esperó “que no se consideren los consejeros como
legisladores, que puedan detener el reloj legislativo” y al igual que
él, el coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional,
Fernando Palomino Topete, sugirió que pudiera tratarse de una
“chacanada”.
El comisionado presidente de asuntos electorales en el Congreso
responsabilizó al propio IEE de esta irregularidad pues, “para que se
publique algo en el Periódico (Oficial) debe remitirse el oficio de
solicitud de autorización por parte del responsable, en este caso el
Instituto que, si lo remitió el día 5, lo hizo de forma irregular, ya
que la sesión todavía no había terminado”.
Cabe destacar que en septiembre pasado ocurrió lo mismo, pues en el
Periódico Oficial del viernes 25 se publicó el decreto donde se
designaba a los Consejeros Electorales con fecha del martes 22,
afectando a quienes entonces estaban interesados en interponer algún
recurso de impugnación.
En esas fechas, el director general de la Coordinación Jurídica
Gubernamental de la Secretaría General de Gobierno (Seggob) atribuyó la
situación a “un error técnico”, mismo que fue remediado posteriormente
mediante la publicación de una fe de erratas.
Palomino Topete consideró que “a todas luces” parece que es un
evento fuera de la ley que “lo único que pudiera hacer es confundir y
me parece que esto habla de que no hay la suficiente certeza jurídica
en la propia emisión de acuerdo”, viendo también como único responsable
de la publicación adelantada al IEE.
Añadió que el asunto debe ser tratado desde el punto de vista
jurídico, por lo que será el Supremo Tribunal de Justicia quien
finalmente decida lo que proceda en este caso, pero que
“definitivamente deberá observarlo porque efectivamente las fechas no
obedecen a aquella en la que se obtuvo el acuerdo por parte del
Instituto Estatal Electoral”.
El coordinador parlamentario de Acción Nacional, Jesús Martínez, se
dijo sorprendido por el hecho que calificó de “extraño” por la
“prontitud y rapidez” con que se publicó el acuerdo luego de ser tomado
y consideró que la Secretaría General de Gobierno (Seggob) sería la
encargada de dar respuesta al por qué de la anticipada publicación.
Expresó que “no quisiera pensar que está el secretario general de
gobierno atrás de esto junto con los consejeros”, por lo que recomendó
que la prensa sea quien cuestione a Juan Ángel Pérez Talamantes al
respecto.
La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Nora Ruvalcaba Gámez, manifestó que “desde mi punto de vista, quien
ocasiona esa falta de certeza jurídica es el propio Congreso del
estado, con una mayoría del PRI y del PAN” a la que acusó de una
“indefinición” ante varias reformas a la normativa electoral y luego de
las cuales aún prevalecieron lagunas, entre ellas, las fechas de
separación del cargo.
A su vez, dijo, con la emisión del acuerdo, el IEE estaría buscando
“una controversia en la que se erige prácticamente como una autoridad”,
pero que “no resuelve un conflicto”, por lo cual avizoró que el acuerdo
será revocado luego de recibirse todas las apelaciones.
La Jornada Aguascalientes solicitó una entrevista telefónica al
secretario general de Gobierno, misma que no fue concretada, mientras
que resultó imposible localizar al titular de la Coordinación Jurídica
Gubernamental, sin encontrar a ninguno de los dos funcionarios, por lo
que no se pudo contar con su versión.
