En Aguascalientes hay quienes –dentro de las instituciones públicas- están empecinados en ir de pifia en pifia; de arbitrariedad en arbitrariedad, de desatino en desatino, sin medir las consecuencias que tienen en la comunidad las actuaciones de los entes públicos. Ahora ha sido el turno –nuevamente- del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el que en una actuación que es todo un monumento a la ilegalidad, acaba determinando que todos los funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno –niveles los llama el Acuerdo, con toda ignorancia de nuestra forma de estado- deben separarse de sus cargos a más tardar el 30 de noviembre de 2009, es decir; en dos semanas más, si es que quieren aspirar a participar como candidatos en el próximo proceso electoral de julio de 2010, ello con independencia del cargo al que pretendan aspirar.
El acuerdo generó un cúmulo de reacciones en contra, de parte de
actores de todos los ámbitos políticos, de todos los colores y sabores,
todo por la pretensión de afectar a alguien. Ese acuerdo tiene
dedicatoria, sin duda alguna y es de entenderse de dónde viene y a
dónde va. Pero en ese ínter, se ha actuado con franca ilegalidad y con
consecuencias a todas luces inconvenientes. Bueno, tan dedicatoria
tiene, que su publicación en el Periódico Oficial, aparentemente se
hizo con toda prisa, la misma tarde del viernes 6, a unas horas de su
aprobación.
En efecto, el acuerdo exige la separación del cargo de todos los
servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular en
Aguascalientes, en 2010. Y como dijo la monjita: “dijo a todas”! Sí, el
acuerdo, emitido de manera impensada, no obstante su tremendo rollo de
expresiones jurídico-electorales, como para que parezca que fue hecho
con seriedad, se lleva entre las patas a medio mundo, sin medir las
consecuencias. Esa es su primer nota de inconveniencia y falta de
seriedad. Por pretender afectar a uno u otro actor político, sobre todo
quienes aspiran a la gubernatura, el acuerdo barre con todos, sin
motivo ni sustento legal.
Mire el lector: para empezar, el acuerdo tiene tanta pretensión de
ser la punta de lanza de un ejemplar proceso electoral, que empieza
ordenando que se queden sin chamba a partir del 30 de noviembre próximo
todos los funcionarios públicos, sean los que sean y trabajen donde
trabajen. Esto implica que por ejemplo, todos los maestros en
instituciones públicas, así den sólo una clase, tendrán que separarse
de su cargo a más tardar en tres semanas. Sí, todo servidor público
–los maestros en instituciones públicas lo son- están incluidos en los
términos del acuerdo y los pasaron a perjudicar. Si alguno quería
aspirar a regidor, diputado o alcalde, y cualquiera de tales
aspiraciones fuera ya para el cargo de propietario o ya para el de
suplente, o aún para el cargo de gobernador, debe separarse del cargo
ya prontito, pues si no lo hace, por no darse cuenta de que su empleo
queda comprendido dentro de los términos del acuerdo, entonces, cuando
pretendiera ser registrado o en su caso elegido, su aspiración o
elección se vendrían abajo por incumplimiento del acuerdo de la
autoridad electoral “que se lo llevó al baile”.
Otra nota de grave inconveniencia de este acuerdo, derivada desde
luego de su ilegalidad, es que resultó peor el remedio que la
enfermedad. El acuerdo pretende dar certeza al proceso electoral, ello
en supuesta defensa de dicho principio que debe regir entre los pilares
de la materia electoral. Sin embargo, el acuerdo tiene entre sus
primeros efectos introducir una grave nota de incertidumbre al proceso.
Por lo pronto lo va a judicializar, es decir, los interesados van a
promover sin duda la defensa por los cauces legales procedentes y esto
ya es de por sí es incertidumbre. ¿Se van o no se van?
Pero más grave aún, derivado de esta injustificada orden de
separación anticipada del cargo y de su cuestionable juridicidad y de
su consecuente controversia ante los tribunales, generará una
afectación a la marcha de las instituciones públicas. ¿Se deben ya ir o
no los funcionarios o servidores públicos que originalmente se tendrían
que separar noventa días antes del día de la elección, tal como lo
manda la Constitución del Estado? Las funciones públicas no pueden
estar sujetas a veleidades ni a caprichitos de algunos de los
detentadores del poder. Desde este momento de expedición del acuerdo,
los servidores públicos que están al cargo de las funciones
gubernativas, es decir de los actos y actividades que conciernen a la
comunidad, así como de los planes, programas y demás acciones de
gobierno y que conforme a la Constitución del Estado podrían
desarrollar sus funciones hasta inicios de abril próximo, ahorita, de
sopetón tienen que hacer maletas; es decir, vendría un cambio súbito en
muchos cargos públicos, imprevista, impensada, con graves consecuencias
para la marcha de los asuntos públicos. Pero ah, qué Consejeros, con
tal de darle gusto a alguien que tiene el ejercicio del poder corruptor
del dinero, se aventaron una buena.
Por último, sin que este apunte sea una expresión de argumentos
jurídicos sobre la ilegalidad del acuerdo que nos ocupa, diremos que el
mismo es de considerarse que no tiene sustento constitucional alguno.
El Consejo Electoral, argumentando que se asume como intérprete de las
disposiciones legales de la materia, se ha colocado en funciones de
constituyente violando flagrantemente las normas de la Ley Fundamental
que establecen los requisitos que deben satisfacer los ciudadanos que
aspiren a los cargos públicos que estarán en juego en el próximo
proceso electoral de Aguascalientes.
El jueves pasado –y días antes- se interpusieron los medios de
defensa legal que se consideran procedentes, pertinentes y de
conformidad a los argumentos que los interesados estiman fundados. Los
tribunales resolverán. Por lo pronto, el proceso empezará viciado y
sometido a decisiones judiciales de manera prácticamente generalizada.
Nos vemos la semana que entra, si dios nos da vida y otros no nos la
han quitado.
lic.guillermo.macias@gmail.com
