Por fin quedó “cuadrado” y “planchado”, como le dicen los diputados, el presupuesto federal de egresos para 2010. Después de intensas sesiones de jaloneos para cubrir las demandas de cada una de las fracciones parlamentarias, quedó además almidonado y doblado, con las arrugas e inconsistencias bien escondidas, para dejar a todos contentos. Ahora, de manera similar a como se decía del sector privado, empresarios ricos y empresas pobres, el próximo año vamos a tener gobiernos ricos con pueblo pobre.
Después de estresar política y socialmente a toda la población por la urgencia de aprobar nuevos impuestos y aumentar otros, ya que iba a faltar mucho dinero por la “crisis que vino de fuera”, resulta que ya no va a ser necesaria la austeridad gubernamental en 2010. Basado en más ingresos para el gobierno, el proyecto presupuestal del gobierno federal, cual suculento chorizo arrojado a una jauría, quedó hecho jirones tras el hambre partidista. Los ganadores en el reparto son los gobiernos estatales. En diez estados un presupuesto ampliado tendrá que rendir sus electorales frutos con miras a la alineación hacia el 2012.
Sin demasiado esfuerzo de su parte y encabezados por el mimado del
sistema, el titular del ejecutivo en el Estado de México, varios
gobernadores regresan presumiendo haber conseguido recursos adicionales
de la Federación. El origen de los recursos fomenta la posibilidad de
enorme discrecionalidad en su manejo. Como que cuando el dinero se
obtiene fácilmente, se relajan los criterios para gastarlo. El riesgo
de que los congresos locales avalen sin importantes cuestionamientos lo
que el ejecutivo proponga resulta un tema de mucho mayor cuidado en las
entidades con un proceso electoral en puerta o un “año de hidalgo”.
En Aguascalientes, por ejemplo, se han puesto ya las prioridades
para gastar los $1,500 millones así obtenidos, teóricamente a favor de
la amplia gama de responsabilidades del gobierno estatal como salud,
educación, cultura, desarrollo social, fomento de la actividad
económica, y creación de infraestructura. Se gastará, se dice, a favor
de la salud, pero se destinarán $315 millones para la construcción del
Hospital Hidalgo, dando plusvalía a las tierras que antes pertenecieron
al complejo ferrocarrilero y generando trabajo para empresas
constructoras. Se destinarán $547 millones también para obras, en este
caso, la infraestructura hidráulica que lleva a la modernización del
Distrito de Riego 01, con gasto a favor de los constructores y
plusvalía a las tierras de aquella zona.
Siguiendo la misma lógica de derrama económica, irán $260.5 millones
a infraestructura carretera, que incluye pasos a desnivel, ofreciendo
trabajo a constructoras, entre las que se encuentra una que es
propiedad del ejecutivo mexiquense. Además, $127 millones irán a
modernización, construcción y rehabilitación de caminos rurales. $95
millones más para el Desarrollo Metropolitano de la zona conurbada de
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo; otros 21
millones para terminar el velódromo y $79 millones más para construir
el Centro de Convenciones. También se destinarán $135 millones, se dice
que para seguridad pública, pero se construirán controles de acceso al
estado. Sin entrar en detalles, se observa que la población
beneficiaria con el resto los recursos federales adicionales son
quienes de alguna manera están relacionados con el Patronato de la
Feria Nacional de San Marcos, los eventos del bicentenario y a obras de
preservación de recursos naturales.
Se espera que, ya sin la presión económica que prevalecía antes de
que se aprobara y repartiera el presupuesto federal, se otorgue un
aumento al presupuesto de la UAA, el cual hasta hace unos días era de
$132 millones, un poco más de la mitad del “bachecito” que representaba
el faltante en el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes.
Pero nadie ha dicho aún nada sobre aumentar el monto, hasta ahora de
188 mil pesos para becas, que representa la mitad de la centésima parte
del 1% del presupuesto a educación. Y para el desarrollo social irá el
8% de lo que se destinará a las obras de construcción previstas con el
presupuesto adicional.
Es en estos casos cuando la ciudadanía económica debería hacer valer
su peso a través de adicionales mecanismos de auditoría. Los recursos
adicionales, al venir de la Federación, para su ejercicio, bien pueden
ser sujetos a procedimientos que allí se aplican, como es la
etiquetación previa de cada rubro y partida. Es común, como se ha
podido constatar, la holgura e indefinición conceptual de varios rubros
del gasto público. En la palabra “modernización” pueden caber tanto
gastos materiales (construcción, compra de consumibles) como gastos
humanos (honorarios, sueldos, etc.).
El procedimiento de “Proyectos de Coinversión” por ejemplo, pone el
objetivo para el cual se destinará un recurso en reglas de operación
que habrán de cumplir organismos de la sociedad civil previamente
autorizados y perfectamente auditables. No parece ser mucho pedir que
los diputados locales pongan candados a la discrecionalidad del gasto
