Las posturas dentro del Instituto Estatal Electoral (IEE) en cuanto a la publicación de la separación del cargo antes del 30 de noviembre, estuvieron divididas entre la consejera Georgina Balkigia y el presidente del organismo, Salvador Hernández Gallegos.
Por su parte la consejera sostuvo que no estaba informada de este hecho y que fue precisamente en una entrevista por radio cuando tuvo la oportunidad de enterarse de que a su criterio, el acuerdo había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día lunes de esta semana, sin embargo con fecha en el acuerdo del día viernes 6 de noviembre.
Al reconocer este problema, dijo que todo consistía en un “error
humano”, mismo que ya había pasado con anterioridad justo cuando los
consejeros electorales habían sido reelectos, por lo que tuvieron que
acudir a la Secretaría General de Gobierno para que enmendara el asunto
y de esta forma tuvieron que emitir una fe de erratas en la que
reconocían el error, situación que consideró pudiera ser en esta
ocasión la respuesta adecuada.
Mencionó ser una persona que confía en las autoridades y por ende,
no concebía que este hubiera sido un error planeado por las autoridades
del gobierno del estado, explicó que en caso de existir esta falla, los
días de impugnación estarían ampliándose para terminar el día de hoy y
no ayer, debido a que son cuatro días hábiles siguientes de la
publicación.
“Yo no creo que el gobierno del estado quisiera contaminar el
proceso, porque a nadie le conviene que esta bola de nieve siga
creciendo”, pensando en que la jornada electoral estará llevándose a
cabo de manera firma y que las diferencias no esclarecidas en el Código
puedan subsanarse antes de crearse alguna situación de adversidad.
Reiteró que en todo caso los más afectados en el hecho de que el
procedimiento de publicación no haya sido el adecuado, son los
interesados los de mayor impacto por el periodo de tiempo de
impugnación.
En este sentido, Hernández Gallegos negó en todo momento que las
declaraciones vertidas por el diputado local priísta, Gerardo Sánchez
Garibay sean verídicas, porque “no puede publicarse algo de lo que no
tiene conocimiento, sería demasiado aventurado, lo dudo, tajantemente
lo niego”.
Informó que mandaron el documento a la Secretaría General de
Gobierno el mismo viernes alrededor de las 2 de la tarde, con las
modificaciones realizadas ante el consejo del IEE, “nosotros los
mandamos a la Secretaría de Gobierno y ellos son los que tiene la
facultad de publicarlo ya sea el viernes, sábado, domingo, lunes,
martes…”
Mencionó que en todo caso la responsabilidad debe de aclararse con
el secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes,
puntualizando en que durante este procedimiento de designación de la
fecha límite, no existió ninguna injerencia por parte del gobierno del
estado, “nosotros hemos sido respetuosos con cada una de las
autoridades y en determinado momento nosotros no tenemos nada que ver
con eso”.
Subrayó que el organismo electoral solamente ha recibido comentarios
de la mayoría de los actores políticos pero la decisión en el Consejo
queda en la responsabilidad de cada participante.
Son ocho los juicios de apelación contra el acuerdo
La fecha límite de remoción del cargo tuvo varias inconformidades y
hasta el cierre de esta edición eran ocho los juicios de apelación que
había recibido el IEE, entre ellos el de Francisco Ramírez Martínez,
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Armando
Quezada Chávez, en su calidad de ciudadano; José Antonio Mejía Rivero,
en calidad de ciudadano y funcionario de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESO); Ismael Cornejo Macías, como ciudadano; el diputado
local independiente, Cesar Amado Cervantes Mena; el presidente
municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, en su calidad
de ciudadano; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en su
calidad de ciudadano, Guillermo Macías y Díaz Infante.
Explicó que la apelación se remite al Supremo Tribunal de Justicia
porque todavía no está instalado el tribunal electoral, en caso de
existir una inconformidad será la Sala Superior la que resuelva como
última instancia.
Este procedimiento dependerá sobre todo del trabajo que el órgano
judicial tenga, esperando que pueda desecharse antes del 30 de
noviembre, para dar mayor certeza jurídica, pues el proceso está en
marcha, finalizó.
