Los trabajos conjuntos de la confección de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio 2010 dieron inicio ayer, con la comparecencia del secretario de Finanzas, Pablo Giacinti Olavarrieta, ante el pleno del Congreso local.
Luego de su mensaje, en el que reiteró los principales puntos
expuestos durante la presentación del paquete el mes pasado y reconoció
la necesidad de hacer más eficiente y productivo el gasto público, en
el primer bloque de preguntas de los legisladores reconoció que en
gasto corriente “hay rubros que pareciera haber un incremento fuera de
proporción de un año a otro”, pero que al analizarse dependencia por
dependencia, “todos tienen una explicación”.
Entre los temas abordados por la bancada del PRI, resaltó el del
incremento al gasto en telefonía celular y la solicitud de aclaración
en los montos destinados al servicio de la deuda pública.
Giacinti Olavarrieta señaló que “hay dos dependencias -no aclaró
cuáles- del estado que suman 900 mil pesos que clasificaron mal: en
lugar de ponerlo en telefonía convencional, pusieron en celular y
efectivamente habría que hacer ahí la modificación”, con lo que en
lugar de los tres millones 75 mil pesos proyectados, deberán quedar dos
millones 175 mil pesos.
Justificó también que la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
solicitó un incremento en este rubro por sus propias actividades,
además de señalar que los gastos a la alza en seguridad pública y PGJ
obedecen a la desaparición del Fondo de Seguridad (Foseg), mediante el
cual se transferían recursos federales con los que se solventaban estos
gastos.
Sobre los cuestionamientos del por qué no se destinaba, conforme la
Iniciativa de Ley de Ingresos, el 80 por ciento de lo recaudado a
través del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) al servicio de la Deuda
Pública y del destino de esos recursos, el tesorero consideró que “no
es asunto de mi comparecencia”, ya que la información se encuentra
disponible en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas
(Sefi), además de haberse entregado en la carpeta que los integrantes
de la junta de gobierno del Instituto de Vivienda (IVEA) entregaron
durante la comparecencia del mes pasado.
No obstante, informó que en el 2009 se han pagado 65 millones de
pesos al capital y 94 millones de pesos a intereses en los créditos que
tiene contratados el gobierno estatal; sumando un total de 265 millones
de pesos a capital y 429 millones a intereses en créditos contratados
con Banobras (más de 5 millones), con HSBC (500 millones de pesos), con
Interacciones Sociales (más de 63 millones), con Banorte (millón y
medio) y 390 millones autorizados para el presente ejercicio.
Esa falta de endeudamiento que se observa en la propuesta de
presupuesto de 2010, dijo, es la razón de la reducción en gasto de
inversión que también se observa; sostuvo, sin embargo, que “para 2010
se prevén mil 25 millones 36 mil pesos, un decremento de 241 millones
278 mil pesos” a los que deben restársele los 390 millones del
empréstito y con eso se observa un crecimiento de 148 por ciento en el
gasto de inversión.
De la bancada del PAN que se comportó tibia y poco incisiva con el
secretario de estado, cuestionó el motivo del incremento a los recursos
proyectados para el Fideicomiso de Inversión y Administración para el
Desarrollo Económico del estado (FIADE) “pregunta que también le
planteó uno de los priístas-.
Justificó que dicho incremento se da porque las tasas de interés han
decrecido, pero acerca de los proyectos que se harán o se dejarán de
hacer con el dinero del fideicomiso corresponderán a la decisión que
tome el Comité Técnico del mismo.
Los cuestionamientos de la perredista Nora Ruvalcaba fueron en el
sentido de conocer por qué no se establece una partida para el posible,
deseable, necesario y obligatorio pago que deberá hacerse de no
solventarse las observaciones hechas por el Órgano Superior de
Fiscalización (OSF) en la cuenta pública de 2007 y la posibilidad de
hacer las modificaciones que permitan regresar a los municipios el 23
por ciento que por concepto de impuesto de tenencia que se les retiró.
Giacinti le respondió que, en efecto los municipios tuvieron
momentos difíciles económicamente, “pero no nos ahogamos”, además de
que “la tendencia en el país y en todos los países es que los estados y
los municipios cada vez sean más independientes en la recaudación de
sus propios impuestos”, lo que se traduciría en el incremento de los
que ya hay o la creación de otros nuevos.
Luego de tres horas de comparecencia, vinieron los pronunciamientos
por partido. El PAN señaló que “de considerarlo necesario, realizaremos
algunas reasignaciones” que no afecten el combate a la pobreza,
seguridad pública, justicia, salud, educación y campo, en un
presupuesto de egresos que “le estaremos aprobando al estado”,
privilegiando la austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y
racionalidad del gasto público, “tal y como se ha venido realizando en
el gobierno del estado”.
El PRI insistió en que “hay márgenes (…) para la reasignación de
gasto en dependencias no prioritarias” y anunció que priorizará el
desarrollo social, desarrollo económico, agropecuario, salud, educación
y seguridad pública.
El PVEM señaló que “el gobernador propone y el Congreso dispone” y
en ese sentido afirmó que votará contra “eliminar recursos” a seguridad
pública y obra pública, contra aumentos en gasto de alimentos y
teléfonía celular, viáticos y otras prebendas de la clase política.
PRD y Convergencia reiteraron que la última palabra la tiene el
legislativo y que actuarán en congruencia con las necesidades de
Aguascalientes.
No se le hace ningún favor a la UAA con reasignación de 50 mdp
Ante estudiantes que con mantas expresaron su punto de vista
favorable al respecto, advirtiendo que le darán seguimiento, el
reciente anuncio del redireccionamiento de hasta 50 millones de pesos
del estado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue otro
de los temas constantes en la comparecencia de ayer.
El PRI sentenció que con la medida, el gobierno del estado “no le
está haciendo ningún favor” a la máxima casa de estudios y aunque al
igual que el PAN se manifestó por un trabajo de colaboración para hacer
efectivo el decreto 13, advirtió que “vendrá la noche de los cuchillos
largos” en la que habrá de hacerse reasignaciones de los rubros que no
se consideren prioritarios.
En el mismo ánimo se pronunció el tesorero, que antes de comparecer
comentó en entrevista a la UAA “lo que le toca de acuerdo a la Ley
Orgánica (de la UAA); es la voluntad del Ejecutivo el poderlo apoyar,
hay que recordar que la ley orgánica no es vinculatoria a ninguna ley
ni obliga al estado a proporcionar los recursos y eso yo creo que debe
quedar claro”.
