El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), fue objeto de 28 observaciones en la revisión que la comisión de vigilancia del Congreso del estado realizó de las cuentas públicas del segundo semestre de 2007 y en ellas se presume la existencia de aviadores y apoyos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con plazas, pago indebido y excesivo de salarios y construcción de inmuebles.
Destaca entre esos puntos la observación número cuatro, en la que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), tras revisar las nóminas que se pagaron en 2007 con recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), encontró “la existencia de 119 personas con puestos no autorizados que ocupan 125 plazas, a los que se les han realizado 125 pagos que ascienden a 199 mil 690.37 pesos anuales de sueldos brutos pagados en 2007”.
La respuesta que el titular del IEA, Óscar Ponce Hernández, envió al
organismo fiscalizador fue la de que “se depuró la base de los
registros” que estaban en esta situación, lo que a juicios del OSF es
una “aceptación tácita de la improcedencia de los pagos”.
En este caso, el director del Instituto deberá acreditar dicha
depuración y resarcir los casi 200 mil pesos a FAEB, mientras que la
Contraloría deberá proceder a deslindar responsabilidades e imponer las
sanciones correspondientes.
Otra de las observaciones, la número 5, indica que de las 108 plazas
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó en la entidad
para el periodo 2007-2008, 51 fueron utilizadas para apoyo del SNTE,
además de que en general no fueron aplicadas conforme a lo establecido
en los oficios de otorgamiento.
En su respuesta el IEA presentó cédulas sin firmar y sin acotar
quién las había elaborado y afirmó que ante la Auditoría Superior de la
Federación se solventó esa observación devolviendo al FAEB el monto
erogado en los sueldos “durante el tiempo en que dichas plazas fueron
utilizadas en otros fines distintos a los autorizados”, cantidad que
ascendió a 30 millones 853 mil 196.15 pesos, más 844 mil 606.16 pesos
de intereses; sin embargo, no comprobó el reintegro.
El OSF determinó que, de no acreditarse este reintegro, la
Contraloría deberá investigar para deslindar responsabilidades e
imponer sanciones.
Asimismo, de la observación número 6 se obtiene que “de acuerdo con
el análisis de la relación de personal docente con licencia sin goce
de sueldo y que laboran en otras dependencias (…) existen funcionarios
que cobran sueldos”, significando esto con deducciones incluidas, un
gasto de un millón 184 mil 858.64 pesos al Instituto.
El IEA respondió que “antes de la descentralización”, el personal
docente que obtenía algún cargo en los tres niveles de gobierno
mantenía sus plazas docentes cobrándolas “en su totalidad y aún
posterior a ello”, situación que, aseguró, se corrigió en la presente
administración y se reintegró al FAEB el monto erogado en los pagos que
recibían.
No obstante, los auditores ordenaron que se acredite con los
documentos correspondientes lo sostenido por Ponce Hernández y se dé
vista a la Contraloría para que proceda en caso que haya lugar.
En la observación número 7 los auditores encontraron que “existen 76
empleados que cuentan con oficio de comisión “a la Sección 1 del SNTE,
con 152 empleados a los que se les pagaron en total 20 millones 949 mil
976.72 pesos en 2007, deducciones incluidas.
Aunque el IEA alega el reintegro al FAEB de la cantidad pagada a
estos docentes, no presenta evidencia documental ni un documento donde
conste que la ASF realizó esa misma observación y que haya sido
solventada ante ésta, de modo que deberán acreditarse ambos dichos y
darse vista a la Contraloría para que proceda.
En la observación número 8, el Órgano Superior de Fiscalización
detectó a 86 funcionarios que cobraron más de lo estipulado en los
tabuladores de sueldo, significando sus salarios tres millones 292 mil
174.20 pesos de gasto para el IEA.
El IEA deberá reintegrar a las arcas estatales esa cantidad y la
Contraloría deberá proceder, al haber respondido la dependencia
presentando el tabulador salarial fue el mismo sobre el cual se hizo la
observación, cuando “el tabulador salarial propuesto por la Secretaría
de Gestión e Innovación (…) determinó que los pagos realizados al
personal de mandos medios y superiores” del Instituto fue superior al
previsto, que ya incluía un aumento del cuatro por ciento.
De la observación 9, no se acreditó la autorización del incremento
al complemento de sueldo de ocho funcionarios, lo que de cualquier
forma violaría el reglamento interno del Instituto que no confiere al
director de finanzas y administración –que Ponce señaló como
responsable- la autoridad para autorizarlos.
De igual forma, no se justificó la ampliación de horario ni se
comprobó el trabajo por el que se justificó el incremento, por un total
de ocho mil 867 pesos a María Luisa Macías Loera, Claudia Lara
Fernández, Carmen Castañeda Pérez, Angélica Macías Escobedo, Tania
Morales Martínez, Danyel Díaz Zúñiga y Armando Rodríguez Esparza.
En la observación 10 se señala el pago de 101 mil 304.84 pesos,
deducciones incluidas, a cuatro personas comisionadas a otras
dependencias.
El IEA argumentó sólo que dichas personas cubren las funciones
establecidas en el fondo, por lo que los fiscalizadores le ordenaron
que “en lo sucesivo regularice la situación laboral del personal en
cuestión”.
Posteriormente, en la observación número 12 se encontró la entrega
de un millón 669 mil 835.63 pesos al SNTE por concepto de “apoyos a
construcciones varias”, mismos que aunque demostró estaban
presupuestados para ese año, no justificó en los dos ejercicios que se
hicieron, el primero 649 mil 811.80 pesos y el segundo por un millón 20
mil 23.83 pesos.
El resto de las observaciones consiste en justificar gastos en
vehículos con cargo al Instituto, liquidaciones, incremento en la
nómina a mandos medios sin nombramiento (que deberá resarcir) y la
justificación de algunos donativos.
