Dos nuevas iniciativas se presentaron ayer ante la Diputación Permanente del Congreso local: una para crear la “Ley de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado de Aguascalientes;” y otra para considerar como grave el delito de encubrimiento en el robo de vehículos y autorpartes.
La primera, presentada por Vicente Pérez Almanza, propone la creación de una ley que, en 33 artículos, incluye a: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los ayuntamientos; las dependencias estatales y municipales; entes autónomos; y “demás servidores públicos que por la naturaleza e importancia de sus funciones determina la ley vigente”.
De ella, destaca la obligación de notificar a la Contraloría General
del Estado o las internas, cuando algún funcionario deje su cargo por
una razón distinta al cambio de administración.
Además, indica que en un caso como éste o en el del término del
ejercicio de una administración, la instancia correspondiente deberá
levantar un acta y entregar a la administración entrante una relación
de “los programas o acciones a su cargo, los recursos humanos,
materiales y financieros asignados para el cumplimiento de sus
funciones, un informe de la situación que guarden los asuntos
relevantes en proceso de atención o resolución, así como un resumen o
informe ejecutivo de los principales resultados obtenidos durante el
periodo que concluye”.
En la exposición de motivos, Pérez Almanza afirmó que “es muy
frecuente el hurto” de mobiliario u otros bienes al término de las
administraciones públicas estatal y municipal, y comentó que con esta
ley se pretende dar orden y transparencia al paso de una administración
a otra en el manejo de las cuentas públicas.
Por otra parte, Jesús Martínez González propuso la iniciativa de
reforma al artículo 76 y de adición de la fracción XXVIII al artículo
481 de la Legislación Penal local, a fin de que sea considerado un
delito grave y sin derecho a libertad bajo caución la adquisición,
recepción u ocultamiento de productos provenientes de robos a casas
habitación, vehículos o autopartes.
Si la iniciativa de Martínez González se aprueba y se eleva a rango
de ley, para que no se considere encubrimiento la adquisición de
artículos robados, el comprador de los mismos deberá cerciorarse de su
legítima procedencia, tramitando ante el Ministerio Público la
expedición de una constancia.
Como en el código actual, la pena por la incurrir en este delito es
de tres meses a cinco años de prisión y de 15 a 160 días de multa,
además de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
El legislador expuso que Aguascalientes ocupa el primer lugar en
robo de vehículos y partes, registrándose cinco hechos por día y mil 34
en lo que va de este año.
