E l fin de semana pasado un comando armado disparó en contra de una multitud de aproximadamente un centenar de personas congregadas en el malecón de Navolato, Sinaloa, asesinando a ocho personas, tres de ellos menores de edad, e hiriendo a otras tres. Ese mismo fin de semana pero horas más adelante otro comando armando disparó en contra de un automóvil familiar en el municipio de China, Nuevo León; en el atentado fueron ejecutadas dos mujeres y resultaron heridas otras cinco personas, entre ellos tres menores.
Estos dos repugnantes hechos ponen en evidencia la terrible realidad en la que el país se encuentra sumergido, en donde la inseguridad y la violencia se han apoderado de nuestras calles, pero sobretodo de nuestra tranquilidad y confianza. La peculiaridad de estos dos casos es que echan por tierra la hipótesis de que la guerra del narco involucra solamente a las personas involucradas en los negocios de la droga, lo cierto es que desde hace poco menos de un mes se viene realizando la más ruin estrategia de ejecución por parte de los sicarios, el atentar contra la población en general, sin importar si se está involucrado o no en negocios ilícitos, o en su caso, ejecutar no solamente al objetivo sino también a su familia, como sucedió el pasado 14 de agosto en el Valle de Juárez, Chihuahua; en donde un grupo armado abrió fuego contra un vehículo compacto en el que viajaba no solamente un informante de La Línea, sino su esposa, hija y nietos; los únicos sobrevivientes fueron los niños, de tres y cuatro años.
Hasta el 19 de agosto del presente año, en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón (32 meses), se han ejecutado a 12 mil 938 personas relacionadas con el crimen organizado; tan sólo en lo que va del año han ejecutado a 4 mil 716 personas. Hoy es una realidad que el miedo ciudadano ya rebasa la confianza en la autoridad.
Ha pasado ya un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Injusticia y la Legalidad (ANSJL), y los resultados lejos de ser alentadores son más bien preocupantes. El ejecutivo federal sólo ha cumplido a plenitud uno de 28 compromisos asumidos en el convenio, manteniendo una escala de evaluación de 5.2 situándolo en un cumplimiento medio, mientras que los otros dos poderes del gobierno federal y los gobiernos estatales tienen niveles medio y bajo de avance en la mayoría de los compromisos plasmados en dicho acuerdo.
A un año de firmado dicho acuerdo las cosas no van mejor, el promedio diario de ejecuciones en el país en los últimos doce meses asciende a 20.10 asesinatos, mientras que en los doce meses anteriores a la firma del convenio el promedio diario de ejecuciones era de 10.25; asimismo los secuestros se han disparado a una tasa de 154 por ciento mayor que hace cinco años, y los plagios sin solución se han incrementado en un nueve por ciento en el último año.
Un último dato que nos ayudará a dimensionar la problemática de inseguridad y violencia que azota al país, si Chihuahua fuera un país, sería el cuarto con mayor número de homicidios de la lista de 115 países reunida por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC); Sinaloa ocuparía la séptima posición. El estudio difundido por la CIDAC apunta que tan sólo en el último año, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se alteró dramáticamente, como en Chihuahua, que pasó de 18.5 casos por cada 100 mil habitantes a 40.1 en tan sólo 12 meses. Sinaloa mantuvo la tendencia alarmante, pasando de 28 a 29.5 crímenes por cada 100 mil habitantes.
El plan de seguridad del ejecutivo federal ha encontrado enormes deficiencias en su implementación, al igual que en la ejecución de sus estrategias; dicen que se está ganando la lucha contra el crimen organizado, yo diría que sólo en lo mediático.
