La actuación de la legislatura que actualmente ejerce el Poder Legislativo del estado ha dejado mucho qué desear. Se ha caracterizado por la ineptitud generalizada de los diputados que la dirigen y que ejercen realmente el poder de decisión y que imponen a los demás las condiciones de funcionamiento.
El ejemplo más claro y evidente de lo anterior son los “palos” que le ha dado el Poder Judicial de la Federación a las decisiones que han tomado tan egregios figurines, en lo tocante a la materia electoral. Primero les declararon la invalidez de la reforma electoral y luego tuvieron que hacer la reforma de la reforma.
Luego, desarrollan un procedimiento en el que mediante convocatoria pública invitan a participar a los ciudadanos y a partir del cual pretenden ejercer la facultad soberana de designación de Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, procedimiento que culminó el 29 de julio pasado con la elección de nuevos consejeros y a los cuales, con una anticipación inexplicable, el mismo día se les tomó la protesta como si ya fueran a ejercer el cargo cuando aún ni siquiera empezaba el tiempo de su periodo; pero en fin, eso es lo de menos al menos para los efectos de este apunte y además, al menos dos de las personas designadas son de mi especial aprecio y reconocimiento por su calidad personal y aptitud para el cargo. Bueno, le ponemos nombres para no dejarlo a conjeturas: Georgina Barkigia –gran experiencia- y Claudia Díaz de León -brillante exalumna mía-. A Dafne Domínguez tuve el gusto de conocerla en el curso electoral y me parece que es una abogada que puede tener buen futuro en las lides jurídico-políticas. Los otros dos designados Jimena Cano y Óscar Hernández, a quienes yo no conocía hasta antes del curso electoral, aparentemente incumplían los requisitos para su designación, siendo personas con fuerte vinculación política y con militancia partidista reciente, habiendo inclusive fungido como representantes de partido en elecciones también recientes, siendo además funcionarios públicos en calidad de asesores, en nómina, de funcionarios públicos partidistas.
La designación de los consejeros es una facultad soberana del Congreso. De entre quienes satisfagan los requisitos, el Congreso puede libremente decidir. A ese procedimiento me sometí, pues entiendo la facultad congresional. Así, habiendo cumplido satisfactoriamente los requisitos, formales, académicos y un extenso examen aplicado por la UAA, inclusive sin que el Congreso publicara cuál sería la mínima calificación aprobatoria en el examen, acepté participar en el proceso de elección, sin que a la postre la designación me fuera favorable, respetando así una decisión de la soberanía popular.
Sin embargo una sentencia judicial dictada en un juicio promovido por los actuales Consejeros, anuló el la decisión del Congreso, dada la ilegalidad en que incurrió el Poder Legislativo en relación al derecho de participación de dichos Consejeros para ser reelegidos. Se los advertimos aquí públicamente en La Jornada Aguascalientes, pero bueno, le vino el “palazo”.
En esta tesitura, el procedimiento de designación deberá ser repuesto y aparentemente el Congreso decidirá hoy mismo –otra vez- -y creo que no será la última- la integración del nuevo Consejo. Ante eso, decidí presentar el pasado lunes 31 ante el Congreso, por escrito, mi renuncia irrevocable a la candidatura para consejero. No puedo ser partícipe de un procedimiento que ya ha sido declarado ilegal y que por las circunstancias que lo siguen envolviendo, dará motivo a nuevas controversias jurídicas y podrá ser el cuento de “no muy pronto acabar”, ello con perjuicio de la materia electoral, de la seguridad jurídica, de los derechos ciudadanos y en fin, de la democracia, todo por la ineptitud, ignorancia y desaseo jurídico en que han incurrido los diputados que realmente controlan el Congreso.
Por otra parte, la actitud de los actuales Consejeros da mucho qué pensar. En ejercicio de su derecho han promovido sucesivos juicios contra los actos del Poder Legislativo que los han afectado, pero también es cierto que políticamente están mostrando simpatía; se están inclinando hacia un lado fuertemente y, tan es así, que el gobernador ya salió en su apoyo, expresando su palabra de que sea dicho Consejo el que conduzca el próximo proceso electoral. ¿Los dados más cargados? ¡No! Por favor, nadie piense mal. Solamente podemos considerar que el favorecido no sería ninguno de los públicamente no son delfines –delfines putativos o delfines negociados, pero a fin de cuentas delfines- de Luis Armando.
Luego, el presidente del IEE expresó, primero temerosamente en público no de manera expresa, pero al parecer en corto, una posición en el sentido de que los candidatos o aspirantes a cargos públicos para la elección estatal y municipal de 2010 deben dejar sus cargos noventa días antes del proceso electoral que iniciará en diciembre de este año. Por favor, Salvador, ni la jurisprudencia 14/2009 te apoya. Una interpretación gramatical, histórica, sistemática y lógico-jurídico deja de lado esa pretensión descabellada. ¿Hay alguien a quien beneficiara esa pretensión? Claro que sí. Esto enturbiaría todo el proceso electoral, pues casi ningún aspirante –de los actuales servidores públicos impedidos sin separación previa- tendría chance ya que todos –o casi todos- ¡tendrían que haberse separado ayer de sus cargos!
Las consecuencias de todo este embrollo es que la materia electoral se puede empantanar y en su caso, sin consejo electoral, sin órgano que conduzca la elección, no puede haber elección y sin elección, habría nuevo gobernador, pero interino, designado por el Congreso, no por el voto popular. Los mismos responsables del problema serían los que designaran al nuevo gobernador temporal. Vaya problema para la vida, seguridad, desarrollo y futuro de Aguascalientes, todo debido a la ignorancia de los actuales “diputines”.
Nos vemos la semana que entra si dios nos da vida y otros no nos la han quitado.
lic.guillermo.macias@gmail.com
