El proceso de selección de consejeros ciudadanos del Instituto Estatal Electoral (IEE) se repetirá, pero sólo para los cinco actuales funcionarios electorales que presentaron recursos en contra del decreto emitidos en julio pasado.
Así lo ratificó el presidente de la comisión de asuntos electorales en el congreso local, Gerardo Sánchez Garibay, al término de la sesión extraordinaria que los integrantes de la misma sostuvieron al mediodía de ayer.
Sánchez Garibay refirió a La Jornada Aguascalientes que de acuerdo con la sentencia fechada el 26 de agosto de 2009, lo que la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia, está ordenando a los legisladores es requerir la documentación especificada en la convocatoria y considerar como participantes a Salvador Hernández Gallegos, Horacio Mauricio Dávila Villaseca, Irma Alicia Rangel Morán , Juan Antonio Bárcenas y Miguel Marín del Bosque, quienes actualmente son consejeros propietarios y suplentes del instituto.
La decisión del órgano judicial implica también que en este momento no hay un consejo general del IEE electo; que los 10 aspirantes que resultaron electos el 30 de julio han perdido tal calidad, adquiriendo nuevamente la de aspirantes.
Además, que el departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, imparta el curso y aplique el examen que presentaron los demás aspirantes, a los cinco nuevos participantes, incluido Marín del Bosque, que ya lo había presentado y no obtuvo el puntaje requerido.
Si los actuales consejeros que participan en la reposición del proceso obtienen una calificación de 8.5 o superior, pasarán a la etapa de entrevistas con la comisión de asuntos electorales y sus nombres incrementarán de 22 a 27 la lista de aspirantes de entre los cuales el pleno deberá votar en el periodo extraordinario.
De esta manera, se abre la posibilidad de que la conformación del nuevo consejo se vea modificada, aunque para eso debería cambiar el sentido de la votación de los diputados.
Sánchez Garibay afirmó que ayer mismo se estableció comunicación con las autoridades de la máxima casa de estudios para definir la impartición del curso, con base en los docentes, aulas y horarios que tuviera disponibles y sugirió que incluso hoy mismo podría comenzar.
Asimismo y dado que el plazo que el Tribunal fijó al congreso para efectuar todo lo anterior es de 15 días naturales, la diputación permanente de la LX Legislatura de Aguascalientes deberá convocar a periodo extraordinario de sesiones entre hoy y el 10 de septiembre.
La sentencia también deja sin efecto los recursos interpuestos por algunos partidos políticos en contra de la elección de Jimena Cano Reyes y Óscar Alberto Hernández, presuntamente militantes panistas al momento de participar.
Quedaría pendiente reforma al código electoral
Por el apremio con que la reposición de la selección del consejo del IEE debe llevarse a cabo y su trascendencia, una modificación de forma o de fondo al Código Electoral del Estado de Aguascalientes pasaría a segundo término en las prioridades de la comisión, afirmó el presidente de la misma, aunque se mantiene en sesión permanente.
La apreciación de la diputada perredista Nora Ruvalcaba fue que dicha reforma ya no se llevará a cabo, pues el lunes se cumplen los 90 días previos al proceso electoral en que la ley marca que ya no puede modificarse dicha normativa y añadió que de este modo no se abolirán los dos recursos presentados en contra del código vigente.
¿Permanencia del actual consejo?
De acuerdo con el código electoral del estado, el nuevo consejo entraría en funciones el 14 de marzo de 2010.
Sin embargo, el presidente de la diputación permanente, Enrique Rangel Jiménez admitió que existiría la posibilidad de que fuera el actual consejo ciudadano el que organizara las elecciones locales de 2010, tal como sugiriera el gobernador del estado.
Señalo que “si los tiempos nos rebasan, hay la probabilidad de que se queden los actuales consejeros”; sin embargo, expresó que la decisión deberá tomarse en consenso con los grupos parlamentarios, especificando en el de su partido (el PRI) y la comisión de asuntos electorales.
Acusaciones de desacato
Rangel Jiménez comentó que a los consejeros que impugnaron sí se les dio la oportunidad de participar en el proceso, pero “a lo mejor no se hizo con la forma legal adecuada que debió haber publicado nuevamente en el periódico oficial del estado” y rechazó que en esto haya habido “mala voluntad” de parte del congreso.
Sánchez Garibay aclaró que el señalamiento de desacato al que alude la sentencia se refiere a que no se requirió la documentación actualizada a quienes hoy son favorecidos con la decisión. Ante ello reiteró que no se hizo, informando a la corte que el proceso ya había concluido.
Nora Ruvalcaba recordó que durante la sesión en que se votó por los consejeros ella y el representante de Convergencia, Vicente Pérez Almanza, conocieron la resolución del tribunal y lo expresaron en tribuna, pidiendo se suspendiera la votación, a lo que el resto de los legisladores hicieron oídos sordos.
De cambiar resultados, no impugnaría
Una de las consejeras electas y que se perfilaba como la que ostentaría la calidad de presidenta, Lydia Barkigia Leal, afirmó a La Jornada Aguascalientes que al tratarse de una resolución de un tribunal electoral, la reposición del proceso en las condiciones señaladas debe llevarse a cabo.
Aunque reconoció que eso implica que tanto su puesto, como el de todos los que habían resultado electos corre peligro, y que la conformación que había resultado de la elección podría verse modificada, Barkigia Leal –actual consejera suplente- aseguró que no impugnaría pues, ante todo, quienes aspiren a ser funcionarios públicos deben mostrar respeto por las instituciones.
Difícil que la UAA repita participación
Nora Ruvalcaba también consideró difícil que la UAA accediera a colaborar con la impartición del curso y la aplicación del examen, pues ha resultado “lastimada” con las sospechas y dudas que ha levantó el proceso, situación que habría sido confirmada por el rector de la institución.
Al cierre de la edición, se refirió a este medio que el jefe de departamento de Derecho estaba fuera de la ciudad y no se localizó a ningún otro miembro de la comisión universitaria encargada del proceso.