Quieren diputados panistas aplicar aquí ley antiaborto aprobada en otros estados - LJA Aguascalientes
15/11/2024

Desde que el 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal lo aprobara, el código penal para el Distrito Federal (D.F), en su artículo 144, define el delito de aborto como la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación y complementa la definición enunciando que “Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

La legislación del D.F. coincide con lo expresado por el Colegio de Bioética al considerar que el embarazo no inicia con la concepción, sino hasta que el óvulo se fija en el endometrio de la madre y de ese modo el aborto practicado hasta antes de ese momento no es delito.

Desde el principio, esta cuestión ha zanjado un debate entre partidos políticos, instituciones religiosas y organizaciones civiles,  tanto de derecha como de izquierda.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara los recursos que quienes defienden la ideología de que se es un ser humano desde la concepción interpusieron para declarar inconstitucional la “legalización” del aborto, éstos decidieron trabajar reformas a las constituciones de cada entidad para lograr la “protección a la vida desde la concepción”.

Actualmente son Chihuahua, Morelos, Colima, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Guanajuato las entidades donde se ha concretado la llamada “ley antiaborto”.

Para que Aguascalientes se convierta en el décimo cuarto estado en esa lista, hace falta que las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales, de justicia, de la familia, de equidad de género, social y humana y la de salud dictaminen favorablemente la iniciativa presentada desde 2008 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la turnen al pleno en un periodo extraordinario o en el tercer ordinario del congreso local.

El artículo 19 del código civil de Aguascalientes manifiesta la protección jurídica del individuo desde su concepción; el artículo 7° de la legislación penal tipifica el delito de aborto doloso, definiéndolo como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y en el artículo 9°, enuncia las causales por las cuales abortar no constituiría delito: por conducta culposa (descuidada o negligente) de la mujer embarazada; cuando ella esté en grave peligro de muerte, a juicio del médico que la asista y de otro a quien éste consulte, siempre que esta consulta sea posible y su demora no implique peligro y, finalmente, cuando el embarazo sea consecuencia del delito de violación.

En este último caso, se prevé que dentro del procedimiento iniciado por el delito de violación, el aborto debe ser autorizado por la autoridad que conozca de ese procedimiento y debe ser practicado por personal médico especializado. Lo cual significa que si la mujer embarazada no solicita y/u obtiene esa autorización y aún así se practica el aborto, éste será considerado delito.

Según el coordinador parlamentario del PAN en el congreso local, Jesús Martínez González, la iniciativa lleva “atorada” casi un año en parte porque hay asociaciones feministas que se oponen a ella.


En nombre de dichas organizaciones habló para La Jornada Aguascalientes la presidenta del Instituto Superior de Educación Sexual, A.C. (ISES), Marcela Martínez Roaro, quien difirió con Martínez González al afirmar que hasta el momento las asociaciones no han hecho expresión alguna por el estado de la iniciativa.

“En el momento que ya se sacará para ser discutida”, aseguró, harán saber su postura y razones al respecto.

Por otro lado, lamentó que la derecha no se dé cuenta que el objetivo de ambas ideologías es el mismo: “queremos que no exista una mujer en México y en el mundo que aborte” y precisó que lo que no se quiere es la penalización del aborto, que consideran una violación a los derechos reproductivos de la mujer.

Martínez Roaro defendió que lo que se pretende es dotar a las mujeres de recursos como educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y condiciones económicas que les permitan salir adelante en caso de tener hijos. Dijo que en su experiencia al frente del ISES, ha visto que una mujer que recibió educación sexual, “no se embaraza y por lo tanto no va a abortar”.

Al hacer referencia a la situación del D.F., la también abogada señaló que la despenalización ha tenido varias ventajas: la de contabilizar los casos de aborto, definir el perfil de quienes lo solicitan y, sobre todo, proporcionar las condiciones de salud y asesoría, logrando que la mitad de quienes piden el aborto, desistan.

 

La Intervención de la iglesia católica

 

La representante de la izquierda en el poder legislativo de Aguascalientes, la perredista Nora Ruvalcaba, comentó que el antecedente internacional del debate es un documento de la iglesia católica donde recomienda una agenda (en sentido opuesto) a todos los países que reconocieron el aborto como derecho humano de la mujer.

 Aseguró que en el caso particular de Aguascalientes, la iniciativa responde a una orden que el clero dio a Acción Nacional.

 Marcela Martínez Roaro coincidió en señalar a la iglesia católica como el principal orquestador de las expresiones en contra de este derecho; al profesar esa religión alrededor del 98 por ciento de la población, las mujeres enfrentan un dilema al tomar esta decisión.

 Por otra parte, Ruvalcaba Gámez, que integra dos de las cinco comisiones que evalúan la iniciativa en la entidad, afirmó que la penalización de la interrupción del embarazo ha sido utilizada como un “acto mediático” y electorero por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), para no contradecir al catolicismo y “quedar bien” ante la población que lo profesa, aunque hayan caído en incongruencias al defender la pena de muerte en las pasadas elecciones.

 Recientemente se dio a conocer que la iniciativa de reformar y adicionar un párrafo al artículo segundo de la constitución del estado de Aguascalientes podría ser una de las que se discutan cuando se convoque a un periodo extraordinario a finales de este mes.


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