os últimos estudios realizados por diversos organismos internacionales indican el deterioro en los niveles de bienestar en los que viven miles de familias en Aguascalientes, además nos muestra lo errático de las políticas sociales del gobierno del estado, las cuales sólo privilegian a unos cuantos, ensanchando cada vez más la brecha entre ricos y pobres.
A principios de semana un ciudadano me comentó que a él, como a muchos aguascalentenses, no le importaba si existe un programa de apoyos para cambiar el auto viejo por uno nuevo, mientras él no tuviera qué ofrecer de comer a su familia, mencionó el elevado costo del bulto de harina y del azúcar y de cómo le es imposible el poder ofrecer fuentes de empleo a jóvenes con los nulos apoyos para la micro industria. Esta situación no escapa de la fría realidad en la que se encuentra Aguascalientes, como ciudad y como estado, refleja la enorme capacidad de supervivencia de las familias hidrocálidas.
Apenas el martes pasado el Banco de México indicó que la ciudad de Aguascalientes fue durante el mes de julio la tercera ciudad con mayor incremento en los precios al consumidor, incrementándose tan sólo en un mes en un 0.69 por ciento. Asimismo el crecimiento de precios en los primeros siete meses del año estuvo por encima del promedio nacional (que es del 1.55 por ciento), situándose en un 2.57 por ciento. Además el mismo informe indicó que son los alimentos, las bebidas y el tabaco los productos que más han incrementado su precio, seguidos por los rubros de salud, educación y esparcimiento.
El estudio más reciente del Consejo Nacional de Valuación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indicó que la pobreza urbana en Aguascalientes no es solamente del tipo patrimonial, sino que incluso es de tipo alimentario, lo que significa que una familia no tiene la posibilidad de cubrir los costos de los alimentos de la canasta básica. El mismo estudio señala que la pobreza urbana de Aguascalientes alcanza el 14.3 por ciento, ubicándose por encima de la media nacional que es del 9.9 por ciento. Lo mismo sucede en la pobreza de capacidades (no se alcanza a cubrir los gastos de la canasta básica, salud y educación) en donde nuestro estado registra un 23.4 por ciento, cuando la media nacional es del 15.8 por ciento. La pobreza patrimonial se define como la situación en que los ingresos de la familia no alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos, ni para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación; este tipo de pobreza es sufrida por el 51.5 por ciento de la población del estado, superando la media nacional (47 por ciento).
Si hablamos en materia de competitividad social la situación no es nada diferente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que el estado de Aguascalientes ha perdido, de 2005 a 2007, tres posiciones en la capacidad de generar bienestar de manera continua para los ciudadanos, colocándolo en el estado que más ha descendido. Cabe señalar que el estudio comprende aspectos de salud, educación, ingreso y condición laboral.
El escenario es desalentador, tanto a nivel local como nacional, no se vislumbra una política económica seria y comprometida con los retos que enfrenta el país. Otro penoso ejemplo de la precaria situación en la que nos encontramos nos lo brinda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en junio, el promedio de los países miembros de la OCDE bajaron los precios de la energía al consumidor final en 15.5 por ciento respecto a un año antes, mientras que en México los precios crecieron un 2.5 por ciento.
Alicia Bárcena, secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó el pasado 30 de marzo que “a México le tomaría 15 años revertir el aumento de pobreza que podría generar una crisis larga y profunda… aún con la recuperación de los indicadores económicos, los sociales tardan dos veces más en rehabilitarse”, ojalá se equivoque.
