En el espacio de la opinión pública esta semana hemos vuelto a tener como tema predominante la seguridad pública; con la detención en Michoacán de un dirigente de la delincuencia organizada se suscitaron una serie de ataques en varias entidades a la Policía Federal que, además de causar pérdidas dolorosas de agentes de la corporación, han puesto nuevamente sobre la opinión pública dudas y cuestionamientos sobre el acierto de las acciones del gobierno federal en el combate a los grupos de la delincuencia organizada.
El recuento nos lleva a considerar las muertes de agentes y soldados, el incremento de personas civiles ejecutadas, la consolidación de determinados territorios como espacio de acción de los delincuentes, las pérdidas en recursos públicos como son daños a edificios, vehículos, uso de armas y cartuchería, y, sobre todo, la paradoja del éxito en la estrategia de combate y la confianza en las instituciones de seguridad.
La respuesta del Estado Mexicano se ha intensificado en la diversidad de acciones: el despliegue de personal armado, la profundización de la inteligencia y los operativos de detenciones, el número de personas bajo arraigo, la puesta a disposición del ministerio público federal de una alta cantidad de presuntos delincuentes detenidos.
Tomo un indicador como apoyo para la reflexión: los muchos promocionales del gobierno federal nos hablan de esas acciones con cantidades y nombres de personas detenidas. Sin embargo, en los promocionales no conocemos “todavía” el número de delincuentes sentenciados, es decir, de juicios en los tribunales que llegaron a su terminación (que nos llevan al dicho popular de “mucho ruido y pocas nueces”).
Tomo otro hecho como indicador, aunque lo valoro como indicio (confiando en que sea real la acusación): un medio hermano del gobernador de Michoacán es presunto responsable de colusión con el grupo de la familia de la delincuencia organizada; aparte del debate no concluido de si el servidor público debe dejar o no su cargo –no conclusión explicada por el aferramiento de los gobernantes y partidos políticos a las posiciones de poder siendo razón por la que no muestran interés en definir si es necesario o no renunciar o pedir licencia en casos como éste-, la respuesta del gobernador es decir que no va a encubrir a nadie, y que será “la justicia” la que decidirá si su medio hermano es culpable o no.
Aquí llegamos a un punto importante: en los últimos años hemos visto a sectores de gobierno que trabajan por investigar delitos y detener a los responsables; y observamos también a otros sectores de gobierno que pareciera que no avanzan en la parte que les toca, ya que las averiguaciones y litigios se vuelven casi eternos y sin sentencias, o con la liberación del inculpado por haberlo detenido por error o por no haber tenido pruebas claras y suficientes.
De los servidores públicos –de cualquier partido político- que han sido señalados en los últimos años como presuntos responsables de colusión con la delincuencia organizada hemos escuchado similar explicación diciendo que será “la justicia” la que les dé sentencia y decidirá si son culpables o no; este recurso encubre al servidor cuando se “arriesga” a realizar, desde su posición política, un presunto delito, ya que “de aquí a que lo detengan, lo juzguen y lo sentencien…” ya logró importantes beneficios ilícitos.
Es comprensible también escuchar a gobernadores, como el de Michoacán, que sugieren una revisión y cambio de estrategia en el combate a la delincuencia organizada, ya que las armas no están siendo la solución después de dos años y medio de intensa aplicación; en parte tienen razón, ya que es altamente difícil lograr el resultado que esperamos mientras se sigan dando casos como el de Michoacán, pues el punto de inicio y desarrollo de la delincuencia organizada –que no de la delincuencia común-, tenemos que entenderlo, es la corrupción y traición de los servidores públicos que, al medrar con los grupos delincuentes, solapan el crecimiento de las mafias.
El presidente de la república ha llamado la atención sobre un punto clave –que, desde luego, no es nuevo- al que en la realidad de la seguridad pública los gobernantes todavía no le han puesto la atención obligada, que es la impunidad: “Estamos luchando para evitar que esas bandas sigan operando con absoluta impunidad, generada por la complicidad y por la inacción. Es una impunidad, esa impunidad, la que ha permitido que esas bandas secuestren, extorsionen, cobren derecho de piso, roben y asesinen en distintos puntos de la geografía nacional” (Red, sitio de la presidencia de la República, vigésimo tercer encuentro nacional de vivienda).
En Aguascalientes considero que se dan señales positivas cuando en un tiempo relativamente corto tenemos la sentencia condenatoria a los secuestradores de Nicolás Martínez; o cuando apreciamos que la cantidad de ejecuciones de policías y civiles va disminuyendo de manera notable (cierto, no ha cesado) debido a la convicción y dedicación profesional del secretario de Seguridad Pública.
La impunidad irá disminuyendo –con el consiguiente beneficio para la sociedad- si cada institución política de seguridad va haciendo sencillamente “lo que le toca hacer”, con convicción y lealtad.
