na de las banderas del llamado voto blanco es la inserción de la cultura de la transparencia en las organizaciones e instituciones de carácter social, privado y público. Esta no es una batalla circunscrita a los límites electorales, ni tiene que ver con los resultados de las urnas, pues se trata de un punto de la agenda permanente en la construcción de la democracia mexicana.
Los partidos están en esa encrucijada de ser entes conformados libremente por ciudadanos y son también organizaciones de interés público, así que por una parte seguramente exigirán el respeto irrestricto a su autonomía y a sus actos internos y, por la otra, deben legitimar su correspondencia como representaciones de la sociedad y dar cuenta de ello. Los partidos políticos se caracterizan por su opacidad y por su gruesa costra impermeable a la mirada ciudadana.
La codificación electoral obliga a los partidos a exhibir a la luz pública alguna información, desde sus principios, estatutos, acuerdos, activos, estructura, remuneraciones, financiamiento público, entre otras. Se trata de mínimos legales que deben presentar los partidos a la sociedad, además de algunos datos que pueden conseguirse mediante solicitudes expresas. Pero el asunto no es el cumplimiento de las exigencias legales que marca la legislación electoral, sino la aproximación que cada organización hace ante un mismo imperativo: transparentar los elementos básicos de su vida pública ante la sociedad, otros partidos y el Estado.
A partir una misma plataforma legal, los partidos pueden y responden de diferente manera y eso tiene que ver con su vocación democrática, con su linaje, con el corazón y piel de que están hechos. El marco legal es sentencioso y breve tratándose de las obligaciones de los partidos en el rubro de transparencia; por su parte, cada partido interpreta y juega con el andamiaje jurídico y presenta la cara que quiere y demuestra a lo que está dispuesto.
Si vemos la página de internet de los partidos, podemos advertir que atienden a los mandatos legales. Prácticamente en todos se observa una tremenda flojera en los ejercicios de transparencia, pues seguramente les resultará una fastidiosa monserga de la legislación electoral. Los banners para acceder a los espacios virtuales son modestos y se nota fácilmente que no tienen la atención ni la dedicación que tiene las secciones orientadas a fastidiar a los demás partidos y a promover imágenes brujas para capturar votos a su favor.
Ante la exigencia legal de dar transparencia, los partidos se comportan de manera formal, ni un dato más, ni un dato menos. Por ejemplo, en la parte correspondiente al tabulador de sueldos de sus estructuras, algunos presentan el nombre, puesto y el sueldo neto que reciben sus profesionales; otros presentan el nombre y las percepciones mínimas y máximas; otros sólo muestran la estructura de puestos y los rangos de sueldos. En todos los casos los partidos están atendiendo al imperativo legal, pero los esfuerzos concretos de cómo y qué información presentar varían notablemente en razón de cómo entienden la necesidad de transparencia y de cómo quieren establecer su vinculo con la sociedad que los observa.
Si vamos más allá de la obligación jurídica, podemos advertir que también hay notables diferencias entre los partidos cuando provocan acciones preventivas para evitar algunas desviaciones a los comportamientos esperados. Pocos son capaces de plantear y de llevar a cabo controles de regulación interna, de evaluar su desempeño en términos de satisfacción a la sociedad o grupo social al cual buscan representar, de evidenciar sus mecanismos para la adquisición de bienes o contratación de servicios ante terceros, de sus criterios de selección de candidatos más allá de las fórmulas estatutarias, tampoco tienen programas para la formación de valores políticos y éticos ni sobre los compromisos con la transparencia y la rendición de cuentas.
La transparencia y la rendición de cuentas son contrapesos formidables contra la corrupción. Si la corrupción de los partidos no ha sido definida con precisión, por una parte, por la complejidad sociológica, política y jurídica del fenómeno, baste que cada partido haga esfuerzos para acortarla en sus propios términos. Tal vez se puedan corregir conductas como la malversación de recursos, el soborno, el mercadeo político, el nepotismo, el amiguismo, el espionaje, el blanqueo de dinero, el tráfico de influencias y el enriquecimiento inexplicable. La corrupción no puede ser definida o circuncidada por las normas jurídicas, sino que resultan de un juego de interacciones o complicidades, la corrupción siempre será una combinación de factores culturales, políticos, jurídicos, institucionales e individuales.
La mayoría de los partidos han visto la transparencia en su carácter de imperativo legal y han dejado perder la significación cultural y se corre el riesgo de que no forme parte de la cultura política pública y privada dominante. El valor de la transparencia deben ser conductas vivas, sólidas e inspiradoras en el mundo de la vida cotidiana, silenciosa, íntima.
