La más elocuente expresión del estado fallido que el gobierno usurpador ha transformado en propaganda electoral, es el promocional que el Partido Acción Nacional está difundiendo por radio y televisión donde presume como hazaña heroica la captura de sesenta mil narcotraficantes y el más “exitoso operativo” que las autoridades educativas y las sociedades de padres de familia han puesto en marcha para que la droga no llegue a nuestros hijos: la operación mochila. Esta mercadotecnia barata no sólo atenta contra el sentido común de la población sino que insulta la inteligencia de una sociedad harta de las mentiras oficiales que el gobierno calderonista difunde con la misma solemnidad con la que canta el himno nacional. La mayor parte de los sesenta mil delincuentes vinculados al crimen organizado detenidos por las autoridades encargadas de la seguridad pública en el país, ya fueron liberados por falta de pruebas y otros miles que no han sido consignados ni sentenciados, a pesar de contar con la garantía de presunción de inocencia, sufren la privación de su libertad en las pésimas condiciones en las que se encuentran las cárceles mexicanas, situación que tiene colapsado el sistema de procuración e impartición de justicia donde la prisión preventiva no es un castigo, sino una garantía en el desarrollo del proceso. Esta cifra, adornada con textos e imágenes de cada una de las espectaculares detenciones difundidas a través de las áreas de comunicación social de los gobiernos panistas nos recuerda el reciente asalto a la joyería Christies del centro comercial Altaria, donde los medios masivos de información dieron cuenta de la aprehensión de cuatro de los asaltantes, acción aplaudida por miles de aguascalentenses que tuvieron que tragarse su propia decepción al conocer después que ningún detenido tuvo que ver con el asalto. Así las cosas, el Sistema Único de Información Criminal y el Sistema Nacional de Información Penitenciaria han resultado un rotundo fracaso. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no ha podido evitar que se sigan buscando en el país, delincuentes que ya están presos o malhechores que son liberados por infracciones menores en alguna entidad federativa, mismos que son buscados por delitos graves en otros estados de la república. En un estudio de la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative (OSI) llamado “Los mitos de la prisión preventiva en México”, se señala que en la década 1994 -2004, la población carcelaria en el país se duplicó al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos, y sigue creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido. En el 2006 según cifras oficiales la población carcelaria fue de 210 mil 778 internos, de los cuales 24.5% correspondieron al fuero federal y solamente 3 mil 161 fueron recluidos en los centros de readaptación bajo administración federal. Ello ha provocado que las prisiones mexicanas estén sobrepobladas hasta en un 125 por ciento de su capacidad, mientras que otros centros penitenciarios llegan hasta el 270 por ciento, desatando acciones de autogobierno de reclusos que imponen las reglas y generan actos de violencia con tasas de homicidios hasta 10 veces superiores a las que enfrenta la población en libertad. Así mismo el estudio de referencia sostiene que la manutención de cada uno de los reos resulta una fuerte carga para el erario, ya que, según la OSI, sólo para alimentar y vestir a los reclusos, sin considerar salarios del personal de las prisiones ni el mantenimiento de las instalaciones, le cuesta al país 6.5 millones de pesos diarios, recursos que «prácticamente equivalen a mantener a 250 mil estudiantes en la escuela» Cuántas cárceles se tendrán que construir para que el estado fallido alberque a todos los actores involucrados en la guerra perdida contra el narcotráfico. Lo cierto es que van por más.
