Esta es la primera propuesta –precisa, seria y específica- que a manera de opinión presentamos a título ciudadano para un mejor Aguascalientes a partir de 2010. No es mi pretensión promoverme para ningún cargo público estatal; ya estoy más allá de los vendavales de la grilla hidrocálida caracterizada en mucho por las ambiciones personales de muchos. Presento la propuesta para que los habitantes y ciudadanos de Aguascalientes la analicen y la valoren y para que quienes aspiren a ser gobernantes de Aguascalientes a partir del año que entra, puedan tener ideas para considerar en relación a lo que pretendan proponer a la sociedad para gobernarla en el futuro.
Todos los habitantes de Aguascalientes, principalmente los jóvenes, tienen derecho –por justicia- a recibir educación media y superior y desde luego a que esa educación sea superior no sólo en el nivel de grado sino en el grado de calidad. El acceso a la educación media y superior no debe depender de las posibilidades financieras del estudiante o de su familia ni debe depender de la capacidad de las instituciones educativas para albergar a un limitado número de estudiantes.
Como primer principio postulamos entonces que todo individuo debe tener garantizado el acceso a la educación media y superior en el estado de Aguascalientes, sin más requisito que solicitar su ingreso y acreditar haber terminado y aprobado los estudios previos. Ni siquiera debe ser requisito el llamado “examen de admisión” pues esta es una institución de vergüenza, ya que implica el reconocimiento y aceptación de la falta de seriedad de las instituciones y procedimientos educativos de los niveles inferiores: se duda de la enseñanza y de su evaluación. El remedio para este problema de calificación de la educación no está en los exámenes de admisión sino en el mejoramiento de los niveles inferiores de educación, de tal manera que los certificados de estudios sean realmente certificados de conocimientos, de aptitudes, de capacidad académica, pero esto es harina de otro costal, para comentarse en otro apunte de reflexión.
El tema de este apunte y la idea de formular estas propuestas me surgió cuando leí con inquietud la noticia, no nueva pero sí recurrente, publicada en La Jornada Aguascalientes el pasado sábado 6 de junio de 2009, consistente en declaraciones del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el sentido de que de ocho mil solicitantes de ingreso a la UAA sólo tendrían cabida menos del cincuenta por ciento, en cantidad de tres mil seiscientos, es decir, que cuatro mil cuatrocientos jóvenes hidrocálidos quedarían fuera de la institución solamente por razones de capacidad de la infraestructura educativa de dicha universidad.
Esto no puede ser. Como habitantes de Aguascalientes y con conciencia cívica, no podemos ya continuar permitiendo esta situación de incertidumbre en nuestra juventud en cuanto a las posibilidades de acceso a su educación en niveles medio y superior. La única circunstancia de exclusión del ámbito escolar debe ser la falta de voluntad y de responsabilidad para estudiar, es decir, el reprobar por no saber y no saber por no estudiar.
No es justo que nuestros jóvenes, en un marco de incertidumbre pretendan tener acceso a la educación y que un examen que se justifica sólo en razón de la insuficiencia de capacidad institucional de la Universidad y de falta de credibilidad de las instituciones que les impartieron y calificaron sus estudios previos, sea la medida del ingreso o del rechazo a una nueva oportunidad y nivel educativo. Sólo hasta donde alcance. Los demás, fuera. Esto no puede seguir así. Debemos poner un remedio y en ese apunte propongo un aspecto o posibilidad de solución.
El sistema universitario público debe tener capacidad financiera para contar con la infraestructura y docencia suficientes para atender a las necesidades de la demanda estatal de educación. El rector de la UAA planteó algo así al señalar en la misma entrevista que para que se pueda atender la demanda, se requieren más recursos financieros. Conjuntamente con el agua potable, la seguridad pública y la impartición de justicia, la educación pública es un derecho que debe estar garantizado por la ley y debe hacerse efectivo sin cortapisa. Todo lo demás puede esperar o puede estar condicionado a muchas posibilidades o imposibilidades, pero la educación pública superior es posible financiarla en Aguascalientes para que la incapacidad institucional no sea la justificación del estado para desilusionar a los jóvenes que reclaman educación. Esto es posible y sostengo que dicha posibilidad es indiscutible. Aunque parezca intolerancia, veamos los números y veamos que debemos ser intolerantes ante la negligente asignación de recursos públicos para el cumplimiento de una de las primarias obligaciones del estado, que es la educación de nuestros hijos.
Voy a partir del postulado que será la conclusión: Aguascalientes tiene capacidad para financiar la demanda educativa media y superior, con el fin de que ningún solicitante sea rechazado por falta suficiencia financiera de las instituciones educativas. Por lo tanto, es deber público –y por ende de los gobernantes- proveer en consecuencia.
Este apunte pretende ser serio y pretendo llamar la atención de la comunidad hidrocálida para que propugnemos por establecer el marco jurídico necesario para garantizar el derecho a la educación superior de nuestros hijos. No obstante la seriedad del asunto, empecemos por el siguiente dato para calentar el ambiente: el sobresueldo que tiene el gobernador –no hablo del oneroso sueldo que de por sí es más que suficiente y que aún excede al criterio juarista de la honrosa medianía, sino que me refiero sólo al llamado concepto de “indemnización por riesgo laboral”-es suficiente para pagar una carrera completa de cinco años a cuarenta alumnos en la UAA, al costo –caro- de prorratear el ingreso universitario de más de setecientos cincuenta y cinco millones en 2009 entre los más de trece mil alumnos de los niveles medio y superior y esto sin considerar las colegiaturas que habrían de pagar esos alumnos. Otros datos: dicho sobresueldo total del gobernador, elevado al sexenio, por el referido concepto de “riesgo laboral” –que más bien parece fumada de mariguana legislativa- equivale a casi la tercera parte del subsidio anual que se da a la UTA –Universidad Tecnológica de Aguascalientes- y representa las dos terceras partes del subsidio que se da a la UTNA –Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes- descontando las cuotas o colegiaturas que pagan los alumnos.
El costo per cápita de la población estudiantil de la UAA para 2009 es de poco más de cincuenta y siete mil pesos anuales –que es un costo elevado porque no consideramos a los estudiantes de extensión universitaria ni de educación continua, para no mezclar conceptos y que de considerarlos, sería muchísimo menor dicho costo a prorrata-. Luego entonces, el costo de los cuatro mil cuatrocientos solicitantes que serán rechazados sería de poco más de doscientos cincuenta y un millones de pesos anuales. Esto puede ser pagado por Aguascalientes, sin ningún problema. Todo es cosa de priorizar el gasto, acabar las corruptelas, dispendios principescos, las ineficiencias burocráticas y otros pecadillos. Ya lo veremos. Este apunte continuará la semana que entra si dios nos da vida y otros no nos la han quitado.
