Durante los años –ya más de 13- en que a través del espacio periodístico he tenido la oportunidad de emitir mis opiniones hacia el público, la constante en los temas, salvo excepciones cuando nos hemos ocupado de tópicos diversos, ha sido en esencia la defensa y promoción de la vigencia del Estado de derecho, manteniendo siempre el llamado a la conciencia cívica para ocuparnos y preocuparnos acerca de los asuntos públicos que a todos nos afectan y nos conciernen.
El abanico de los temas ha sido variado, pero en general nos ha preocupado siempre la actuación de la autoridad como gobernante de la sociedad, respecto de cuyo desempeño hemos reclamado permanentemente los casos de desapego a la ley, pero también hemos señalado en muchas ocasiones el desinterés o menosprecio social por los asuntos de interés colectivo.
Nuestra lucha editorial, expresando nuestra opinión, ha sido por la defensa del Estado de derecho, fustigando la actuación de autoridades cuando se exceden o actúan fuera del marco jurídico de sus poderes, al mismo tiempo que hemos pretendido llamar permanentemente la atención social sobre la problemática pública haciéndolo con miras a la participación de los integrantes de la comunidad en la prevalencia de los mandatos de la ley.
Esta actividad que hemos realizado siempre de manera honoraria, sin devengar retribución alguna, sólo aprovechando el espacio periodístico y el interés de los lectores, nos ha generado satisfacciones que en esencia consisten en poder apreciar cómo la expresión de las ideas es una colaboración en la evolución social; una modesta aportación de nuestra parte, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos, pero bajo la constante de pretender cumplir absolutamente con el deber que impone la honestidad intelectual.
A la vuelta de los años de escribir, revisando los textos –siempre motivados por los hechos de la realidad y nutridos por la variedad del acontecer social-, me doy cuenta que la realidad social me ha impuesto el ritmo y contenido a la temática. La sociedad mexicana ha evolucionado, ha madurado a pasos agigantados, aunque falta mucho por hacer y siempre habrá mucho qué hacer en el campo del mejoramiento de las instituciones públicas y de la problemática colectiva.
En un artículo para la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes escribimos que “La ciencia y la tecnología y los acontecimientos sociales están imprimiendo una dinámica acelerada a la reflexión jurídica, con el fin de que las normas legales vayan alcanzando y regulando los avances y cambios que se suscitan en el camino de la humanidad”. El acontecer humano va siempre adelante del derecho y va requiriendo de éste su atención, para ajustar las normas jurídicas de la vida comunitaria a las necesidades sociales.
Efectivamente, las normas jurídicas deben actualizarse, ajustarse a la realidad social para ser una solución de justicia a la problemática que genera la vida en comunidad; el derecho no debe rezagarse ni volverse obsoleto y por ende inobservable, pero tampoco debe apresurarse bajo condiciones de falta de reflexión y de falta de valor intrínseco.
El Estado de derecho, la vigencia del imperio de la ley, requiere de un derecho que sea la expresión de la voluntad social, madurada ésta a manera de solución normativa para las necesidades colectivas. No puede pretenderse la realidad del Estado de derecho sin un derecho emanado de la conciencia social. Todo derecho ajeno al querer colectivo o emanado de la inconsciencia cívica, o bien, desprovisto de la esencia de ser una solución justa para los requerimientos de una sociedad en permanente transformación, está llamado a la inobservancia y, como consecuencia de ello, a propiciar el apartamiento del Estado de derecho, dando cauce a la dictadura, a la arbitrariedad y suscitando con ello y por ello el retraso cívico.
La vigencia del Estado de derecho no sólo es una aspiración en México, sino que es una necesidad –en casos imperiosa- en muchas partes del mundo, pero siempre, en todo estado de los integrantes de la comunidad internacional la vigencia del imperio de la ley –en su sentido de expresión de la voluntad popular y de la conciencia cívica- debe ser una permanente forma de vida, producto de la convicción social y de la actuación de la autoridad.
La política debe ser la expresión de la voluntad popular y el derecho debe ser la expresión normativa de la política. La política debe estar nutrida tanto de libertad como de la aspiración de justicia para así producir un derecho cuyo fin realizable sea efectivamente la justicia.
El Estado de derecho es una condición indispensable para el desarrollo social en el mundo moderno. Sin libertades y sin reglas claras y justas sólo puede aspirarse al retraso y al subdesarrollo. El derecho ha de propiciar la convivencia justa entre los integrantes de la comunidad y ha de ser el marco normativo que oriente y posibilite la acción gubernativa como conductora de la sociedad para alcanzar mejores estadios de vida en el orden social, cultural, económico y de todas las potencialidades de los seres humanos.
Diversos países suscribieron a principios de la década de los ochenta un tratado internacional para establecer un organismo multilateral cuya finalidad es la promoción del Estado de derecho
La “Organisation Internationale de Droit du Développement”, creada a partir de dicho tratado, desarrolla una actividad global tendiente a la capacitación de los profesionales del derecho en los países en desarrollo, así como asistencia técnica para apoyar las reformas legales y judiciales tendientes a generar, desarrollar y mantener la vigencia del imperio de ley. Su trabajo pretende dejar como resultado el mejoramiento de las leyes y reglamentaciones jurídicas, así como su efectiva aplicación sistemática y el mejoramiento de las habilidades para la aplicación del derecho y el fortalecimiento de las instituciones de justicia.
Desde su fundación, este organismo, que tiene su sede en Roma, ha trabajado con más de 18 mil profesionales del derecho en 175 países y a partir de 2001 la Organización de Naciones Unidas le confirió el carácter de miembro a manera de Observador Permanente en dicha sociedad de naciones. El financiamiento de sus actividades proviene de los fondos que aportan los estados miembros, organizaciones internacionales y multilaterales, así como donativos de instituciones particulares (fundaciones, empresas e individuos) de muchas partes del mundo.
México no es parte del tratado. Sería deseable su adhesión a este instrumento jurídico internacional, para así colaborar y contribuir a la vigencia del Estado de derecho, haciendo patente la voluntad del pueblo y del gobierno mexicanos de lo observancia del imperio de ley.
