En las últimas dos semanas, los aguascalentenses hemos vivido inmersos en escándalos públicos sobre la prestación del servicio de seguridad pública en la entidad y diversas declaraciones de un funcionario público que intenta politizar las causas de la inseguridad pública. Los actores son las fuerzas policíacas, los legisladores locales, el señor gobernador, un subsecretario de Desarrollo Social y los partidos políticos; como verán, mis apreciados amigos, una gama importante de la vida política en el Estado. Y ante todo ello, nos preguntamos, ¿dónde se encuentra la ciudadanía? ¿Existe ese sujeto cotidiano que se levanta temprano día a día para ir a trabajar (los que tienen trabajo), o bien para ir a buscar el sustento de la familia?
Los actores mencionados se han preguntado ¿qué es lo que realmente quiere, desea o necesitan los ciudadanos? Hay un refrán que dice “quien no habla, Dios no lo oye”, máxima que pocos mexicanos sabemos aplicar para decir nuestra verdad, la realidad y en ocasiones el infierno en que vivimos. Algunos me dirán “¡pero eso es obvio!”, por eso, tenemos que decirlo, porque ni lo obvio nos atrevemos a denunciar.
El problema de la seguridad pública no es cuestión de personas, culpas o responsabilidades históricas, es un problema sistémico que requiere voluntades políticas serias, de gobiernos bien diseñados cuya base es la colaboración y las responsabilidades compartidas, pero sobre todo, reinventar una nueva forma de comunicar al gobierno con la ciudadanía, en donde el derecho cumple una función primordial, que sean las normas y no el criterio de un hombre el que establezca los contenidos y las formas de hacer la cosa pública.
Es triste ver cómo se violan derechos humanos y garantías individuales para cumplir con la seguridad pública de las personas que vivimos en sociedad; también veo que algunas personas se atreven a decir que estarían dispuestos a sacrificar su integridad física y patrimonial con tal de que se detuviera a los delincuentes; es decir, tener seguridad pública “cueste lo que cueste”, porque es obvia la ligereza con que han declarado, ya que no han sufrido la angustia de ver un comando armado entrar por la fuerza a su casa y ver cómo golpean a sus hijos y a él mismo, con la excusa de que andan buscando una casa de seguridad; al no encontrar nada se van, sin más explicación de que “no encontraron nada”.
Sé que es discutible este punto, pero si hubieran encontrado a un delincuente, creo que, al menos habría un argumento de credibilidad de que las cosas se están haciendo bien, esto probablemente me motivaría a sacrificar parte de mi bienestar por el gran objetivo de lograr la paz y la tranquilidad de todos los aguascalentenses. Lo cierto, es que hay más operativos y acciones violentas que detención de delincuentes.
El problema no es de renuncias o espaldarazos, sino el hecho de hacer bien las cosas, respetando la dignidad de las personas y garantizando a su vez la seguridad pública de la ciudadanía, por ello, es indigno politizar un problema tan complejo como éste, en la forma que lo intentó hacer un subsecretario de Desarrollo Social al instaurarse como el gran juzgador de la historia, desde un púlpito en que no debe hablar, porque la ley electoral se lo prohíbe, pero sobre todo por el peligro que implica hacerle creer a la ciudadanía que el PAN no puede con la seguridad pública, porque es una derrota que sufrió el PRI y que éste heredó a los actuales gobiernos. Además de que es una falacia, la polarización de la ciudadanía puede generar serios problemas, el principal, la desconfianza en cualquier gobierno y por lo tanto, la necesidad de hacerse justicia por su propia mano.
Espero que las pasiones políticas y la realidad de las encuestas, no le ganen a la prudencia de quienes están dispuestos a luchar por su partido a costa de todo, incluso a violar la ley como lo ha hecho.
