¿..Y los pobres cuándo? - LJA Aguascalientes
03/04/2025

La Ley  de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2009 que  Luis Armando Reynoso Femat turnó al Congreso del Estado mantienen los mismos privilegios que han caracterizado a su gobierno que nada ha hecho para combatir la pobreza ni la injusta distribución del ingreso.

En Aguascalientes se agudizan los problemas sociales y el gobernador y su burocracia primermundista no entiende que para disminuir los niveles de pobreza, se requiere modificar la participación en la generación y distribución del ingreso. En los últimos  años, nuestros gobiernos, fieles a los dictados de los organismos internacionales siguen considerando que la clave para eliminar la pobreza es mediante el crecimiento económico. Ésta es una posición ilusoria, ya que el crecimiento, aunque tiene efecto positivo sobre el empleo y sectores de la economía, no es directamente proporcional al bienestar, si se mantiene la injusta distribución del ingreso. Las empresas podrían ser más competitivas, y el crecimiento económico más alto, pero la inmensa mayoría de la población no dejaría de ser pobre si los ingresos que se generan quedan en pocas manos.

Para avanzar decididamente en el combate a la pobreza, se requiere aplicar un conjunto de medidas estructurales que permitan no sólo mantener los balances macroeconómicos y estimular el crecimiento económico, sino mejorar la generación y distribución de los ingresos, promover e incentivar inversiones y empleo productivo, potenciar todos los sectores económicos, vincular el aumento de la productividad con mejores salarios, una reforma fiscal que redistribuya los ingresos y garantice que paguen más impuestos los que más ganen, asegurando que la política social beneficie a los más pobres.

 El Estado debe incrementar y administrar de forma transparente los ingresos, mejorando la calidad del gasto social y, para ello, es necesario asegurar una importante y eficiente participación en nuevos proyectos que puedan impactar nuestra economía provenientes de auténticos empresarios comprometidos con el Estado y no de vividores del dinero público que en la mayoría de los casos dirigen los organismos empresariales.

Erradicar la pobreza y redistribuir  los ingresos con crecimiento económico  es tarea de todos, pero el Estado tiene la enorme responsabilidad de asegurar un mañana distinto para las generaciones futuras.

La clase política y empresarial habla mucho de la necesidad de alcanzar estabilidad para alcanzar gobernabilidad y de profundizar en la democracia, pero evaden la responsabilidad de buscar alternativas a la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza.

Nadie ignora que, si el Estado distribuyera su ingreso de manera más justa,  los elevados niveles de pobreza en Aguascalientes disminuirían drásticamente. Una mejor redistribución del ingreso contribuiría sin duda a disminuir con mayor aceleramiento esos altos niveles de desigualdad social.

La desigualdad en la distribución del ingreso determina la desigual posibilidad de las familias de invertir (o gastar) en educación, salud o vivienda. La gran desigualdad del ingreso en Aguascalientes está también vinculada con la existencia de ocupaciones con baja productividad e ingresos, coexistiendo con sectores dinámicos, intensivos en capital, de allí que una forma para ir resolviendo esas desigualdades es por la vía de la mejora salarial sobre todo el de los que tienen menos ingresos, al tiempo que se invierte en mejoras tecnológicas para elevar  la productividad.

La desigualdad puede convertirse en un peligro para el desarrollo del país y de nada valdrán los grandes sacrificios de la población, sobre todo de los más pobres si no se resuelven las causas estructurales que impiden alcanzar el desarrollo.


La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, hoy más que nunca, deben reflejar austeridad y ahorro, evitando el despilfarro y el saqueo al erario público a lo que nos ha tenido acostumbrado el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat. Bien harían los asesores financieros del gobierno del estado en presentarle al Congreso un plan de austeridad, control y racionalización del gasto público que ayude a fomentar el ahorro y crear así una cultura de austeridad que los tres poderes nunca han conocido. n


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