Se suele decir casi como una herejía, que el modelo de civilización capitalista está en crisis terminal (Ornelas, 2012). Entre otras cosas, debido a los nocivos efectos ambientales y sociales de sus prácticas predatorias globales. Un aspecto importante de dicha crisis terminal tiene que ver sin duda con la amenaza para la vida y la biodiversidad que implica la fusión de grandes empresas de biotecnología (como Bayer-Monsanto), con el papel de la ciencia al servicio de dichas compañías, así como con el peligro de los nuevos transgénicos y la necesidad de diversificar y aumentar la agricultura campesina-indígena, donde los países de la región “Han perdido soberanía por su dependencia extrema a un puñado de empresas biotecnológicas” (Ribeiro, 2017).
Hace tan solo veinte años, por ejemplo, Monsanto no producía semillas, pero hoy es la mayor productora del mundo. Hace treinta años había más de 7,000 empresas productoras de semillas, y ahora Monsanto tiene el 25 por ciento del mercado. Así, las mega-fusiones y oligopolios capitalistas de las últimas décadas, nos llevan hoy a lo que se ha llamado las seis gigantes genéticas: Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow, Basf y Bayer. Estas empresas, juntas, dominan el mercado mundial de semillas. Todas son además, productoras de venenos agrotóxicos, como el famoso “glifosato”, cuyos graves efectos sobre la salud humana están siendo documentados en los campos de soja (soya) en Argentina. Es fácil observar entonces los riesgos que estas prácticas entrañan: primero concentran el mercado y luego comienzan las megafusiones. Y así, Monsanto-Bayer, Syngenta-ChenChina y Dow-Dupont, controlan más del 60 por ciento del mercado total de semillas y el 71 por ciento del mercado mundial de agrotóxicos.
También controlan precios, tecnologías e innovación, semillas transgénicas, no transgénicas y agro tóxicos, afectando las políticas agrícolas de muchos países, donde los países con un alto grado de agricultura industrial o agroindustria de monocultivo enfocado a la exportación, como Brasil o Argentina, son muy vulnerables en términos de soberanía alimentaria, pues dichas empresas poseen un poder suficiente para imponer agenda y leyes ambientales a medida.
Entonces, la estructura agrícola ha sufrido un proceso de concentración corporativa y de reforma agraria al revés en el mundo, concentrando la tierra en menos manos. Tal es el caso de la contra-reforma agraria salinista en México de finales del siglo pasado. Pero aun con la situación reseñada, en Iberoamérica la mayor parte de los alimentos se siguen produciendo de manera tradicional, a través de los pequeños agricultores urbanos o campesinos, donde el 70 por ciento del mundo se alimenta mediante la agricultura familiar (Ribeiro, 2017).
Con éste marco general, de forma sorpresiva y en sólo pocos minutos, la Comisión de Medio Ambiente del Senado mexicano, aprobó el pasado 28 de septiembre los cuestionados y controvertidos dictámenes de las leyes de Biodiversidad y de Desarrollo Forestal Sustentable, las que, a juicio de organizaciones ambientalistas, permitirán ampliar el saqueo de recursos naturales que ya padece México.
En tanto, Greenpeace y otras organizaciones señalaron que los llamados “representantes populares” se aprovecharon de que la atención del país estaba centrada en atender la emergencia provocada por los sismos, para aprobar los dictámenes que permitirían el saqueo y la privatización de recursos genéticos. En el caso de la iniciativa de Biodiversidad, se pretende, por ejemplo, la flexibilización de la regulación ambiental. En el caso de la iniciativa de Desarrollo Forestal, esta no fue consultada entre la población directamente afectada, lo que evidencia una notoria falta de oficio y sensibilidad política de “nuestros representantes” ¿Pero que es una raya más para el tigre?
Es por eso que diversas organizaciones de la sociedad civil habían pedido una consulta pública sobre la iniciativa en la que participaran organizaciones forestales, lo cual fue ignorado por los senadores. Así, sostiene por ejemplo el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo Gonzalo Chapela, que en el caso de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, se beneficia la explotación comercial silvícola en detrimento de las comunidades indígenas, donde no se integra por ningún lado el conocido “principio de precaución” en materia ambiental, para que no haya límites a las necesidades de la inversión extranjera (Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad UCCS, 2017).
Parece lógica entonces, la postura de la “Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad” advirtiendo que ésta iniciativa y la de la ley general de Desarrollo Forestal, no pueden ni deben ser aprobadas sin una amplia discusión pública, pues ponen en riesgo los recursos naturales de los pueblos originarios y de los campesinos, que han sido conservados y manejados sustentablemente por generaciones.
Las iniciativas de ley en comento, por ejemplo, “abrirían las puertas para que privados y transnacionales puedan, a través de las patentes, apropiarse de genes, recursos Fito genéticos en general y el conocimiento tradicional asociado a ellos; lo que puede llevar a la destrucción de territorios y violar derechos fundamentales” (USCS, 2017).
Pero México es signatario de convenios internacionales que deben tener desarrollo normativo interno. Así, puede apostarse firmemente por darle un marco jurídico nacional al Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidad (Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 29 de octubre de 2010), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2014. Por tanto, es una norma internacional de rango constitucional en México. De manera que hay condiciones para desarrollar una reglamentación ad-hoc, así como un marco normativo propio que proteja en beneficio de la nación a los pueblos y conocimientos ancestrales y tradicionales asociados a la biodiversidad.
Si por ejemplo, se derogase la Ley General de Vida Silvestre, como se plantea en esta iniciativa, los manglares, que son fuente de vida y biodiversidad, así como una efectiva protección costera contra huracanes, quedarán desprotegidos. Otro caso urgente a legislar es el de la minería a cielo abierto, dados sus nocivos efectos contaminantes, señaladamente a los mantos acuíferos en un país que como México padece estrés y escasez hídrica en grandes regiones; donde grandes extensiones del territorio nacional fueron concesionadas en los pasados años a diversas compañías mineras en condiciones irrisorias.
La parte más esperanzadora ante el panorama descrito tiene que ver con que cada vez hay más personas concienciadas, críticas e informadas; así como una Sociedad Civil más consciente y participativa. También hay esperanza porque a pesar del embate extractivista, los pueblos originarios, los campesinos y pescadores mexicanos resisten a pesar del expolio y están decididos a permanecer en sus territorios ancestrales, así como a mantener el uso social y colectivo de la tierra. También por cierto, a seguir sembrando y cultivando como se ha hecho por generaciones de manera sustentable. Ellos son nuestra mejor garantía de sustentabilidad ambiental y de soberanía alimentaria.
COLA. Resuenan como profecía los famosos versos de Machado -luego hechos canción por Serrat- a propósito del rancio españolismo contra su hermano siamés el catalanismo. Brilla por su ausencia el diálogo y se pretende confundir malintencionadamente legalidad con legitimidad.
