Por Néstor Damián Ortega / Gerardo Maldonado Paz*
Aquel que no espera vencer, ya está vencido.
Benito Juárez
El informe presentado por la PGR el pasado viernes 7 de noviembre sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo al siguiente día una enérgica respuesta con la marcha en la que participaron miles de personas, quienes con total convicción y fuerza moral brindaron de nueva cuenta su apoyo al movimiento de protesta más sólido y que mayores adhesiones ha tenido en lo que va de este sexenio.
Acompañados de veladoras y pancartas, mexicanos de todas las edades, familias completas inclusive, caminaron con una rabia contenida en esperanza y justicia. En el aire de las calles del centro histórico se percibió una sociedad indignada, harta, cansada (lo mismo que el procurador de la República, aunque por motivos distintos) y combativa, una sociedad que comprende el momento histórico del país y asume que ha llegado la hora de abandonar la abulia a la que había sido orillada. Las voces fueron estruendos de dolor, de fortaleza, de indignación, de espanto, de cambio, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa han sido un doloroso y emotivo revulsivo para incendiar conciencias y alentar los deseos de justicia.
El sábado, el Zócalo aguardaba como plancha milenaria, a la cual han pretendido vaciar de sentido degenerándola en estacionamiento, parque temático o foro musical, el Zócalo es otra cosa; su significado está enraizado en la profunda huella histórica que han dejado los movimientos políticos y sociales de México. Ahí, llegada la noche, luce Palacio Nacional, intacto, imperturbable, iluminado a discreción, desde hace décadas ha devenido en un escenario espurio, una escenografía grotesca y superficial de lo que realmente representa, convertido en un espacio en donde se hace alarde de frivolidad y desprecio hacia quienes representan auténticamente a la sociedad mexicana.
Las voces se alzan roncas, graves y agudas para contar a 43 estudiantes, a nuestros cuarenta y tres excluidos y marginales, a nuestros cuarenta y tres y su pobreza, víctimas de autoridades corruptas, intolerantes, dictatoriales y cínicas, asociadas al crimen organizado, ejerciendo las prácticas más perversas para eliminar a cualquier voz que se oponga a sus intereses.
La indignación que ha generado en la sociedad mexicana la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa ha sido de grandes dimensiones, siendo también un imperativo ante las escasas muestras de inconformidad que habían generado la aprobación de las reformas estructurales y frente al cinismo cotidiano de los funcionarios públicos. La sociedad civil se conmocionó ante los hechos ocurridos en el estado de Guerrero, dando lugar a masivas muestras de apoyo, en las cuales se sumaron muchas personas en diferentes partes del mundo. Tanto el gobierno de Guerrero como el federal son cuestionados al límite, no hay manera de justificar un acto criminal, un ejercicio del poder tan arbitrario, exacerbado por el odio, la codicia y el desdén permanente hacia quienes pretendan cuestionar su manera de gobernar.
Desde hace ya varios días, algunos de los principales actores de la clase política nacional han pretendido deslindarse de su responsabilidad sobre los hechos ocurridos en Iguala, culpándose mutuamente de lo acontecido, lo cual no ha hecho otra cosa que envilecerlos y quitarles la careta una vez más. La politización que se ha pretendido hacer de tan trágico suceso debe denominarse como un comportamiento miserable y como una enorme ofensa hacia los padres de los jóvenes desaparecidos quienes viven inmersos en una incertidumbre que nadie alcanza a dimensionar.
Han sido tan grandes las muestras de apoyo brindadas hacia los padres de los jóvenes desaparecidos, que tanto en la marcha del 5 noviembre como en la del sábado pasado, hicieron acto de presencia los llamados anarquistas, que pretenden desvirtuar ante la opinión pública el sentido de las marchas, generando una “violencia” que parece ser inducida y alentada por las mismas autoridades. Nada nuevo, por supuesto, sin embargo, no deben perderse de vista los efectos que pueden producir dichos actos, pues en ciertos sectores de la población han logrado el impacto deseado -generalmente en los más conservadores y menos informados-. Algunas voces comenzaron a demandar el uso de la fuerza pública, a restablecer el orden y castigar a todos los alborotadores. Preocupante que en distintas partes del país se estén replicando sospechosos actos de protesta con un matiz violento. En realidad, el objetivo principal es debilitar el movimiento, justificar el recurso de la mano dura ahí sí con la verdadera violencia, hartar a la sociedad mexicana con el tema y lograr que se conforme con los discutibles avances logrados hasta el momento en la investigación del caso Ayotzinapa, cada vez más oscuro y perturbador..
Por supuesto, todo lo anterior con la ayuda de los medios de comunicación afines al régimen, quiénes se empeñan día a día en lucrar con tanto pensamiento empobrecido que existe en nuestra población. Empobrecimiento que ellos mismos se encargan de perpetuar. Lo más importante será que la sociedad civil no trivialice el asunto, asumiendo lo ocurrido como parte de la vida cotidiana en México, agachándose, moviendo simplemente la cabeza o peor aún, sumándose mansamente a las voces que desprecian cualquier acto de disidencia y que privilegian el individualismo, el “que cada quien se haga cargo de sus propios problemas”.
Lo ocurrido el pasado 8 de noviembre en la noche, al quemarse la puerta del Palacio Nacional, es sin duda el símbolo que muestra a un gobierno arrinconado y sin capacidad de respuesta, ansioso de buscar una salida que les permita zanjar el episodio más oscuro de su administración -hasta ahora-. Sin embargo, ahí, ante la impotencia, ante la nula capacidad de expresión, aparecen la más genuinas, aparecen las pintas en los muros, aparecen ciudadanos llamando con cada golpe a esa puerta a la democracia, a la justicia, pidiendo cuentas a la clase política y al principal responsable del gobierno federal, ahí están exigiendo el derecho a no exponer su integridad a la brutalidad del Estado, para poder continuar estudiando, trabajando, soñando en un país donde los jóvenes no se tengan que tapar la cara a media noche para exigirle con spray y fuego a sus gobernantes que les otorgue las garantías de un Estado verdadero y no simulado.
Estuvimos ahí, vimos prender fuego a la puerta de Palacio Nacional; muchos en este país ven en esas llamas la violencia, la anarquía, el desorden civil. En realidad, es el aviso de que la contraofensiva gubernamental ha comenzado, deseosa de sofocar los ánimos de una población que se siente ofendida frente a los hechos ocurridos en Iguala y en la gran mayoría del territorio Nacional, también de disminuir el ímpetu de los padres de los jóvenes desaparecidos. Un fuego contradictorio que pretende apagar la beligerancia del movimiento que cimbró desde hace más de un mes la democracia y la justicia simulada que ostentan desde hace muchos años nuestros impresentables gobernantes, pero hay fuegos que con agua no se apagan, y un inminente cambio ardera más tarde que temprano.
*Es maestro en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco.
